LA MOLESKINE DEL AUTOGOLPE DE ESTADO

El estado de alarma sanitaria, transformado en estado de excepción, ha priorizado la Política y ha anulado la Sanidad – Alfonso Campuzano

El cuaderno clásico Moleskine, perdido y encontrado, recoge en sus páginas cómo a los pocos días de haber tomado posesión de la presidencia del Gobierno de coalición socialcomunista, Pedro Sánchez, tuvo conocimiento de que se avecinaba una crisis sanitaria que, pese a las serias advertencias internacionales, pensaba soslayarla mediante un experto asesor, convertido en comisario político, que retransmitiese televisivamente frases convincentes, sin cobertura creíble, diciendo que en España no tendría, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado, esperando que no habría  transmisión local; que si la habría, sería muy limitada y muy controlada; que no habría problema en ir a las manifestaciones del domingo 8 de marzo, de hecho, insensatamente dejaría ir a su hijo; que había indicios de que la enfermedad infectocontagiosa seguía sin ser excesivamente transmisible, por lo que parecía que la epidemia comenzaba a remitir; que no era necesario cerrar los colegios, porque no ayudaba; que las mascarillas no deberían ser obligatorias.

Sin embargo, el presidente socialista decretó un estado de alarma con normativa de estado de excepción al cercenar todo tipo de libertades individuales, lo que le permitió ostentar un poder absoluto –único en los últimos cuarenta años–, para hacer y deshacer a su antojo, y mediante decretos-ley, activando la compra de material sanitario a empresas carentes de licencia y que desconocían el entramado, pero ayudaban a mantenerlo en el poder.

Incluyó al comunista Pablo Iglesias en el organigrama del C.N.I. –léase Centro Nacional de Inteligencia– con lo que podría acceder a toda la información sensible del Estado, incluida la evolución de la instrucción judicial sobre la tarjeta SIM del teléfono –virtualmente robada– de su asistente Dina en el Europarlamento, que mantuvo en su poder varios meses, en un supremo acto de protección machista, y sin denunciar a la policía.

Asimismo, hizo que se recrudecieran los ataques al Rey emérito, Don Juan Carlos, para preparar su destierro. Incrementó la dedocracia de libre designación a más personas –cercanas a ochocientas con sueldos de seis dígitos–, que servirían de ayuda al culto al líder como pago por servicios prestados, pero no con dinero de su bolsillo.

Sobreutilizó el dinero público de todos los españoles para sobornar a las televisiones privadas a fin de exponer la verdad oficial, que no real, salida de la cocina de Moncloa.

Sobremanipuló a la Policía Nacional y la Guardia Civil para que impidieran protestas y vigilaran a los discrepantes en redes sociales, y no toleraran opiniones contrarias a su caprichoso proyecto político.

Demoró las ayudas al derecho a prestación económica como el Ingreso Mínimo Vital permitiendo que los trabajadores pasaran los meses sin dinero en efectivo y cuando las puertas del hambre se hicieran realidad actuaría como un salvador ofreciendo una miserable paga que, al menos, les daría para comer.

Amenazas continuas de que habrá miles de muertos y nadie cobrará el subsidio si pierde el mando único.

Perspectivas de empadronar a millones de inmigrantes comprando sus votos de por vida al asignarles una paga para perpetuarse en el poder.

Horizonte de subida masiva de impuestos para poder pagar el subsidio a los millones de votantes como forma de financiar el autogolpe de Estado.

Los españoles han caído, una vez más, en la trampa política egoísta, y no tienen escapatoria.

ALFONSO CAMPUZANO
                 

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AL HILO DE LAS AGUAS TERRITORIALES

La diplomacia española por medio de sus gobernantes, a través de la Historia, no ha creado una escuela que supiera defender territorios mimados – Alfonso Campuzano

Desde que se hizo cargo de la presidencia del gobierno socialista, Pedro Sánchez, las aguas territoriales españolas han sido menospreciadas sin que, hasta el momento, se hayan desarrollado conflictos jurisdiccionales, pese a los existentes caladeros de pesca.

Hace dos años, sin venir a cuento, la República Argelina Democrática y Popular amplificó su frontera acuática hasta llegar al Archipiélago de Baleares. ¿Qué pretendía con esta decisión unilateral tan despótica? Nada más y nada menos que hacerse con la energía fósil que representan los yacimientos de hidrocarburos subacuáticos partidarios de probables prospecciones petrolíferas, mientras que el ministerio de AAEE español no lo dio importancia alguna, porque ni siquiera se constituyó una mesa propia para conversar. Pura desfachatez ante la debilidad que, como letrero, ostentan en la frente los diplomáticos españoles responsables.

Así que, ante la falta de respuesta, durante el primer semestre del presente año en curso, un segundo país sureño, precisamente el Reino Alauita de Marruecos, catapultó la oficialidad de la ampliación unilateral de sus aguas territoriales a doscientas millas marinas superficiales y a más de trescientas millas marinas profundas, mediante la aprobación legislativa de su Parlamento, de manera que al sobreponerlas a las propias españolas, engloban al Archipiélago de Canarias.

¿Qué escondía esta medida autoritaria? Algo muy importante para su expansión química y cibernética, ya que desde hace varios años, en esta zona, se conoce la existencia de recursos naturales como gas natural, petróleo y minerales infrecuentes como cobalto, además del mayor yacimiento planetario de telurio, en los alrededores del monte submarino Tropic, un metaloide, semiconductor, empleado en la industria electrónica.

Aunque el Reino de España no debe aceptar las ocurrencias del Reino de Marruecos, este último tiene la sartén por el mango, porque si los hechos no se desarrollan como desea, tiene suficiente poder como para decidir sobre el chantaje que siempre tiene a mano, es decir, incrementar la inmigración ilegal, sobre todo de menores de edad no acompañados –los famosos MENA’s, que tantos problemas generan allá donde son acogidos– e interrumpir unilateralmente la colaboración antiterrorista, todo ello gracias a la muy buena retribución económica, cada vez más expansiva, a costa de los contribuyentes españoles.

Desde los años cincuenta del siglo pasado –finales del Protectorado español–, Marruecos ha hecho valer su supremacía, aprovechándose de los diplomáticos españoles bisoños y confiados, que han caminado una zancada por detrás del país alauita.

Aparentemente ambas hostilidades norteafricanas, ambos conflictos jurisdiccionales, no tienen validez internacional, pero el hecho, hasta ahora consumado, está sobre el papel, mientras que el actual Gobierno español socialcomunista, al no haber parado tal pretensión, continúa en ropa interior, por no decir desnudo, incluso mudo. Ni una denuncia, ni ha llamado a consultas a los embajadores en ambos países.

España, ante África, nunca ha sabido defenderse ni defender territorios –dejando de lado la gestión administrativa del imperio colonial–, sino que ha esquivado la realidad al abandonar a su suerte en pleno siglo XX a países como Guinea Ecuatorial, Ifni, Sahara.

El esfuerzo no es de los diplomáticos españoles, porque las pautas son marcadas por los marroquíes, que conocen sus debilidades y las sacan a colación cada vez que negocian: el rabo entre las piernas.

ALFONSO CAMPUZANO
                

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NO ES UN MUNDO PARA LONGEVOS

Pobre de aquella generación que no adquiera el conocimiento, la experiencia, los valores morales, de sus mayores – Alfonso Campuzano 

Se hace difícil recordar exactamente cuándo de manera sutil se fue introduciendo en el día a día la frase de cuidados paliativos en Medicina, y de quién partió la idea, es más, ni siquiera es fácil recordar la noción de ellos mientras estudiaba en la Facultad, no sé si por no haber prestado suficiente atención, por desinterés, o quizá por no existir tal lección.

Es posible que fuera tomado en consideración, a finales del siglo pasado o principios del presente, por las nuevas generaciones de estudiantes y médicos en ejercicio, como si se hubieran dado cuenta de que había que dar solución a los miles de millones de habitantes de este planeta azul.

Unos cuidados importados, no cabe la menor duda, y ejercitados por quienes tienen en su mano tal práctica de sedación en unidades de cuidados/vigilancia intensiva (U.C.I./U.V.I.) apropiadas para ello. Una vigilancia con doble vertiente. Pacientes recuperables e irrecuperables. La siembra había sido hecha en su momento y el fruto se está recogiendo actualmente.

Se va dando como buenista que la naturaleza ya no señala día y hora del arrebato terrestre del paciente terminal, sino que la sociedad politizada ha encauzado a una mano galénica –léase médico intensivista– que impone y exige la inyección letal para dejar sitio a otra persona más necesitada, siempre con un desconocimiento total, porque no es pitoniso, la fecha individual de caducidad natural.

A partir de aquí, salvo por accidente, al enfermar de lo que sea, el ser humano tiene los días contados para que, el gasto sanitario probable que ha estado cotizando durante toda su vida laboral, no pueda extralimitarse ni un solo euro de su ahorro.

Lo curioso es que tal decisión, como la mayoría, no ha sido tomada por los ciudadanos –contribuyentes y votantes–, sino que ciertos partidos políticos, casi todos, erigiéndose en dioses, toman decisiones que no están escritas en ningún programa electoral o bien, si lo están, es en letra diminuta, casi virtual.

La jubilación, la senectud –visto lo visto–, es una carga social y familiar de la que hay que deshacerse cuanto antes, no interesa en un mundo devenido en ejetreado, acelerado, incluso impaciente.

El ministro japonés de Fianzas, en enero de 2013, Taro Aso, de 72 años, se atrevió a declarar públicamente que las “personas mayores deben darse prisa y morir para aliviar los gastos del Estado en su atención médica”. Unas personas que, como trabajadores, y no como políticos, han pagado sus impuestos.

La director general del F.M.I. –léase Fondo Monetario Internacional– Christine Madeleine Odette Lagarde, de 64 años, actualmente presidente del B.C.E. –léase Banco Central Europeo– dijo: “los ancianos viven demasiado, y eso es un riesgo para la economía global”.

Ambos ejemplos de personas que no son jovenzuelos, como si a ellos no les afectara tal rasurado de sus palabras.

También el llamado N.O.M. –léase Nuevo Orden Mundial– que proclama la “desaparición de la población innecesaria: abuelos, tercera edad, viejitos, discapacitados, pobres, que son una carga para la sociedad”.

Y, por simpatía, también difunden por las redes ciertos militantes comunistas españoles diciendo que “los ancianos inútiles sobran, que sobran momias, que mejor muertos”. Lo que se traduce en odio sin que nadie haya tenido la valentía de defender con la ley en la mano los valores morales adquiridos y la cotización social por los años trabajados.

De hecho, durante los cien días que duró el estado de excepción decretado por el gobierno socialcomunista, a causa del coronavirus SARS-CoV-2, ciertos hospitales, unos más que otros, por indicación del mando único gubernamental, impidieron que ingresaran en las camas de UCI’s/UVI’s personas mayores, en contra del Juramento Hipocrático, de ahí que la cifra real de fallecimientos en residencias es de 32.843, mientras que la oficial es de tan sólo 19.643 personas.

En contra de las difusiones comunistas hay que decir alto y claro que los viejos, como despectivamente los nombran, no arruinan el futuro de nadie, sino que, con su esfuerzo, ayudan los jóvenes. Los viejos nunca jamás deciden el destino de nadie, sino que cada uno, los jóvenes en particular, son responsables de sí mismos, y no necesitan muletas. Los viejos no deciden el voto de nadie, sino que cada uno vota según su conciencia y saber.

Así que, concluyendo, parece que el planeta azul no es un mundo para longevos.

ALFONSO CAMPUZANO
                

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LAS CARPETAS ROJAS DEL ZULO (V)

Con unos políticos reencarnados en la autoflagelación España ha sido cuna de golpes de Estado sin que la sociedad autocomplaciente haya sido capaz de desenmascararlos y arrojarlos al averno – Alfonso Campuzano

Desde el punto de vista institucional, a partir de noviembre de 1975, los años finales del siglo XX y principios del siguiente, han sido políticamente convulsos con diferentes golpes de Estado –que no han finalizado, porque no se han desarticulado, porque se mantienen a cámara lenta–, inaugurados con el militar del 23 de febrero de 1981, desbaratado en menos de veinticuatro horas, y con sus cabecillas puestos a disposición judicial, siendo juzgados y condenados por los tribunales competentes. 

Aunque no reconocido por los medios de comunicación ni por la sociedad sedada, el desarrollo del golpe de Estado civil del 11 de marzo de 2004 se tradujo en una matanza ferroviaria, con un sumario en el que destacaron anomalías, arbitrariedades, incorreciones, demolición de pruebas básicas a los tres meses, sin haber dado como creíbles los resultados de sus análisis, bajo la instrucción de juez y fiscal, en una parodia de juicio muy ruidoso, pero nada verosímil, consiguiendo que el partido político socialista regresara al poder.

El anuncio a cámara lenta del golpe de Estado civil del 1º de octubre de 2017 en la región catalana no era una broma, porque aún continúa, porque sus defensores, pese a haber sido juzgados, sentenciados como sediciosos, y no como rebeldes, gracias a la mano alargada del P.S.O.E. –como siempre, en este caso Pedro Sánchez–, no están arrepentidos ni pretenden abjurar de él, amenazando con la segunda parte ante las instituciones estatales que les dejan hacer aquello que desean.

Para colmo, el cuarto golpe de Estado civil del 1º de junio de 2018 interpretado como moción de censura del socialista Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, con la intención de regenerar la vida política. Ni siquiera lo consiguió desde la secretaría general de su partido más que engañando como desde hace cuarenta años, urdiendo entramados para malversar dinero público utilizando, por ejemplo, una misma factura justificadora de gastos presentada en varias administraciones y conseguir subvenciones. Una corrupción que ha costado a los contribuyentes españoles la friolera de más de ciento veinticuatro mil millones de euros (124.124.090.826 €), y continúa. Conclusión: Menos subvenciones y más sueldos europeos.

Hace un año, y no por los medios de comunicación habituales, quien ha tenido a punto, tanto vista como oído, se ha enterado que, en Cataluña se mantiene un golpe de Estado cívico-judicial, como consecuencia de la corrupción que impera en la fiscalía, sin saber la fecha exacta del comienzo. Posiblemente fuera en la época que la Fiscalía General del Estado se querellaba contra Banca Catalana por medio de los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena Álvarez que procesaron a casi una treintena de implicados –incluido el vicepresidente Jordi Pujol–, por varios delitos tales que apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil, maquinación para alterar las cosas.

En el sobreseimiento de la causa, posiblemente de orden político, tuvo su intervención la mano alargada del presidente de Gobierno socialista de la época, Felipe González, como pago a los favores políticos recibidos. Y de aquellos polvos…

Así que, es muy probable que a partir de aquella sentencia, teniendo despejado el camino para continuar, de manera que el liderazgo de la judicatura catalana ha conseguido ramificaciones en toda España, como el “Expediente Royuela” ha hecho público, con sus más de treinta y seis mil documentos manuscritos del ex fiscal José María Mena Álvarez, de los años noventa del siglo pasado hasta 2006, año de su jubilación por indicación de José Luis Rodríguez Zapatero (vídeo 74). Una auténtica rebelión de ropones/togas y puñetas sin que nadie haya intentado solucionarlo.

Como colofón, la suposición hecha realidad, cuando en abril de 2003, en el Juzgado núm. 1 de la Audiencia Nacional el magistrado Fernando Grande-Malaska –actual ministro de Interior–, recibió las conexiones políticofinancieras y relaciones bancarias que unían a dos partidos políticos: HB (Herri Batasuna) y ERC (Esquerra Republicana de Cataluña) en el Lloyd Bank de Lyon, de París, de Londres. Sin embargo, la respuesta fue silencio administrativo. La familia Royuela intentó publicarlas en la revista Interviú, sin conseguirlo gracias a la mano alargada del ex fiscal José María Mena Álvarez, por lo que la documentación fue enviada a más de dos mil juzgados con acuse de recibo.

Silencio judicial.

ALFONSO CAMPUZANO
                

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LAS CARPETAS ROJAS DEL ZULO (IV)

En la España abisal han coexistido varios grupos chantajeadores al Estado, destacando E.T.A. visible con 854 asesinatos y el "Expediente Royuela" oculto con 1.136 asesinatos – Alfonso Campuzano

La siguiente pregunta que puede extraerse, una vez analizados el más de centenar de vídeos, es por qué la familia Royuela es la depositaria de tal magno fichero. La respuesta parece ser sencilla, partiendo de lo que podría denominarse providencial, según ella.

 Alberto, debido a su ideología, estaba siendo perseguido sistemáticamente por José María Mena Álvarez desde 1989, a base de ataques tipo pinchazos telefónicos ilegales; seguimientos; insistiendo hasta convencer, incluso comprar la voluntad de diferentes jueces para que la instrucción fuera desfavorable y ejecutara un fallo adverso, argumentando elementos sociales y máxima dureza (vídeo 20, vídeo 52, vídeo 53).

Casualmente, se enteró por medio de un amigo, precisamente cuñado del ginecólogo doctor Morín, que su clínica, tras varias denuncias, iba a ser registrada en busca de pruebas sobre abortos practicados en mujeres con más de seis meses de gestación –más de dos mil, en cuatro años, cobrando una media de cinco mil euros–, lugar donde el fiscal Mena guardaba las carpetas (vídeo 37, vídeo 39).

Al recibir la orden de traslado y quema de toda la documentación, le comentó que se lo compraba por ochenta mil euros, pero que para el traslado a Francia necesitaría un camión, no la trasera de su vehículo utilitario.

Durante el análisis de los miles de papeles comprados descubrió cómo se había desarrollado el asesinato de su hijo, y hermano, Javier en 1993.

Hay también un Libro de Presupuestos por encargo (vídeo 54), así como Libro de Contabilidad de acuerdos para eliminar físicamente a personas con pactos de compensaciones económicas para que no se removieran las causas de los fallecimientos (vídeo 59). Sin olvidar los acuerdos del ex biministro y ex alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch Julbe, en asuntos muy turbios (vídeo 69), incluso con la actual ministro de Defensa, Margarita Robles, (vídeo 70), a fin de conseguir un enriquecimiento ilícito con el ingreso dinerario en depósitos bancarios en Holanda, Suiza (vídeo 79).

Aunque los interrogantes se agolpan, una de las primeras conclusiones es que en los últimos cuarenta años parecen haber coexistido dos organizaciones encargadas de suprimir físicamente a seres humanos.

Por un lado, visible para la sociedad, a través de los medios de comunicación, el grupo terrorista ETA, que asesinó, durante más de cincuenta años, a cerca de novecientas personas, dejando heridas a más de dos mil quinientas, entre civiles, políticos, jueces, ertzainas, policías, guardias civiles y militares, casi todas en tiempos constitucionales –casi un 50% sin resolver, que el Europarlamento se ha propuesto investigar hasta dar a conocer los nombres y apellidos de los asesinos, ya que diferentes gobiernos ineptocráticos de oscuros intereses no han sido capaces de sacar a la luz las sombras–, siguiendo unas órdenes que se difuminaban en su estructura, aunque con palmeros sin cargos.

Por otro lado, el aparecido “Expediente Royuela”, invisible para la sociedad, casi virtual, donde se leen casi novecientos asesinatos excelentemente documentados, mientras que el resto, hasta 1.136, fueron descubiertos por María Eugenia Alegret Burgués, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ordenados por un fiscal, según encargo, y acuerdo económico complementario.

¿Es casualidad o causalidad que una persona acosada por su ideología política –Alberto Royuela Fernández– tenga la providencia de conseguir hacerse con el megaarchivo escondido en un zulo de la clínica abortista del doctor Morín cuando iba a ser destruido, del que se desprenden, una vez analizado, miles de respuestas desconocidas para la sociedad española ante la desvelada trama que se fue desarrollando en unas instituciones estatales con intención de hacer daño?

La censura, que tanto se reprochaba en los tiempos preconstitucionales, ha vuelto a aparecer con signo ideológico contrario, no es que se fuera, sino que estaba agazapada en plan de salto para hincar el diente en tiempos constitucionales. No es de extrañar que el enlace con la página de destino esté borrada o bloqueada, tanto momentánea como definitivamente, es decir, no funciona por el motivo que sea, porque es más fácil hacerlo desaparecer que entablar una querella contra la familia Royuela, tesorera de los manuscritos originales fuera de España. 

Si en una ocasión la compra del extraordinario archivo fue providencial es posible que a la tercera intentona judicial –las querellas anteriores, presentadas en 2006 y 2009, fueron respondidas con silencio administrativo–, actualmente en marcha, cuya presentación se espera para dentro de unas semanas, surta efecto.

Que la Providencia les acompañe.

ALFONSO CAMPUZANO
                

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LAS CARPETAS ROJAS DEL ZULO (III)

Lo sucedido sobrepasa la fantasía cuando se trata de medrar en busca de potestad y riqueza – Alfonso Campuzano

La pregunta que surge, a bote pronto, es por qué cualquier jurista, y de oficio, no tiene el coraje de tomar nota, al menos actualmente, que obligue a instruir esta causa, que ayude a resolver judicialmente de un plumazo algo que aparece como tan evidente. La respuesta más inmediata es que hay familias –un 35% de la totalidad– que encargaron asesinatos por intereses ocultos y, de paso, cobrar herencias, siendo posible que no deseen que sus nombres sean propalados.

Asimismo, y que nadie se asuste, surge el pringue de personajes importantes del partido político P.S.O.E. –con un 60% de órdenes–, que muy probablemente no quieran que se airee este tipo de reputación tan vil, ya que debería ser ilegalizado y, como mucho, refundado.

Por último, en el epígrafe otros –un 5% de requerimientos–, que presumiblemente se opongan porque, entre ellos, figuran varios bufetes de abogados importantes (vídeo 22, vídeo 25, vídeo 26, vídeo 31, vídeo 33, vídeo 34, vídeo 36, vídeo 37, vídeo 38, vídeo 48, vídeo 60, vídeo 61, vídeo 62, vídeo 63, vídeo 64, vídeo 65, vídeo 66, vídeo 67, vídeo 75, vídeo 76, vídeo 81).

Una base de datos confeccionada por el ex fiscal José María Mena Álvarez –sus papeles– y nunca por Alberto Royuela como han pretendido malpensantes.

Es tan fuerte el muro de contención español que va a ser muy difícil el esclarecimiento de una realidad cada día más conocida, por no decir imposible, que algún jurisconsulto se atreva a instruirla, y tendrá que ser probablemente un tribunal europeo, o incluso estadounidense –el narcotráfico y sus ganancias también se mencionan en el expediente–, quien ponga la situación en el sitio que le corresponde (vídeo 32, vídeo 47, vídeo 49, vídeo 53, vídeo 72).

Lo más extraño de todo es que, en un principio, la cúpula del entramado facineroso descrito, estaba representado por el jurista Carlos Jiménez Villarejo –con cargo de Fiscal Anticorrupción en Barcelona, perteneciente al partido político podemita–, hasta que cedió su papel de protagonista a José María Mena Álvarez –con cargo de Fiscal Jefe de Cataluña–, autor de los papeles manuscritos que atesora la familia Royuela, además de persona muy influyente en la Logia Masónica española y uruguaya, con el grado vigesimoséptimo (vídeo 24, vídeo 27, vídeo 68).

Una de sus ocurrencias absolutistas fue ordenar que ingresaran cientos de magistrados en su sociedad secreta, que incluían la relación de seis asociaciones de jueces, prometiendo dinero y poder, además de jurar amargar la vida a quienes se negaran (vídeo 41, vídeo 85).

Ambos personajes, tanto Jiménez Villarejo como Mena Álvarez, se podrían calificar de presuntos sociópatas, de mente esquizoide, a la espera de que su legado pueda ser analizado por un psiquiatra (vídeo 23, vídeo 28, vídeo 35, vídeo 46, vídeo 50, vídeo 52; vídeo 57, vídeo 58, vídeo 59, vídeo 79).

Si el método aplicado no iba acorde con lo planeado se organizaba un acoso brutal hasta que cedía en el empeño y se producía el silencio perseguido. También están descritos chantajes a personas –seglares, sacerdotes, obispos, arzobispos– vinculadas a la Iglesia católica, a congregaciones, a diócesis, a Cáritas, al Partido Familia y Vida (vídeo 40).

Los peones del sicariado, compuesto por cerca de una treintena de delincuentes –desconocidos entre sí–, fueron eliminados físicamente en la “Operación Chumi” antes de abandonar el cargo de fiscal con motivo de su jubilación, (vídeo 29, vídeo 30, vídeo 42 bis).

ALFONSO CAMPUZANO

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LAS CARPETAS ROJAS DEL ZULO (II)

El color rojo de las carpetas, consciente o inconscientemente elegido, hace pensar en su vínculo con la codicia (sentimiento), la supremacía (ideología), la violencia (conflicto de intereses), magistralmente expuestas en los manuscritos de sus protagonistas – Alfonso Campuzano

El método de extorsión empleado por el fiscal José María Mena Álvarez con fiscales, forenses, inspectores de Hacienda, jueces, magistrados, políticos –un total aproximado a doscientos, o más, de ambos sexos– era el encargo, durante un cierto tiempo, de una estrecha vigilancia de su vida, tanto íntima como laboral, para conocer sus movimientos de cuentas corrientes bancarias, sus opciones sexuales, si tenían amantes, si consumían drogas, además de otros hábitos ocultos, cuyos informes archivaba en la correspondiente carpeta roja e individual (vídeo 99, vídeo 107).

La táctica que utilizaba para amañar acuerdos sobre sentencias judiciales, incluso en las más altas magistraturas –más de ocho mil, en los que posiblemente perdieron los inocentes– basándose en el puro y duro chantaje, gracias al conocimiento exhaustivo derivado de la averiguación de datos personales profundos de jueces y magistrados, que incluían escuchas telefónicas, con la perversa intención de que prevaricaran, según su antojo, con veredictos al gusto, mediante el correspondiente soborno en metálico. Un ejemplo flagrante es la carta que envió el Fiscal General del Estado al presidente del Gobierno, manifestando que no sería imputado en el Caso GAL a cambio de compensar tres veces el valor en metálico de lo anteriormente acordado (vídeo 70, vídeo 75, vídeo 76, vídeo 79).

Para todo ello utilizaba a personas infiltradas que conseguían comunicaciones y averiguaciones bilaterales con varios tentáculos, que implicaban a policías y guardias civiles medrosos, quisieran o no. Una maquinación que llegaba hasta traficar con droga, que conservaba en neveras de ciertos almacenes, lo que producía pingües beneficios a repartir.

También, en dicho archivo, se encuentran los envíos manuscritos de anónimos de descrédito a todos los círculos personales de trabajo y ocio, que versaban acerca de relaciones sexuales entre hermanos, hijos y demás familia del fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, diciéndole que el autor de dichos anónimos era Alberto Royuela.

El procedimiento aplicado en cometer delitos económicos, con enriquecimiento ilícito, como la evasión de  capitales hacia paraísos fiscales, ingresando dinero en dólares estadounidenses con la numeración de los depósitos bancarios pertenecientes a fiscales, forenses, inspectores de Hacienda, jueces, magistrados, políticos, en México, Galicia, Venezuela enlace censurado, México, Panamá, Canadá (vídeo 59, vídeo 69, vídeo 108, vídeo 109, vídeo 110, vídeo 119, vídeo 134), cuyas cuentas opacas fueron denunciadas ante la AEAT –léase Agencia Española de Administración Tributaria– sin que ningún cargo, bajo o alto, se diera por aludido. 

Ante la inaceptación de las denuncias –con acuse de recibo–, efectuadas en más de mil juzgados españoles, la familia Royuela decidió presentar dos querellas criminales en Barcelona –2006 y 2009–, que se archivaron, sin más. Así que decidieron probar suerte con la filmación de vídeos personales que actualmente están exhibiendo el tesoro que deseaban difundir sin que nadie quiera rescatarlo.

El camino recorrido no ha sido el esperado porque tanto la prensa oficial como los partidos políticos del arco parlamentario del Congreso no se atreven a hacerse eco de una realidad ya contrastada, aunque admitida, porque el entramado institucional jurídico derivado de la Constitución de 1978 habría que rehabilitarlo de principio a fin.

          ALFONSO CAMPUZANO
          
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