La legislación vigente sobre la donación altruista de sangre debería ser revisada, actualizada, acorde con los países primermundistas – Alfonso Campuzano
Es bien sabido que, en España, gracias a una legislación obsoleta (1985), se impide que los donantes cobren por su sangre extraída. Sin embargo, la demanda hecha por hospitales públicos y privados –la sangre, mal que pese, está considerada una mercancía, un procedimiento económico, una táctica que refuerza las provisiones de sangre, por los países primermundistas–, tiene un precio con nombres muy diversos para su expedición, porque el receptor debe encargarse del manejo, de la modificación, de la reserva, del reparto, de la tasación, además de pagar al controlador, al mantenedor, al intermediario y, sobre todo, al que maneja el peaje.
Un peaje que está en manos de una empresa multinacional española, que cotiza en Irlanda, que cuenta con una organización receptora de casi trescientas clínicas de recogida, que posee una treintena de filiales repartidas en diferentes países, que mediante sus cuatro divisiones sanitarias, mercantiliza inmunoglobulinas y plasma sanguíneo para transfusiones en más de cien países, que tiene cerca de veintidós mil asalariados a su cargo.
La red hospitalaria española a través del Centro de Transfusión de Cruz Roja Española, cuando las reservas escasean, varias veces al año, lanza un llamamiento a la población para que colabore en donaciones altruistas de sangre, mediante publicidad parecida a ésta: Sé un héroe anónimo. Créate un hábito social. Donar sangre. Salvar vidas.
Imagen publicitaria en prensa de papel
Tal publicidad merece un análisis pormenorizado: Ciertamente el español donante claro que es un héroe, faltaría más, porque se le exige que regale su sangre, mientras que en otros países primermundistas pagan por algo que es un bien preciado y propio. La donación crea, sin duda, un hábito, ya que el cuerpo está preparado para pedirlo periódicamente. Por supuesto que toda donación salva vidas, y muchas.
Sin embargo, es un abuso estar dependiendo continuamente de una falsa solidaridad humana cuando las reservas sanguíneas se evaporan, ya que lo más sensato sería distinguir entre donaciones programadas y urgentes, cuando ambas no se deberían entrelazar, sino que estuvieran en compartimentos estancos, aunque quizá esta decisión no se pueda actualizar debido a impedimentos legales.
Las donaciones programadas deberían ser obligatoriamente autodonaciones destinadas a utilizarse en intervenciones quirúrgicas planificadas a días o semanas, es decir, la persona que va a ser operada debería donar su propia sangre.
Sin embrago, las donaciones urgentes son la que se deberían proceder en momentos muy puntuales, es decir, ante accidentes y catástrofes de diferentes tipos, ante las cuales sí tienen cabida los llamamientos publicitarios.
Los intereses, más o menos escatológicos, por los que no se lleva a cabo esta racionalización del consumo de sangre es porque la sencillez en la petición no complica la hipocresía. La actualización es supervivencia. Y hacerlo saber a la sociedad que es de quien depende.
Por otra parte, donar gratuitamente la extracción de sangre debería ser una opción personal, nunca jamás una exigencia adornada, que representa una falsa caridad.
Y con la donación de órganos pasa tres cuartos de lo mismo. Los órganos donados altruistamente cuando se solicitan para una intervención quirúrgica se ha deberían pagar, porque generan un beneficio.
Hay que actualizar la legislación vigente, y bien, porque si no se trata de lucro anda muy cerca, dado que, la obtención de la sangre por terceras personas, se cobra.
ALFONSO CAMPUZANO
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