PROGRESISMO DE PALESTRA

Apropiarse políticamente de un término común, y no cumplir con su significado, es como apropiarse de un color, que es patrimonio universal – Alfonso Campuzano

La Real Academia Española (R.A.E.) define progreso, en su primera acepción, como la acción de ir hacia adelante y, en su segunda, como avance, adelanto, perfeccionamiento.

Todos los partidos políticos, en su evolución, exigidos por la sociedad, se han ido amoldando a los tiempos y, en mayor o menor medida, se han hecho progresistas, unos de boquilla más que otros.

Sin embargo, ha sido precisamente la ideología izquierdoide quien ha madrugado a la hora de haber saltado antes que sus adversarios a la palestra –sin permiso, y gracias a sus dotes demagógicas, a su método propagandístico, a su continua campaña electoral, a su incombustible moralina verborreica, dedicada a vilipendiar–, consiguiendo adueñarse de un significado que no ha llegado a entender y menos a cumplir, con el agravante de desvirtuar, y de dinamitar, el prestigio reconocido, siempre apoyado en el dinero que no es suyo, sino de los contribuyentes.

Ser progresista no significa tener que incumplir, tanto la promesa/jura de la Constitución’78 como las leyes, para que impere la discrepancia.

Ser progresista no significa tener que mentir ante el parlamento, incluso ante cualquier micrófono.

Ser progresista no significa tener que abusar del poder por conveniencia política y/o personal, y aumentar los ministerios y consejerías para pagar favores escatológicos.

Ser progresista no significa votar su propio aumento de salario y tener la obligación de disfrutar de privilegios y vicios, evidentemente políticos.

Ser progresista no significa tener que ofrecer diariamente indecisión, irritación, retroceso, sospecha, además de disponer de centenares de asesores con cargo a los contribuyentes.

Ser progresista no significa destruir lo que disgusta de antaño, como tergiversar la Historia –que ya han memorizado hasta la saciedad, tanto partidarios como detractores–, sino tratar de mejorar/actualizar aquello que puede haber quedado obsoleto, y sin herir susceptibilidades.

Ser progresista no significa tener que hacer la vista gorda hacia la desintegración, tanto territorial como social.

Ser progresista no significa fomentar una pseudosolidaridad con el tráfico de personas en barcos negreros del siglo XXI, que se exhibe de manera discontinua, embarullada, exagerada, indiscreta, al reventar unas normas, que atentan contra la legalidad vigente.

Ser progresista no significa tener abiertas de par en par las fronteras a la ilegalidad, a la delincuencia, a la inseguridad sanitaria por la exposición a enfermedades infecto-contagiosas, sin haber pasado una cuarentena socio-sanitaria.

Ser progresista no significa tener que quebrantar los deberes de todo contribuyente hacia impuestos y tasas, al tiempo que aumentan, casi esquilmatoriamente, cuando los sueldos han perdido poder adquisitivo, durante decenios, sin que se sepa crear empleo de calidad y en cantidad.

Ser progresista no significa tener que ayudar a políticos desleales, ya suspendidos de empleo y sueldo, ya inhabilitados.

Ser progresista no significa tener que menospreciar a los votantes al no saber/querer/poder pactar acuerdos que beneficien a la sociedad sin sangrarla.

Ser progresista no significa ser frívolo, malgestionando el dinero del Tesoro Público, que no es de nadie (sic), cuyo titular son los impuestos de los contribuyentes, emprendiendo obras faraónicas, que no se utilicen, para acumular patrimonio personal.

Ser progresista no significa tener que utilizar la demagogia y el populismo, como al descubrir malintencionadamente que con el sufragismo, ya centenario, se pueden arañar votos.

Ser progresista no significa tener que aumentar la deuda pública gastando más de lo que se recauda, vía impuestos.

Ser progresista no significa tener que dilapidar descontroladamente subvenciones millonarias procedentes del dinero de los contribuyentes.

Ser progresista no significa redistribuir rentas sin ultimar obligaciones laborales que creen riqueza que repercuta en la sociedad.

Ser progresista no significa tener que regalar pensiones no contributivas sin que exista una contrapartida de deberes comunitarios.

Ser progresista no significa que los amantes de las cuatro patas puedan manifestarse y concentrarse intransigentemente contra la tauromaquia –y toda clase de animales–, amenazando, molestando, sermoneando, sobre la libertad de personas que no piensan como ellos, cuando el psiquiatra Dr. Verrecken opina que forman parte de la variante clínica denominada exhibicionismo de la bondad.

Ser progresista no significa tener que utilizar todas las variantes de inserción del doble género embarullando la lingüística con el sexismo.

Ser progresista no significa intolerancia en ruta hacia la coacción.

ALFONSO CAMPUZANO
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DESGUACE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (II)

El interés por mejorar la infraestructura sanitaria de los médicos y cirujanos de los años sesenta del siglo pasado tiene un provenir nebuloso – Alfonso Campuzano

Cuando, por poner un ejemplo, la cobertura laboral diurna de cualquier quirófano hospitalario público no supera el 75%, mientras que hay lista de espera inamovible con un mínimo de 90 días –aunque fluctuante, durante los últimos cuarenta años–, significa que la infraestructura médico-quirúrgica de la Seguridad Social no está adaptada a los recursos humanos. 

Aunque dañe a los oídos más sensibles, se puede sintetizar que en la red franquista de hospitales de la Seguridad Social –tan venerada por la ideología izquierdoide, a la que no besan porque no pueden– sobran cirujanos y anestesistas, única y exclusivamente, porque faltan quirófanos suficientes en los que ejerzan diariamente hasta alcanzar el 100% de ocupación. Otra cosa, es la milonga a la que nos tienen acostumbrados los políticos de alterne: se necesitan más médicos, sí, sobre todo para estar cruzados de brazos en el puesto de trabajo y alargar la mano en posición supina de pedigüeño a final de mes, es decir, mantener apesebrados y votar genuflexionadamente a la mano que da de comer.

Aunque a priori resulte una barbaridad social no se necesitan más médicos, sino distribuir adecuadamente a los que hay y, sobre todo, pagarlos mejor, igual que al personal auxiliar, en zonas casi inaccesibles, que deberían contar con apoyos casi inmediatos, aunque fueran aéreos. E ir sustituyendo, en la medida necesaria, fundamentalmente en áreas conflictivas. Sin olvidar un hecho importantísimo –que lo tienen clarísimo las pólizas privadas–, y es que todo hospital, o centro sanitario, debe tratar a cualquier paciente desplazado y pasar la factura al lugar de origen.

La Sanidad pública –olvido que dura más de cuatro décadas– debería funcionar valorando méritos y experiencia de los sanitarios, incluidos los propios médicos, como empleados públicos que son –aunque tratados como estatutarios para lo que conviene al ministerio–, como habitualmente ejerce el empleado público militar, es decir, siguiendo las promociones anuales, utilizando un escalafón, además de las categorías o modalidades de disponible, forzoso, voluntario, pues de esta manera se evitarían muchísimos conflictos, incluidos las listas de espera. Y cuanto más se tarde en organizar la movilidad de plantilla, a todos los niveles, como la castrense, peor.

Hasta los años ochenta, los médicos vivían en los pueblos, y ejercían de todo, protegiendo a los pacientes. Sin embargo, desaparecida ya esta figura, ahora son los pacientes quienes están desprotegidos.

El resultado –ahora en plan de desmantelamiento, que se verá en breve–, se está comprobando desde el inicio de la transferencia del Gobierno central a las Autonomías regionales de inmuebles, a coste cero –porque no son suyos, nunca lo han sido ni son del Estado español, y sí lo han sido y son de los pensionistas, además de los cotizantes–, tales como hospitales públicos y centros sanitarios para que los gestionen.

Este patrimonio sanitario preconstitucional conseguido, año tras año, desde principio de los años cuarenta del siglo pasado, mediante las cotizaciones de todos los trabajadores –a excepción de los políticos–, y de los pensionistas, que ha sumado casi trescientos hospitales públicos y más de mil centros sanitarios españoles entre consultorios y ambulatorios.

Sin embargo, unos por ignorancia y otros por desidia, por engaño o por falta de información, habitualmente escamoteada, durante la transición de la transferencia de Sanidad desde el Gobierno central a las diecisiete regiones autonómicas se obvió la titularidad de los trabajadores y pensionistas, como si el Estado o el Gobierno fueran sus titulares, lo que no es ni medio cierto.

Hoy en día, en franca decadencia, hubo un intento por destruir todo lo alcanzado, perjudicando a la sociedad, por la gracieta del chon de Rajoy, jubilando a miles de médicos en 2013, y años sucesivos, cuando en otros países del entorno serían eméritos con el fin de aprovechar su experiencia dedicada a los más jóvenes y no tirar por la borda lo alcanzado.

En el Estado español –gracias a la aventura complacientemente descuidada y deliberada de gobiernos esquizoides de alterne, tan incompetentes como codiciosos–, se ha consumido paulatinamente, desde 1982, la Caja/Hucha de Pensiones, por falta de honradez, por falta de solidaridad, sin que ningún político diera la alarma, y haya dado detalles, porque no interesaba. Y los trabajadores y pensionistas, auténticos titulares, sin título, de la Seguridad Social, ignaros sobre el tema, y sin saber qué alternativa tomar, mientras las Centrales Sindicales –con tal de continuar magníficamente subvencionadas–, miran de reojo.

Algún togado, de oficio, en defensa de los españoles y de sus pensiones, debería airear y poner sobre el tapete esta duda política desaparecida por escondida.

La pregunta del momento es la siguiente: ¿Por qué los votantes votan encantados a los partidos políticos que les desencantan? ¿Quizá por sedación, por anestesia?

ALFONSO CAMPUZANO
            

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DESGUACE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (I)

Es una frivolidad tratar de responsabilizar a los trabajadores de la merma de los Fondos de la Seguridad Social cuando hay ineptitud política para poner remedio – Alfonso Campuzano

Hubo un comienzo, precisamente con el Gobierno socialista de Felipe González, en 1982, en el momento en que Alfonso Guerra, el vicetodo, puso la primera piedra de su neófita gestión, al manifestar con sarcasmo:

–A España no la conocerá ni la madre que la parió.

Era una época en la que a los aprendices de gobernantes –sorprendentemente encumbrados mayoritariamente por las urnas–, todo el dinero que recaudaba Hacienda/Agencia Tributaria les parecía poco, sobre todo porque lo necesitaban para realizar macroinversiones; para regalar macrosubvenciones; para invertir en la compra de votos, que les permitiera perpetuarse en el poder, teniendo como base la provocación de un endeudamiento exponencial al utilizar los fondos de la Seguridad Social, debido a la mala utilización del dinero para menesteres diferentes a los que estaban previstos, como para parchear probables cuentas incompletas o mal calculadas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Tales fondos –que nacieron de una Dictadura preconstitucional, mediante la promulgación del Fuero del Trabajo(1938), seguida del Fuero de los Españoles(1945), continuada con la Ley de Bases de la Seguridad Social(1963), ampliada con la Ley General de la Seguridad Social(1966), profundizada con la Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora(1972)– habían sido intocables desde hacía más de cuarenta años, hasta el momento del gran descubrimiento socialista del que participaron todos los gobiernos subsiguientes.

Para ello, no dudaron en decretar la ampliación de la lista de cotizantes a la Seguridad Social –exceptuándose a sí mismos, al fin y al cabo, como políticos que eran–, que aumentaron en varios millones, entre ellos los autónomos, a los que exigieron su pertenencia y abandono de sus pólizas de seguros privados, que incluían la sanidad.

También, promulgaron la exigencia de que cada funcionario por oposición pluriempleado –que pluricotizaba para su futura pluripensión–, tuviera sólo un empleo cotizante para su pensión única, a la vez que Hacienda/Agencia Tributaria confiscaba inmediatamente las cotizaciones ahorradas.

La progresiva mala calidad de los empleos actuales como la temporalidad y la precariedad generan sueldos bajos, que poco contribuyen, sobre todo cuando en España se trabaja cerca de cuatrocientas horas de media anual más que en Alemania y cerca de doscientas horas de media anual más que en Francia. Los pensionistas han cotizado lo exigido suficientemente, mientras que los políticos, entre indemnizaciones al abandonar sus cargos, las bajas o nulas cotizaciones, son un lastre para la Caja/Hucha de las Pensiones.

En aquel tiempo, las Centrales Sindicales estaban pendientes de recibir un patrimonio –en su mayor parte proveniente de una memoria virtual–, incluso magnánimas subvenciones, no se manifestaron ante la envergadura de tal atropello, o quizá sí, sino que fraguaron la programación de los llamados Cursos de Formación, que no departían o departían a medias, con tal de afanar dinero subvencionado.

De la Seguridad Social, es decir, de la Caja/Hucha, además de abonar las pensiones contributivas, propias de todos los cotizantes, desgraciadamente también se abonan pensiones no contributivas para bonificar al empleo; para pensionar a inmigrantes ilegales y refugiados; para incentivar; para pensionar a madres solteras trabajadoras o no; para pagar a personas que cuidan a familiares dependientes; para pagar a personas en riesgo de exclusión social; para reducir la cotización a la contratación; para subvenciones; etcétera. Lo cual denota un error político de gestión económica deshonesta e injusta, que destroza la sociedad al estar pasando factura.

Una solución pasaría porque las pensiones no contributivas dependieran de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y otra sería poder vender al Estado el patrimonio de la Seguridad Social, incluida su red hospitalaria –tres centenares de centros hospitalarios y más de mil centros sanitarios–, construidos a partir de los años sesenta del siglo pasado hasta la actualidad, porque no son ni mucho menos patrimonio del Estado español, aunque sí han contado, y cuentan, con su garantía, ya que no se construían con dinero de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino con el de los trabajadores cotizantes y los descuentos mensuales a los pensionistas.

Sin embargo, los diferentes gobiernos de alterne se han permitido el lujo de transferir unos inmuebles que no son suyos, para que sean gestionados por las Comunidades Autónomas.

ALFONSO CAMPUZANO
            
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CICUTA POLÍTICA

La ideología izquierdoide española, centenaria ella, a diferencia de otros países, denomina progresistas a sus discursos antisociales, anticulturales, antiespañoles – Alfonso Campuzano

El suicidio inducido de un partido político liderado por una persona egoísta, que sumado a matices de cierta figura psiquiátrica, ha marcado la ruta de una teórica implosión constitucional.

La Ley de Leyes –Constitución española de 1978 o Carta Magna– no debe ser tan mala, como la pintan sus más que variados ignaros detractores, cuando lo que trata de beneficiar es la convivencia social, que dura ya 40 largos años.

Dado que la uniformidad no existe en la naturaleza es por lo que en toda sociedad, apoyada en el temor, puede dar lugar a que broten secuelas fanáticas que, durante la evolución humana, a través de la noche de los tiempos, apunten cíclicamente a una posible retrocesión.

El baile reiterativo de la yenka –cuyos pasos hicieron furor juvenil como canción del verano de 1965– define muy bien el tipo de política que ejerce cualquier país, incluido el reino de España.

Una pequeña parte de la burguesía de la región catalana –apoyada por inmigrantes de las restantes regionales, durante el siglo pasado, sumados a los ilegales y refugiados internacionales, sobre todo durante el presente siglo, favorecida mediante macroinversiones y macrosubvenciones procedentes del resto del territorio español–, ha elaborado una desorientación doctrinaria basada en la aberración de una quimera económica, sobre todo ambientada en su ancestral costumbre de chantajear al resto de los españoles durante los últimos trescientos años que duran sus incongruentes reivindicaciones sin resolver, y lo que te rondaré morena.

La Historia universal está llena de anomalías humanas, análogas a la colocación de obstáculos, aunque quizá sean necesarias para que cualquier país evolucione. Sin embargo, así no hay país que prospere, pues se necesita un gobernante que no asuma, por cobardía, todo aquello con lo que continúan coaccionando los políticos catalanes. Ya está bien. Durante los últimos cuarenta años, sin olvidar los cuarenta anteriores, todos los gobiernos centrales han dictado innumerables concesiones gratuitas y, de paso, con la mirada perdida.

Con valentía se podría resolver un litigio virtual que sólo ha servido para engordar patrimonios –léase familia Jordi Pujol, Artur Mas, y algún etcétera más–, que no han devuelto ni pesetas ni euros, ni hay visos de que lo devuelvan, quizá porque si mueven la correa de transmisión, por falta de engrasado en cash, el engranaje chirríe.

La salida de pata de banco, por parte del Gobierno, de intentar imponer temporalmente un relator –un funcionario encargado de vigilar conflictos graves, actualmente en standby indefinido– en connivencia con rebeldes independentistas fue resuelta en breve tiempo, dando idea de su programa político, aunque no de manera definitiva hasta que surja el subsiguiente susto.

Insistir en un diálogo constitucional imposible –porque una de las partes se niega desde siempre–, es perder el tiempo y, sobre todo, engañar a los contribuyentes que aportan sus impuestos, casi esquilmatorios.

¿Qué se puede esperar de una sociedad que expone su razón sedada, incluso anestesiada, al permitir que algunos dirigentes políticos no cumplen ni hacen cumplir la Carta Magna, mediante demagogia descarada, desde hace más de treinta años?

Desde hace más de un siglo se instaló la obsesión –figura psiquiátrica por antonomasia–, de querer imponer una ideología izquierdoide aparentemente española, cuando no dispone de ideas propias, sino copiadas de regímenes totalitarios.

La derecha gubernamental, desde el seppuku de Las Cortes Españolas, acomplejada por un marcado sentido de culpabilidad, fue secuestrada por la ideología izquierdoide, sobre todo por los medios de comunicación, que cuenta con la benevolencia social, que permite un discurso antiespañolista, antisocial, y anticultural.

ALFONSO CAMPUZANO

         
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y RESPIRATORIA

Ciertas herramientas de trabajo, ante cualquier esfuerzo físico, por muy útiles que aparenten ser a simple vista, no son todo lo beneficiosas y adecuadas para mantener íntegramente la salud – Alfonso Campuzano

Hace varios años que los municipios, además de algunas empresas privadas dedicadas a la jardinería, descubrieron que el mercado ponía a su disposición unas pequeñas máquinas espiradoras, a motor –portátiles y mochileras–, desconociendo que eran ínfimamente higiénicas; que impurifican el medio ambiente con su olor a combustible fósil barato; que contaminan el entorno mediante el ruido de sus excesivamente elevados decibelios; que transmiten enfermedades a través de la vía aérea.

Espiradora urbanícola

Pero lo verdaderamente preocupante de tales aparatos es que son muy perjudiciales para la salud; fundamentalmente porque afectan al aparato respiratorio del personal que lo maneja, puesto que camina envuelto en una nube de material tóxico despedida por tal utensilio, así como del transeúnte que circula por su lado; en síntesis, que trastocan el ecosistema urbanícola.

Uno de los mayores inconvenientes que tiene la función de esta herramienta de trabajo es que esparce con brusquedad un chorro centrífugo de aire materialmente sucio en el que está cubierto todo aquel componente ligero de peso, que pilla a su paso.

La aglomeración así conformada transporta detrītus vegetales envueltos de polvo atmosférico, con el agravante de elevarla a varios metros del suelo para aterrizar en cualquier zona imposible de seleccionar de antemano y sus alrededores, incluso en el cuerpo de la persona que maneja el aparato, y sin olvidarse de los viandantes.

Asimismo, muy bien acompañada siempre de múltiples y peligrosos microorganismos, alterados y virulentos, que pululan a su antojo en el suelo –semejantes a ácaros, bacterias, hongos, polen–, dispuestos a atacar a todos y cada uno de los seres vivos.

Quienes más pueden sufrir sus consecuencias son, sobre todo a aquellas personas portadoras de bajas defensas inmunológicas al implicarse e interaccionar con eventuales patologías respiratorias –equivalentes a asma bronquial, cáncer, cardiopatías, ictus–, pudiendo causar diversas alergias –afines a alveolitis, dermatitis, neumonitis, urticaria–, lo que genera un cuadro de enfermedades profesionales que pueden llegar a abocar en una discapacidad física.

Ante todo esto, resulta muy difícil comprender cómo el Ministerio de Sanidad, en sus diecisiete variantes –diecisiete consejerías autonómicas–, lo mismo que el departamento de Medicina Preventiva de cada Empresa –ya sea pública o privada–, ha dado su visto bueno a un utensilio de trabajo tan antihigiénico, tan perturbador para la convivencia saludable ante posibles consecuencias imprevisibles e inevitables de su uso continuado, fundamentalmente sobre diversas partes del organismo humano.
Por ello, las autoridades sanitarias competentes deberían exigir, por una parte, y con carácter de urgencia, la instalación de un silenciador que ampare a la vecindad de su contaminación acústica ambiental y, por otra, tan urgente como la anterior, que los trabajadores, preventiva e ineludiblemente, porten un casco protector que resguarde la vista, el oído, la nariz y la boca, aparte de un traje hermético por el que no pueda traspasar el polvo esparcido.

Pensando en el bien común, es poco sensato, sobre todo pernicioso para la salud, no tener en cuenta la exposición de estas pautas de higiene colectiva urbanícola.

ALFONSO CAMPUZANO

            



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DESAVITUALLAMIENTO FARMACÉUTICO

Las diecisiete transferencias de Sanidad, teniendo como excusa los recortes, sin importar el perjuicio al derecho a la salud, iniciaron un mercado especulativo basado en el subasteo de productos farmacéuticos – Alfonso Campuzano

El boticario de la esquina, el de confianza, el de toda la vida, es el que, off de record, comunica informalmente que el desavituallamiento de algunas existencias farmacéuticas se ha instalado hace unos meses/años –dependiendo de cada una de las diecisiete regiones–, para quedarse por tiempo indefinido, lo que plantea un riesgo potencial colectivo para la salud pública.

El que los despachos de farmacia aparentemente estén desabastecidos tiene como principal responsable el Gobierno de alterne –marcador de precios al consumo–, seguido del intermediario –atento al mejor postor–, sin omitir al farmacéutico –indispensable expendedor–, es decir, una triada comercial.

Todos ellos, miran con lupa el tanto por ciento de comisión adecuada a su subsistencia, incluso hacia el horizonte especulativo de su supervivencia. Porque, no se debe olvidar, simplemente para distraer, que siempre queda una alternativa, de mejor o peor calidad, fundamentalmente aquella que deje más ganancia, porque se trata de puro y duro comercio. Y porque, se debe memorizar que, en ciertos casos, aunque no sean extremos, con la salud se comercia, y mucho.

Se ponen excusas que, hasta el momento, jamás se habían producido en los últimos sesenta años –desde que desapareció el famoso Petitorio del Seguro Obligatorio de Enfermedad (S.O.E.) de la postguerra, antes de la llegada del INSALUD cuarenta años después, y de las diecisiete sanidades españolas–, tales como: acrecentamiento súbito del negocio; contratiempos en la productividad; dificultades en la fabricación; inconvenientes para adquirir la base eficaz; cuando lo que agobia es el desmesurado abuso, por parte del Gobierno de alterne con la industria farmacéutica, mediante el sistema de fijación de precios de referencia, al desembolsar menos presupuesto por los medicamentos, lo que provoca inseguridad en la fluidez mercantil.

La primicia se inició en la región andaluza hace más de siete años cuando la mercancía farmacéutica entró en subasta pública decretada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía –una perversión en el ahorro, haciendo creer que con ello se conseguiría eficiencia y equidad, lo que ha generado trastornos para la salud ciudadana al espantar a laboratorios y fabricantes, además de la falta casi total de suministro adecuado–. Toda una lotería para contemplar si la adherencia al tratamiento médico con el medicamento habitual lo van a dispensar.

Con la disminución del suministro, el género alternativo es marcado por el farmacéutico –juez y parte, no sufre ni padece, salvo que expende, al tratarse de una cuestión especulativa en la que acceden varios negociadores tales como los importadores, los distribuidores–, y nunca jamás por los médicos, cuando el paciente –nunca mejor expresado–, que es quien lo requiere y lo sufraga, al comentarle que hay otros fármacos sustitutivos con el mismo principio activo y vía de administración –pero no miliequivalente, todo hay que decirlo– queda fuera de juego, aparte de recorrer infinidad de establecimientos farmacéuticos, porque no entiende que se juegue con su salud, gracias a la dictadura de medicamentos alternativos, que pueden producir intolerancias, alergias, entre otros inconvenientes.

ALFONSO CAMPUZANO

                  

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FÁRMACOS IMPRECISOS

La búsqueda de la salud es un derecho, que nada tiene que ver con los juegos de azar, otra cosa es dar con ella – Alfonso Campuzano

Menos mal que los fármacos denominados vulgarmente vacunas no se expenden con denominación de marca blanca ni como medicamentos genéricos –por ahora, y se desconoce cuánto tiempo durará–, si no la especie humana, en ciertos territorios adictos a esta barbaridad farmacéutica, que bastantes años dura, se enteraría de la cruel realidad sanitaria a la que está expuesta.

Toda aquella persona que no se vacuna por repudio a la prevención, o se vacuna a destiempo, irremediablemente pone en riesgo catastrófico la vida de sus congéneres, que puede llegar a ser letal –unos tres millones de muertes anuales–, ya sea en la familia, en la guardería, en el trabajo, en el país acogedor de los ilegales inmigrantes & refugiados, porque no se trata de una vulneración del derecho a la libertad ideológica individual, sino de un derecho a la defensa de la salud del entorno social circundante.

Cuando se lee, o escucha, algo relacionado con medicamentos denominados por el principio activo –genéricos, marca white–, todo se resume en que con ellos se genera un ahorro que permite mantener la sostenibilidad del sistema sanitario –sin pensar que, para sostener a todos los políticos, los contribuyentes deberían ahorrase la mitad de todos ellos–, cuando lo más importante, desde el punto de vista profesional médico, para no desequilibrar el binomio salud-enfermedad, no es ahorrar en medios, sino prevenir utilizando los mejores posibles hasta conseguir la curación de cualquier enfermedad.

Un medicamento antibiótico genérico tarda en abolir la infección muchísimo más tiempo que uno de firma, con lo que se traduce en perdidas económicas por bajas laborales. Quizá no sea como cuentan, aunque sus cuentas sí que cuenten a final de mes, es decir, se ahorra el chocolate del loro de un departamento ministerial, mientras que el gasto aumenta en otro, y de qué manera. La experiencia así lo dicta, incluso en experiencia propia. En cuanto a los medicamentos ansiolíticos genéricos se ha comprobado que tampoco consiguen controlar el problema en el tiempo mínimo deseable.

El Gobierno alternante, al ser intervencionista en todos los productos farmacéuticos –decreta el precio y, por tanto, el IVA–, sin importarle la composición de los medicamentos genéricos –que varían a la baja, en cuanto a la miliequivalencia del principio activo original, a la dosis, a la forma farmacéutica–, respecto a los medicamentos de marca, de ahí que sean más baratos, independientemente de que ya no tengan que pagar royalties, consiguiendo un beneficio económico proporcional, de manera que, en el resultado final, se trata de un atentado contra la salud en el que pierde el paciente consumidor.

La otra cara de la moneda es que los profesionales, por imperativo autoritario, sienten el aliento en el cogote cuando no recetan productos farmacéuticos genéricos, de manera que prefieren enviar a los pacientes a la Clínica de Dolor, donde el gasto está controlado, pero la eficacia no. Y, de paso, como teóricamente, los pacientes son de edad superior a sesenta años, motivo más que suficiente y adecuado para dormirlos. En cambio, si los recetan su sueldo anual aumenta en incentivos. Una situación sanitaria que ya se ha dado en llamar la dictadura de genéricos.

Y, ¿qué decir de los anuncios de fármacos, no subvencionados por la Sanidad?, pues que, a ciertas horas, ocupan más del 80% del espacio dedicado a ellos en todas las televisiones.

Pero se sigue insistiendo en lo barato cuando, a la larga, resulta caro, y más en Medicina, aunque pocos se lo crean. La calidad, la eficacia, la seguridad, de los tratamientos jamás puede llegar de la mano de los medicamentos genéricos, de las marcas white, porque la búsqueda de la salud no es un juego de azar.

ALFONSO CAMPUZANO

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