El Estado español garantizaba
hasta hace cinco años, la progresiva elevación del nivel de vida en los órdenes
sanitario, económico y cultural, desde el lejano Decreto de 30 de mayo de 1974,
curiosamente preconstitucional.
Cada español, desde el mismo
instante que comienza su vida laboral y su cotización, debería saber, en todo
momento, sin restricciones y sin límites máximos marcados, cual dictadura, como se sabe en países primermundistas o bien como conoce una persona que
se programa un plan de jubilación/pensiones particular, de cuánto dispone.
Existe, en teoría, una Caja de
las Pensiones de la Seguridad Social que, supuestamente pertenece a todos los
trabajadores españoles cotizantes. Sin embargo, los recursos generados, desde
hace más de una treintena de años, sin su permiso, con nocturnidad y alevosía,
se han utilizado para cubrir partidas presupuestarias de otros gastos frívolos gubernamentales; se utilizan para endosar a las pensiones algo tan diferente
como es el gasto sanitario; se utilizan para hacer frente en toda clase de comicios,
es decir, a elecciones generales al Congreso, Senado, Parlamento Europeo,
Autonomías, Municipios, incluso para favorecer la convergencia española con la
Unión Europea. Y, últimamente, con desfachatez de altura, se utilizan en la construcción
de Carreteras, Autovías, Autopistas, Ave, incluso para inyectar dinero a prestaciones públicas como al Subsidio de desempleo,
a la Inmigración, a las Minorías Étnicas, etc. Y la Caja ya no puede dar más de
sí...
Por tanto, la acción protectora
de la Seguridad Social, como puerta giratoria, actualmente se está financiando mediante
la aplicación de las aportaciones progresivas provenientes de los Presupuestos
Generales del Estado, y no al contrario, como se estaba haciendo, es decir,
con las cotizaciones de los trabajadores. Ante tal desfalco los gestores
deberían provisionar todo lo que realmente han desvalijado hasta el momento, pero continúan inmutables. Así es más fácil echar la culpa a que no hay suficientes
trabajadores cotizando.
No sólo esto, sino que ha habido
Gobiernos que se han permitido hacer enjuagues, poco antes de estallar la
crisis, vendiendo el 46% de las reservas de oro en otoño de 2007 (240 toneladas
equivalentes a 7,7 millones de onzas de oro, por un valor de 3.500 millones de
euros), instante en que, casi por generación espontánea, aparecieron multitud
de chriringuitos a la voz de compro oro, dinero inmediato, máxima solvencia.
El presupuesto de la Seguridad
Social, que se creía sagrado, algo que parecía intocable, ya menos, hasta que
se han abierto los ojos, se juega con el pan ajeno ganado año tras año, no debe
servir para cuadrar otras
administraciones, nada de emplearlo en otros Ministerios, aunque les falte,
porque en Seguridad Social nada sobra, más bien escasea, porque el presupuesto no
está hechos por técnicos.
De ahí que, lo que pertenecía
exclusivamente a los trabajadores, el dinero cotizado que cada español deja de
percibir cada mes, registrado para cuando llegue su jubilación, es manoseado
por ajenos, porque les gusta tanto o más que un bombón a la puerta de una
escuela, cuando un gobierno comenzó a meter mano en la Caja, permitiéndolo la
oposición y, en su alternancia, los demás gobiernos han continuado, como algo
más que natural. Nadie, ni siquiera los llamados sindicatos de clase, se ha rasgado
las vestiduras, nadie se ha mesado la barba ni los cabellos, nadie ha hablado.
Y, lo peor de todo, no ha sido sólo en una ocasión coyuntural, qué va, sino que
se sepa en dos ocasiones, han dejado temblando a la Caja, y ni siquiera los
saqueadores fueron capaces de provisionar los derechos para las pensiones
futuras. Y la culpa, la responsabilidad, el canario del abuelo.
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