La inmigración está considerada como una prerrogativa del país generoso y acogedor, debiendo ser exigente en la selección individual, y nunca jamás como un derecho – Alfonso Campuzano
Desde siempre se ha tratado de ver que la inmigración simple no tenía nada que ver con la delincuencia, y posiblemente haya sido así. Sin embargo, los tiempos han ido cambiando lo mismo que el prototipo de inmigrantes. Antaño, el modelo económico era lo habitual, pero de unos años a esta parte se ha sumado el modelo climático y el religioso, incluso la expatriación de aquellos que huyen de territorios hostiles amenazados de guerra, aunque con un perfil desordenado, y en oleadas, gracias a convocatorias publicitarias que se reflejan en los medios de comunicación.
Una moneda con dos caras: en el anverso, los países, más o menos limítrofes, ofrecen una ayuda humanitaria, mientras que en el reverso, más oculto, en tales países se genera una sangría incontenible impuesta por los políticos con dinero que no es suyo, y sí de los contribuyentes, para soportar los gastos de acogida. Lo cual, en vez de ser un freno, ha generado una aceleración que ha hecho aumentar la inmigración ilegal, sin papeles, sin documentación. Mientras tanto, los universitarios españoles meritorios, ante el reparto de riqueza a la baja, emigran forzados.
Y ya se sabe, sobre todo la policía que, cuando la inmigración se torna ilegal, está tratando con delincuentes, según la ley imperante. Otra cosa es que la ley se suavice, propiciada por los políticos, pero continúa siendo delito, porque en ciertos países las penas son gravísimas, incluso letales.
A pesar de que los ciudadanos extranjeros representan el 10% de la población, cuando se difunde la noticia de un maltrato, se desconoce la razón por qué habitualmente se oculta la nacionalidad, aunque bien pudiera ser por manipulación, pues estadísticamente hablando las agresiones entre familiares se inclina la balanza hacia las mujeres en el 60%.
Los ocupantes de las más de 80 prisiones españolas con cerca de 80.000 reclusos son casi un 60% inmigrantes. Por otro lado, el 20% de los homicidios cometidos en territorio español tienen como protagonistas a inmigrantes.
Actualmente, un recluso cuesta al contribuyente español dos mil euros mensuales por el mantenimiento, sanidad, seguridad, etcétera, lo que anualmente supone cerca de mil quinientos millones de euros, y cuando es puesto en libertad sale con una cartilla de paro en la mano. Por tanto, y en beneficio de la seguridad del país acogedor, estos delincuentes deberían ser extraditados para que cumplieran la condena en su país, y no a cargo del sufrido contribuyente español.
Últimamente, y en varias provincias españolas –léase, como ejemplo, Valladolid, Valencia, etcétera–, se ha solicitado que se imparta la religión musulmana en centros públicos –pagados con los impuestos de los contribuyentes–, apoyados por partidos políticos que, presumiendo de estar en un Estado laico, han suprimido la clase de religión católica, algo políticamente incongruente.
Una de las oraciones diarias, mirando hacia Makkah, en plena vía publica
Los musulmanes no reconocen que su religión es una de tantas, con el agravante de que no pueden discrepar en nada, como tampoco han conseguido independizar su creencia de la política, dado que su divulgación es un credo político-religioso, sin contar con las molestias ocasionadas al interrumpir la vida/vía pública durante los 3 ó 5 rezos diarios. Y eso que cuentan con más de 1.500 centros de rezo para casi 2.000.000 de creyentes en España.
Una de las operaciones diarias, mirando hacia Makkah, en plena labor del campo
Cada día que pasa está más claro que hay que invertir en los países donde se origina la inmigración, es decir, hay que regalar cañas de pescar en lugar de regalar el pescado, aunque lo impida el pelelismo políticamente correcto, porque si no las lágrimas, en vez de sonrisas, aflorarán irremisiblemente en las mejillas de los incrédulos, y sin remedio.
ALFONSO CAMPUZANO
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