La convivencia debe exigir tolerancia desde el mismo instante en que se asume la educación familiar – Alfonso Campuzano
Según la R.A.E., ser intolerante significa que no tiene tolerancia ya sea a ideas, a creencias, a prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Así que intolerante puede ser quien voluntariamente no desea empatizar ni integrarse en el bien común de la sociedad en la que vive.
La intolerancia política española comenzó a forjarse paulatinamente tras la aprobación de la Constitución’78. Era como si todo lo previsto consensuadamente estuviera hecho cuando todo estaba por hacer, por desarrollar, mediante leyes que articularan la nueva convivencia.
La excusa fundamental fue el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, acicate indispensable para que las elecciones generales del año siguiente accediera al poder un gobierno socialista tras medio siglo de ostracismo en su vagar por el desierto.
Como novedad su vicepresidente Alfonso Guerra le faltó tiempo para traducir la hoja de ruta del cambio al manifestar a micrófono abierto: ‘A España no la va a conocer ni la madre que la parió’, pensando que sus herederos entenderían lo que significaba. Sin embargo, aquel trazado trajo la situación actual al observar que a partir de José Luis Rodríguez Zapatero la equivalencia de aquella frase era mucho más amplia de lo que había pronunciado, tanto como dar paso hacia el abismo.
El desarrollo total de la Constitución está inacabado tras más de cuarenta y dos años de inactividad, aunque mínimamente iniciado, por negligencia institucional. Las leyes emanadas del Poder Legislativo han ido haciéndose más y más restrictivas en derechos fundamentales, más intolerantes, pretendiendo arrebatar la libertad conseguida, quizá por desconfianza.
Las Instituciones, representantes de las leyes que deben cumplir y hacer cumplir, dejaban de hacerlo paulatinamente por desinterés. Los partidos políticos, apoyándose en el dinero que recibían de los contribuyentes lo empleaban en atentar contra la convivencia pacífica. Y es que la intolerancia sistematiza la responsabilidad a otro, a un tercero, al de al lado, y sin arrepentimiento posible.
El anfitrión –quien invita–, espera que el invitado se comporte haciendo alarde de su tolerancia, lo que no siempre es así.
Intolerancia es que el fiscal Eduardo Torres-Dulce haya ordenado destruir una prueba importantísima del golpe de Estado civil del 11 de marzo de 2004 –un vagón de tren–, pues los otros tres ya habían sido demolidos, sin haber sido investigados pericialmente, y a fondo, por un equipo científico-forense independiente.
Intolerancia es que Antonio Serrano-Arnal dicte una orden judicial, en supuesta connivencia con la Fiscalía, que dé luz verde a la destrucción de las cintas grabadas en el aeropuerto internacional Adolfo Suarez-Barajas con el aterrizaje prohibido por la UE de Delcy Rodríguez, vicepresidente venezolana –y su equipaje compuesto por decenas de maletas–, así como la larga entrevista con José Luis Ábalos Meco, ministro de Fomento, tras proceder a un sobreseimiento y archivo provisional de la causa, de manera que si llega el día de reabrir el caso, por aportación de nuevas pruebas, las fundamentales han dejado de existir.
Intolerancia es que desde julio de 2019 se ha ido haciendo publico el mal llamado ’Expediente Royuela’, mediante 409 vídeos, una corrupción judicial institucional descrita en más de 36.000 documentos manuscritos del fiscal José María Mena Álvarez –ratificados por tres peritos caligráficos de Austria, Francia, España–, donde se detallan más de 1.136 asesinatos encargados, más de 8.000 sentencias judiciales amañadas, tres fosas comunes clandestinas constitucionales con más de trescientos inquilinos cadáveres, localizadas en Mequinenza, Vinaroz y Almacellas. Todo ello denunciado, pero no investigado.
Intolerancia es autodenominarse político antisistema y vivir del sistema que le da de comer.
ALFONSO CAMPUZANO
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