Durante el aislamiento en Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE) se realizan actuaciones sanitarias y policiales regladas en
defensa ante posibles riesgos contra la salubridad social e
integridad física - Alfonso Campuzano
La tendencia migratoria actual se origina habitualmente en países que llevan años soportando enfrentamientos bélicos, ignorancia, nivel de desarrollo humano deficiente, persecuciones políticas, pobreza, hambruna, grupos de exclusión social, infraestructura sanitaria mísera, que al desplazarse indocumentada, sin papeles, sin justificación laboral, intentan traspasar cada frontera que encuentra en el camino, provocando una crisis social en los países de acogida.
El principal problema de la U.E. es que, ante este drama intercontinental
migratorio diario, a falta de un consenso interestatal, está tardando en
reconocer que su frontera es única, y no la de cada Estado, lo que conduce a un
descontrol y caos, ya avisado por España, pero no escuchado.
Para ello se han construido los llamados Centros de Internamiento de
Extranjeros (C.I.E.), cuyo ingreso no es aleatorio, sino debido a
una resolución legislativa. La mayor parte de los Estados de la U.E. ha optado
por un tiempo mínimo de seis meses, prorrogables a dieciocho, mientras que
España ha decidido rebajarlo a dos meses, achacable posiblemente al quijotismo,
gazmoñería, apatía.
Durante este internado, entre otras, se practican dos actuaciones regladas:
policial y sanitaria. En cuanto a la sanitaria, este aislamiento es una especie
de cuarentena, que sirve para defender el derecho a la integridad
de la salud de las personas autóctonas/contribuyentes ante personas que
están sin vacunar, controlando posibles amenazas/riesgos para que, no difundan
contagios de enfermedades desaparecidas y/o desconocidas.
Los subsaharianos, tal como
gusta llamar a los medios de comunicación a personas que proceden de Congo,
Gabón, Sudán, Uganda, son los principales portadores de una
epidemia mortífera, provocada por el virus de Ébola, difícil
de controlar, desconocida en Europa, que no tiene cura, salvo cuidados
paliativos, que se transmite entre humanos por contacto con fluidos corporales
del infectado, con los ya sabidos brotes en los años 1976, 1995, 2000,
2007, 2014.
Ha trascendido, según el Ministerio del Interior, que hasta un setenta
y cinco por ciento de extranjeros ilegales, cuentan con antecedentes
judiciales/policiales en los países de origen por ser delincuentes, traficantes
de drogas.
A cualquier Estado soberano europeo le resulta difícil concebir, y hasta
sería demagógico intentarlo, un centro obligatorio para personas en situación
irregular como un hotel de cinco estrellas. Es posible que les falte algo,
aunque no se echa en falta prácticamente nada, otra cosa es que guste, o no,
que para esto están los colores. Teniendo en cuenta que toda
deficiencia/deterioro es mejorable para impedir riesgos de salud y seguridad de
los inmigrantes, no se debe olvidar la causa de su internamiento.
El dispendio otorgado a los inmigrantes ilegales por el erario público,
nutrido por los contribuyentes, que debería ser amortizado por el resto de los
países de la UE, se traduce en cifras frías consignadas en las facturas de agua
corriente, calefacción, cocina, electricidad, gas, manutención, limpieza,
orientación jurídica, policías, ropa, salubridad, servicios sanitarios
(médicos, enfermeras/os), techo, trabajadores sociales, traductores.
Si el contribuyente, mediante sus impuestos, ayuda al inmigrante, éste por
solidaridad mutua, y como compensación, debería aportar su mano de obra, y no
quedarse con las manos cruzadas, porque los hay, y muchos, que sólo viven de
rentas otorgadas a modo de ayudas y subvenciones, ellos y sus amplias familias,
convertidos en inactivos sociales.
Alfonso Campuzano
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