Es frecuente, quizá más de lo habitual, oír y leer, que a los jubilados se
les devenga de su más o menos exigua pensión un impuesto fantasma innominado,
aunque la cantidad viene a ser la misma que si fuera el llamado Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.), ya que el pensionista no recibe
más que la transferencia bancaria mensual a su cuenta corriente, además de una
carta justificativa, sin razonamiento alguno, a principio de año, donde se
notifica la cantidad que debe percibir con y sin retención. Y un folio cuando
se acerca el mes que tiene que hacer la Declaración de la Renta, en el que sólo
se lee que se ha retenido una cantidad sin especificar a qué epígrafe va el
dinero retenido.
Toda pensión, que se sepa, al no percibirse como trabajo, no rinde, ya que
durante la vida laboral activa de trabajador, al recibir el salario mensual/anual, sometido al I.R.P.F., ya rentó
lo suficiente para poder cobrar en situación pasiva, además de tener derecho a
una Sanidad. Sin embargo, la
pensión recibida es gravada nuevamente por la misma contribución, como si estuviera produciendo, haciendo que se duplique la carga tributaria, la doble
retención, sin ninguna transparencia económica. Vamos, como ocurre, una más, con la tetraplicidad impositiva de la marca
España.
Desde 1984 la Caja de Pensiones ha sido utilizada en beneficio del partido
político gobernante, beneficios electorales y para encajar las cuentas del
Estado, porque sus arañazos de reposición siempre han sido vía tributos en
lugar de vía cotizaciones. Los mandatarios de cada Legislatura, y ya van diez, no
han querido tomar en cuenta esta doble obligación del jubilado, porque el
dinero así volatilizado interesa más a las arcas del Estado en las diferentes y
continuas crisis económicas, ya que son ellos los que las manejan en su propio
beneficio haciendo caudal a costa del asalariado.
La gestión de la Seguridad Social, al ser un organismo independiente, sus
balances no se contabilizan en los presupuestos generales del Estado, lo que ha
dado lugar, año tras año, a todo tipo de manipulaciones y, sobre todo, desvíos,
según interesase al partido dirigente, de tal manera que, la mayor parte de los
fondos de reserva de las pensiones públicas se están invirtiendo en cédulas
públicas del Estado, llamada deuda soberana española, lo que ha convertido al propio
Estado en un ente entrampado a cuenta del déficit. Es decir, ante este
descontrol, el Gobierno hace que el Estado maquine contra sí mismo, con la
hipótesis de una considerable inseguridad añadida, que se incremente
exponencialmente, que jamás se pueda pagar.
Objetivamente mirado, la Caja de Pensiones de la Seguridad Social, está
solucionando, aunque no es la misión para la que fue creada, en lugar de
complicando, el endémico problema de la deuda pública española, instaurada
artificialmente, debido a la enorme pujanza del mismo caudal financiero,
mientras los políticos, en su insaciable trapicheo en busca de Eldorado patrimonio, a
la vez que salvando su nalgatorio, endeudan al contribuyente.
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