jueves, 31 de octubre de 2019

EMBAUCANDO

La obsesión, casi psiquiátrica, por la divulgación alarmista del cambio climático, hace pensar que existen intereses económicos muy oscuros – Alfonso Campuzano

Conviene recordar que el cambio climático nunca ha sido ni es algo nuevo, sino que su continuidad se manifiesta desde el pasado hacia el futuro, en el que ha habido contrastes de temperatura en diferentes territorios, tanto a distintas horas del día como de la noche, y en las diversas estaciones. Sin embargo, gracias a la tecnología, la percepción ha dado un salto tan cualitativo –casi exponencial–, que urge descubrir la realidad con más rapidez que cualquier vehículo, por muy supersónico que sea.
Durante el primer lustro del presente siglo no se hablaba más que del famoso gas ozono (O3), como principal causa –ya abandonado, por quién sabe qué particularidad–, sobre todo al darse cuenta de que, según la época del año, aumenta o disminuye, poniendo como límite inmediato a la presunta hecatombe climática que, afortunadamente no ha ocurrido, al lograr sobrevivir el planeta azul una docena de años a tal vaticinio destructor, lo que significa que toda profecía está servida para que sea transformada, de manera que, al no resultar ciertos tales augurios, han arremetido nuevamente con la ampliación del número de años para la venida del desastre futuro.
Ahora, según los gurús alarmistas del clima, se trata de otros gases –encabezados por el CO2, indispensable para que se desarrolle el reino vegetal–, que se les ha dado en calificar de invernadero, cuando lo que se dibuja en el horizonte es que hay múltiples causas –tanto endógenas como exógenas, tanto naturales como artificiales, productoras del deshielo–, poco o nada investigadas, que sólo con nombrarlas provoca tanta alarma que, cada una, requiere un grupo de trabajo serio para conseguir encontrar soluciones creíbles, proporcionalmente directas, que atajen el problema en bloque sin centrarse únicamente en un único impacto gasista, como se pretende, porque lo sencillo –y que proporciona más dinero al bolsillo–, es el verbo embaucar, ya que semejante oficio es tan antiguo como el ser humano, pues nada más tenemos que asomarnos a la ventana de la Historia.
Ciertos medios de comunicación viven del alarmismo social –sin él perecerían, es su modus vivendi, y hay que aceptarlo, pero separando la ficción de realidad–, siguiendo unas directrices extrañas, dictando números y más números, lo cual es importante, pero más aún tener sobre la mesa proyectos con los que atajar el teórico problema, no actual, sino venidero, cuando tenga que ser.
Se toman notas inexactas del llamado caldeamiento mundial, cuando tendría –como siempre ha sido–, que ser zonal o territorial, quizá debido a falsificaciones y enmascaramientos durante las investigaciones, adulteración de los registradores de temperatura –insuficientemente repartidos por la corteza terrestre–, han conducido posiblemente a unas inspecciones fraudulentas que han ocasionado una confusión colosal de la que nadie está totalmente recuperado. 
El ser humano es propenso a elucubrar sobre el futuro, como si conociera lo desconocido, fundamentado en bases imaginadas, mientras se olvida que son dinámicas. 
¿Es posible que las presiones que se ejercen sobre la publicidad alarmista del calentamiento global obedezcan a intereses confabulados en un plan para vender electricidad –un tipo de energía, que no se instaura ni se desintegra, se atenúa, se atesora, se modifica, se transmite–, en vez de combustible sólido?
Y, como colofón, para los que aún no les ha llegado la noticia, la obtención de electricidad también contamina, y mucho.

ALFONSO CAMPUZANO
                
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lunes, 21 de octubre de 2019

ATAVISMO POLÍTICO

La evolución de los partidos políticos desde su autarquía hacia la democracia, y siempre desde el punto de vista del bien común, es una utopía – Alfonso Campuzano


Las continuas imprecisiones de los políticos se parecen, cada vez más, a las previsiones climáticas de los meteorólogos, que sólo sirven para hacer la ola un ratito sin excederse en el tiempo, porque sus modelos se esfuman en cuanto aparece una borrasca, transformada en una ciclogénesis.
Si los impuestos, casi esquilmatorios, tanto directos como indirectos, no fueran tan elevados –superiores a lo habitual europeo, y por encima de las posibilidades de la mayor parte de los contribuyentes españoles con más de tres millones de desempleados y más cuatro millones en exclusión social–, no habría necesidad de despilfarrar tanto dinero en macrosubvenciones, porque subvencionar por subvencionar a diestro y siniestro, mediante ignorancia económica, gracias a su aumento cada año, no significa saber gestionar el dinero público encaminado hacia el bien común, sino abocar directamente hacia un malestar social definido como bancarrota, al aumentar la deuda pública al mismo ritmo que la corrupción partitocrática.
Las subvenciones desmadradas intentan redistribuir el dinero público –que ocupan, se dice bien, el 40% de la recaudación tributaria–, independientemente de la financiación de macroinversiones, habitualmente a fondo perdido; ayudando a la creación de empleo; distribuyendo entre Fundaciones, Centrales sindicales, Partidos políticos, Elecciones de todo tipo, etcétera, con propósitos perfectamente privados, como una forma moderna de comprar los votos de los electores, en lugar de pagarlo con cargo al bolsillo de los políticos demagogos.
Antaño se compraban los votos –a la luz del día, y en efectivo–, con el dinero salido del bolsillo de los políticos de marras. Hogaño –superada la vergüenza ajena–, se compran los votos mediante un sistema apesebrado de redistribución de rentas –macrosubvenciones y macroinversiones, muy mal repartidas, que recaen en personas y entidades que no se lo merecen–, de manera que en este paisaje vitriólico, a través de la Historia, se continúa viendo cómo a los partidos izquierdoides –cuya fijación psiquiátrica es que toda la sociedad lo sea–, con sus políticos más fanáticos, les encanta subvencionar con el dinero que no es suyo, utilizando a los votantes como escudos humanos.
Si la recaudación, casi esquilmatoria, se redujera también se restringirían las subvenciones, de manera que se conseguiría que no fueran a donde no deben ir. Todo el mundo conoce a personas subvencionadas, casi sin ningún criterio justificado, pero no hay posibilidad de reducirlas si no se limita la recaudación de impuestos –directos e indirectos–. Por tanto, menos subvenciones y más facilidades para invertir mediante créditos a interés cero.
Sin embargo, de la Ley del Péndulo –y más en Política–, por mucho que se rían o se froten las manos, nadie se salva. Los más de cuarenta años constitucionales han descubierto el gran engaño de todos los políticos: ningún partido, salvo mirar la faltriquera, con vistas a aumentar su patrimonio personal futuro, ha sido capaz de orientar, a unos y otros, hacia un pacto de Estado de todo lo importante que riega el bien común, que impida continuar amplificando escrupulosa y premeditadamente las discrepancias regionales.
Convendría recordar que para acceder a un puesto laboral, sea público o privado, se requiere un examen psicotécnico, el que sea, además de una entrevista personal; sin embargo, para ser político se exige una urna, más o menos sellada, además de un sistema informático operativo capaz de averiguar el resultado final, desconociendo sus habilidades gestoras. En los curricula de políticos de cualquier país, España no se salva, se encuentran personajes que se atreven a elaborar leyes, cuando tiempo atrás estaban fuera de la ley.
Una vez llegado el partido a nivel de neocasta, le sigue preocupando conseguir sobresueldos propios cuando lo que se merece es un garrotazo goyesco, porque qué sería de un político si no supiera mentir.

ALFONSO CAMPUZANO
            
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viernes, 4 de octubre de 2019

SOCIEDAD MEDIOCRE

Una sociedad que tiene insertado el miedo en el cuerpo, y rodeada de una inestabilidad permanente, es fácilmente manipulable – Alfonso Campuzano

La sociedad española, entre masoquista y conformista, ya no elige entre los mejores de cada añada, sino entre los mediocres, porque entiende como lenguaje los tonos bajos referidos a los casi desaparecidos valores morales.
La sociedad española, tan arropada por la mediocridad, ya no diferencia entre lo bueno y lo mejor, sino que se queda en la medianía de los últimos cuarenta años, al soportar estoicamente una Ley Electoral tan injusta que premia a partidos independentistas, nacionalistas, supremacistas, que teatralizan su chalaneo mediante la pedigüeñez aceptada. 
La sociedad española, tan mentida como advertida, ya no distingue entre el asentimiento y el asentamiento cuando elige a personajes de pasarela bien arrebozados por sus palmeros.
La sociedad española, tan sedada como anestesiada, confunde la ficción con la realidad, al aspirar a que todo sea gratis, a cambio de aceptar sin rechistar, la costumbre de votar a los políticos mantenidos con los impuestos ya marcados.
La sociedad española, tan aquejada de una enfermedad tumoral –léase políticos–, incubada institucionalmente durante los últimos 40 años, cuyo tratamiento, sí o sí, es extirparla mediante el voto adecuado, aunque si no acierta, pese a la prevención, no se admiten quejas, mientras corre hacia el futuro a la velocidad de tortuga.
La sociedad española observa cómo los políticos arrastran una culpabilidad penal de la que fácilmente se zafan –por ahora–, cada vez que delinquen malversando supuestamente el dinero de los impuestos, casi esquilmatorios.
La sociedad española contempla cómo los políticos acarrean una responsabilidad política cuando no aceptan rectificar cada ocasión que incumplen sus promesas, que hoy en día no son juzgadas ni penalizadas, aunque ya se verá en el futuro.
La sociedad española percibe cómo los políticos originan una transgresión moral, en cada oportunidad que se les presenta, para engañar la confianza de los votantes. 
La sociedad española advierte cómo los políticos atraen un compromiso metafísico –que probablemente no sepan de qué se trata–, en cuanto ponen en riesgo la vida de los ciudadanos humillados hacia la pobreza.
La sociedad española asiste atónita a la exhibición de currículos falseados de políticos sin propósito de enmienda, y sin dimitir.
La sociedad española está estupefacta ante el mercadeo de la libre designación de personas para cargos importantes sin capacidad meritoria y sin necesidad de acudir a desempeñarlos, aunque con nómina cienmileurista.
La sociedad española está pasmada ante autoridades –con el sello de su partido impreso a fuego–, que disfrutan de medios oficiales –pagados por los contribuyentes– para eventos privados, incluso juergas, pensando que tienen un crédito para gastar un dinero que no es el suyo propio.
La sociedad española está desconcertada ante el zalameo político de dirigentes –que con absoluta desidia incumple las leyes, pero con su boquita dice ser constitucionalista–, con anticonstitucionalistas, golpistas civiles, independentistas, proetarras defensores de delitos de sangre, esbirros portadores de antecedentes penales por asesinatos, demostrando patentemente la debilidad del Estado español.
Lo que ocurre en la sociedad española no es por pura casualidad, sino por pura causalidad política, ya que quienes tienen que poner orden y concierto no consiguen coordinar bien sus neuronas en cuanto ascienden algún peldaño.

ALFONSO CAMPUZANO
            
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lunes, 2 de septiembre de 2019

DESGUACE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (III)

La sociedad, cuando logra la madurez, tras largos años de aprendizaje, tiene la capacidad suficiente para poder exigir a sus gobernantes – Alfonso Campuzano


Antes de que la Seguridad Social, y su Caja/Hucha de las Pensiones, la den por desaparecida y muerta, políticamente hablando, todos los españoles, sin excepción, tendrían que plantearse seriamente una solución para los siguientes puntos:
Disminuir en dos tercios los casi medio millón de políticos –actualmente hay un político por cada 105,9 habitantes–, que han emergido en los últimos cuarenta años, que han demostrado muy buena gestión para su creciente patrimonio personal –algunos ya millonarios, sobre todo socialistas, desde la apertura de veda señalada por el exministro Carlos Solchaga, socialista él, al apuntar: ‘En este país el que no se hace rico es idiota’–, pero nulo para el bien común, que viven a cargo de los contribuyentes, sin aportar poco más que sus vagas ideas legislativas, que nunca jamás cumplen, pero pretenden que los demás, por imperativo legal, sí tienen que cumplirlas.
Disminuir/anular los privilegios políticos que se otorgan a sí mismos, es decir: sueldo; comisiones; desplazamientos mediante peaje, taxi; dietas y manutenciones; portavocías; despachos; vehículos oficiales; chóferes; secretarías y secretarias; multiasesores; asistentes; comidas de trabajo; alojamiento en hoteles; viajes con billete de primera clase en avión, barco, tren; tarjetas de crédito personales; teléfonos fijos y móviles con su red; computadoras; subvenciones; escoltas; mudanzas; indemnizaciones por cesantía del cargo; y un etcétera largo de prebendas, sin cotizar su totalidad a la Seguridad Social –cuyo significado, al ser dinero negro, es corrupción–, porque su trabajo, como su nombre indica, es un Servicio al reino de España, por tanto, cada cargo político debería cobrar exactamente lo mismo que cobraba antes de ser elegido, incluso para cargos de empresas públicas, sin pensar en indemnizaciones. Además de prohibir los autoincrementos de sueldos sin haber solicitado una auditoria externa. 
Anular los privilegios a ex presidentes y ex ministros, tales como el despacho, el coche oficial, la secretaría, el sueldo vitalicio, etcétera, y equiparar su pensión a la que corresponda por sus años de cotización, como cualquier trabajador, que es de justicia. 
Disminuir los impuestos, tanto directos como indirectos, de las cuatro administraciones del Estado: central, autonómica, provincial, municipal, que llegan al 70%, contribuyendo a esquilmar seriamente el bolsillo de los contribuyentes.
Disminuir la deuda pública de un billón ciento noventa y nueve mil setecientos setenta y tres millones de euros (1.199.773.000.000€), cuando en 1975 era de ciento setenta y cinco mil millones de pesetas (175.000.000.000pta.), que traducido a euros eran mil cincuenta y un millones setecientos setenta y un mil ciento ochenta (1.051.771.180€). Una deuda que ha aumentado mil veces, lo que significa un derroche faraónico, sin salida, y hacia un suicidio financiero ralentizado.
Disminuir/negar las condonaciones de deuda a otros países –regalo o perdón financiero– para que con tal cantidad se consiga pagar la deuda pública propia.
Disminuir en dos tercios el aporte de los contribuyentes a todo tipo de elecciones –generales, autonómicas, municipales, europeas–, de manera que si, cada una de las elecciones, cuesta 170.000.000€ de los impuestos –correos (36%); escrutinio y difusión de datos (11%); logística (11%); cuerpos y fuerzas de seguridad (42%)–, sólo pagarían un tercio, mientras el resto lo pagarían, tanto los partidos políticos como los propios interesados.
Disminuir/anular el sembrado de subvenciones millonarias descontroladas, plasmadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que los partidos políticos asignan a Empresas públicas, a Partidos políticos, a Centrales Sindicales, a Fundaciones, a Patronales, a Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), etcétera, que inocentemente pagan los contribuyentes sin que hayan pedido permiso. Sería recomendable que no se filosofara con las macroayudas transformadas en subvenciones a fondo perdido cuando lo que debieran aumentar son los préstamos a nulo interés, ya que cerca de veinte mil millones de euros (20.000.000.000€) han desaparecido sin haber constatado un mínimo reflejo de transparencia económica.
Suprimir la población de presidiarios extranjeros –casi veinte mil–, extraditándolos a su país de origen, ya que cada uno del total (60.000) cuesta a los contribuyentes 65€/día, es decir, 23.725€/año. Asimismo, programar progresistamente al resto de la población presidiaria autóctona para tareas comunitarias/sociales de asfalto de carreteras, limpieza de calles, limpieza de jardines, etcétera.
Que los políticos deben pagar el Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) y Seguridad Social (S.S.), sí o sí, de todo lo que ingresen mensualmente, y percibir una sola pensión –en lugar de dos o tres–, precisamente la que corresponda exclusivamente por su tiempo en el cargo.
Que las pensiones no contributivas deben cargarse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y no en la Seguridad Social, simplemente por no haber cotizado, tales como las bonificaciones al empleo, los incentivos, la reducción de cotización a la contratación, las subvenciones, los inmigrantes, los refugiados, las personas que cuidan de dependientes, las personas en riesgo de exclusión social, porque según el economista Howard Kershner: "Cuando la gente le confiere al Gobierno el poder de quitarles a ellos para darle a otros, el proceso no se detendrá hasta que el último hueso del último contribuyente quede desnudo."
Que como complemento a la mano que mete en la Caja, se deje de realizar préstamos a la Seguridad Social (S.S.) –muy difíciles de restituir–, en lugar de transferencias corrientes, pagadas con impuestos, porque lo único que quizá se consiga con ello sea ayudar a los Bancos a mantener su nivel.
Que los políticos deben ser multados y/o suspendidos de empleo y sueldo cada vez que, sin justificación médica, se ausenten de su escaño durante los plenos y las comisiones.
Que los políticos, cuando sean imputados por su mala gestión ante los tribunales, tengan prohibido defenderse empleando dinero de los contribuyentes.
Concluyendo: No hay que olvidar encarecidamente que estas exigencias nunca jamás se alcanzarán si la sociedad española no se toma en serio que debe madurar para reivindicar lo que es suyo.
Añadiendo: Si siempre hay, y nunca faltará, para el resto de los Ministerios, se debe dejar de amenazar con la falacia reiterativa del hundimiento de la Seguridad Social.

           ALFONSO CAMPUZANO
                  
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jueves, 29 de agosto de 2019

PROGRESISMO DE PALESTRA

Apropiarse políticamente de un término común, y no cumplir con su significado, es como apropiarse de un color, que es patrimonio universal – Alfonso Campuzano

La Real Academia Española (R.A.E.) define progreso, en su primera acepción, como la acción de ir hacia adelante y, en su segunda, como avance, adelanto, perfeccionamiento.
Todos los partidos políticos, en su evolución, exigidos por la sociedad, se han ido amoldando a los tiempos y, en mayor o menor medida, se han hecho progresistas, unos de boquilla más que otros.
Sin embargo, ha sido precisamente la ideología izquierdoide quien ha madrugado a la hora de haber saltado antes que sus adversarios a la palestra –sin permiso, y gracias a sus dotes demagógicas, a su método propagandístico, a su continua campaña electoral, a su incombustible moralina verborreica, dedicada a vilipendiar–, consiguiendo adueñarse de un significado que no ha llegado a entender y menos a cumplir, con el agravante de desvirtuar, y de dinamitar, el prestigio reconocido, siempre apoyado en el dinero que no es suyo, sino de los contribuyentes.
Ser progresista no significa tener que incumplir, tanto la promesa/jura de la Constitución’78 como las leyes, para que impere la discrepancia.
Ser progresista no significa tener que mentir ante el parlamento, incluso ante cualquier micrófono.
Ser progresista no significa tener que abusar del poder por conveniencia política y/o personal, y aumentar los ministerios y consejerías para pagar favores escatológicos.
Ser progresista no significa votar su propio aumento de salario y tener la obligación de disfrutar de privilegios y vicios, evidentemente políticos.
Ser progresista no significa tener que ofrecer diariamente indecisión, irritación, retroceso, sospecha, además de disponer de centenares de asesores con cargo a los contribuyentes.
Ser progresista no significa destruir lo que disgusta de antaño, como tergiversar la Historia –que ya han memorizado hasta la saciedad, tanto partidarios como detractores–, sino tratar de mejorar/actualizar aquello que puede haber quedado obsoleto, y sin herir susceptibilidades.
Ser progresista no significa tener que hacer la vista gorda hacia la desintegración, tanto territorial como social.
Ser progresista no significa fomentar una pseudosolidaridad con el tráfico de personas en barcos negreros del siglo XXI, que se exhibe de manera discontinua, embarullada, exagerada, indiscreta, al reventar unas normas, que atentan contra la legalidad vigente.
Ser progresista no significa tener abiertas de par en par las fronteras a la ilegalidad, a la delincuencia, a la inseguridad sanitaria por la exposición a enfermedades infecto-contagiosas, sin haber pasado una cuarentena socio-sanitaria.
Ser progresista no significa tener que quebrantar los deberes de todo contribuyente hacia impuestos y tasas, al tiempo que aumentan, casi esquilmatoriamente, cuando los sueldos han perdido poder adquisitivo, durante decenios, sin que se sepa crear empleo de calidad y en cantidad.
Ser progresista no significa tener que ayudar a políticos desleales, ya suspendidos de empleo y sueldo, ya inhabilitados.
Ser progresista no significa tener que menospreciar a los votantes al no saber/querer/poder pactar acuerdos que beneficien a la sociedad sin sangrarla.
Ser progresista no significa ser frívolo, malgestionando el dinero del Tesoro Público, que no es de nadie (sic), cuyo titular son los impuestos de los contribuyentes, emprendiendo obras faraónicas, que no se utilicen, para acumular patrimonio personal.
Ser progresista no significa tener que utilizar la demagogia y el populismo, como al descubrir malintencionadamente que con el sufragismo, ya centenario, se pueden arañar votos.
Ser progresista no significa tener que aumentar la deuda pública gastando más de lo que se recauda, vía impuestos.
Ser progresista no significa tener que dilapidar descontroladamente subvenciones millonarias procedentes del dinero de los contribuyentes.
Ser progresista no significa redistribuir rentas sin ultimar obligaciones laborales que creen riqueza que repercuta en la sociedad.
Ser progresista no significa tener que regalar pensiones no contributivas sin que exista una contrapartida de deberes comunitarios.
Ser progresista no significa que los amantes de las cuatro patas puedan manifestarse y concentrarse intransigentemente contra la tauromaquia –y toda clase de animales–, amenazando, molestando, sermoneando, sobre la libertad de personas que no piensan como ellos, cuando el psiquiatra Dr. Verrecken opina que forman parte de la variante clínica denominada exhibicionismo de la bondad.
Ser progresista no significa tener que utilizar todas las variantes de inserción del doble género embarullando la lingüística con el sexismo.
Ser progresista no significa intolerancia en ruta hacia la coacción.

ALFONSO CAMPUZANO
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jueves, 15 de agosto de 2019

DESGUACE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (II)

El interés por mejorar la infraestructura sanitaria de los médicos y cirujanos de los años sesenta del siglo pasado tiene un provenir nebuloso – Alfonso Campuzano

Cuando, por poner un ejemplo, la cobertura laboral diurna de cualquier quirófano hospitalario público no supera el 75%, mientras que hay lista de espera inamovible con un mínimo de 90 días –aunque fluctuante, durante los últimos cuarenta años–, significa que la infraestructura médico-quirúrgica de la Seguridad Social no está adaptada a los recursos humanos. 
Aunque dañe a los oídos más sensibles, se puede sintetizar que en la red franquista de hospitales de la Seguridad Social –tan venerada por la ideología izquierdoide, a la que no besan porque no pueden– sobran cirujanos y anestesistas, única y exclusivamente, porque faltan quirófanos suficientes en los que ejerzan diariamente hasta alcanzar el 100% de ocupación. Otra cosa, es la milonga a la que nos tienen acostumbrados los políticos de alterne: se necesitan más médicos, sí, sobre todo para estar cruzados de brazos en el puesto de trabajo y alargar la mano en posición supina de pedigüeño a final de mes, es decir, mantener apesebrados y votar genuflexionadamente a la mano que da de comer.
Aunque a priori resulte una barbaridad social no se necesitan más médicos, sino distribuir adecuadamente a los que hay y, sobre todo, pagarlos mejor, igual que al personal auxiliar, en zonas casi inaccesibles, que deberían contar con apoyos casi inmediatos, aunque fueran aéreos. E ir sustituyendo, en la medida necesaria, fundamentalmente en áreas conflictivas. Sin olvidar un hecho importantísimo –que lo tienen clarísimo las pólizas privadas–, y es que todo hospital, o centro sanitario, debe tratar a cualquier paciente desplazado y pasar la factura al lugar de origen.
La Sanidad pública –olvido que dura más de cuatro décadas– debería funcionar valorando méritos y experiencia de los sanitarios, incluidos los propios médicos, como empleados públicos que son –aunque tratados como estatutarios para lo que conviene al ministerio–, como habitualmente ejerce el empleado público militar, es decir, siguiendo las promociones anuales, utilizando un escalafón, además de las categorías o modalidades de disponible, forzoso, voluntario, pues de esta manera se evitarían muchísimos conflictos, incluidos las listas de espera. Y cuanto más se tarde en organizar la movilidad de plantilla, a todos los niveles, como la castrense, peor.
Hasta los años ochenta, los médicos vivían en los pueblos, y ejercían de todo, protegiendo a los pacientes. Sin embargo, desaparecida ya esta figura, ahora son los pacientes quienes están desprotegidos.
El resultado –ahora en plan de desmantelamiento, que se verá en breve–, se está comprobando desde el inicio de la transferencia del Gobierno central a las Autonomías regionales de inmuebles, a coste cero –porque no son suyos, nunca lo han sido ni son del Estado español, y sí lo han sido y son de los pensionistas, además de los cotizantes–, tales como hospitales públicos y centros sanitarios para que los gestionen.
Este patrimonio sanitario preconstitucional conseguido, año tras año, desde principio de los años cuarenta del siglo pasado, mediante las cotizaciones de todos los trabajadores –a excepción de los políticos–, y de los pensionistas, que ha sumado casi trescientos hospitales públicos y más de mil centros sanitarios españoles entre consultorios y ambulatorios.
Sin embargo, unos por ignorancia y otros por desidia, por engaño o por falta de información, habitualmente escamoteada, durante la transición de la transferencia de Sanidad desde el Gobierno central a las diecisiete regiones autonómicas se obvió la titularidad de los trabajadores y pensionistas, como si el Estado o el Gobierno fueran sus titulares, lo que no es ni medio cierto.
Hoy en día, en franca decadencia, hubo un intento por destruir todo lo alcanzado, perjudicando a la sociedad, por la gracieta del chon de Rajoy, jubilando a miles de médicos en 2013, y años sucesivos, cuando en otros países del entorno serían eméritos con el fin de aprovechar su experiencia dedicada a los más jóvenes y no tirar por la borda lo alcanzado.
En el Estado español –gracias a la aventura complacientemente descuidada y deliberada de gobiernos esquizoides de alterne, tan incompetentes como codiciosos–, se ha consumido paulatinamente, desde 1982, la Caja/Hucha de Pensiones, por falta de honradez, por falta de solidaridad, sin que ningún político diera la alarma, y haya dado detalles, porque no interesaba. Y los trabajadores y pensionistas, auténticos titulares, sin título, de la Seguridad Social, ignaros sobre el tema, y sin saber qué alternativa tomar, mientras las Centrales Sindicales –con tal de continuar magníficamente subvencionadas–, miran de reojo.
Algún togado, de oficio, en defensa de los españoles y de sus pensiones, debería airear y poner sobre el tapete esta duda política desaparecida por escondida.
La pregunta del momento es la siguiente: ¿Por qué los votantes votan encantados a los partidos políticos que les desencantan? ¿Quizá por sedación, por anestesia?

ALFONSO CAMPUZANO
            
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