PROGRESISMO DE PALESTRA

Apropiarse políticamente de un término común, y no cumplir con su significado, es como apropiarse de un color, que es patrimonio universal – Alfonso Campuzano

La Real Academia Española (R.A.E.) define progreso, en su primera acepción, como la acción de ir hacia adelante y, en su segunda, como avance, adelanto, perfeccionamiento.

Todos los partidos políticos, en su evolución, exigidos por la sociedad, se han ido amoldando a los tiempos y, en mayor o menor medida, se han hecho progresistas, unos de boquilla más que otros.

Sin embargo, ha sido precisamente la ideología izquierdoide quien ha madrugado a la hora de haber saltado antes que sus adversarios a la palestra –sin permiso, y gracias a sus dotes demagógicas, a su método propagandístico, a su continua campaña electoral, a su incombustible moralina verborreica, dedicada a vilipendiar–, consiguiendo adueñarse de un significado que no ha llegado a entender y menos a cumplir, con el agravante de desvirtuar, y de dinamitar, el prestigio reconocido, siempre apoyado en el dinero que no es suyo, sino de los contribuyentes.

Ser progresista no significa tener que incumplir, tanto la promesa/jura de la Constitución’78 como las leyes, para que impere la discrepancia.

Ser progresista no significa tener que mentir ante el parlamento, incluso ante cualquier micrófono.

Ser progresista no significa tener que abusar del poder por conveniencia política y/o personal, y aumentar los ministerios y consejerías para pagar favores escatológicos.

Ser progresista no significa votar su propio aumento de salario y tener la obligación de disfrutar de privilegios y vicios, evidentemente políticos.

Ser progresista no significa tener que ofrecer diariamente indecisión, irritación, retroceso, sospecha, además de disponer de centenares de asesores con cargo a los contribuyentes.

Ser progresista no significa destruir lo que disgusta de antaño, como tergiversar la Historia –que ya han memorizado hasta la saciedad, tanto partidarios como detractores–, sino tratar de mejorar/actualizar aquello que puede haber quedado obsoleto, y sin herir susceptibilidades.

Ser progresista no significa tener que hacer la vista gorda hacia la desintegración, tanto territorial como social.

Ser progresista no significa fomentar una pseudosolidaridad con el tráfico de personas en barcos negreros del siglo XXI, que se exhibe de manera discontinua, embarullada, exagerada, indiscreta, al reventar unas normas, que atentan contra la legalidad vigente.

Ser progresista no significa tener abiertas de par en par las fronteras a la ilegalidad, a la delincuencia, a la inseguridad sanitaria por la exposición a enfermedades infecto-contagiosas, sin haber pasado una cuarentena socio-sanitaria.

Ser progresista no significa tener que quebrantar los deberes de todo contribuyente hacia impuestos y tasas, al tiempo que aumentan, casi esquilmatoriamente, cuando los sueldos han perdido poder adquisitivo, durante decenios, sin que se sepa crear empleo de calidad y en cantidad.

Ser progresista no significa tener que ayudar a políticos desleales, ya suspendidos de empleo y sueldo, ya inhabilitados.

Ser progresista no significa tener que menospreciar a los votantes al no saber/querer/poder pactar acuerdos que beneficien a la sociedad sin sangrarla.

Ser progresista no significa ser frívolo, malgestionando el dinero del Tesoro Público, que no es de nadie (sic), cuyo titular son los impuestos de los contribuyentes, emprendiendo obras faraónicas, que no se utilicen, para acumular patrimonio personal.

Ser progresista no significa tener que utilizar la demagogia y el populismo, como al descubrir malintencionadamente que con el sufragismo, ya centenario, se pueden arañar votos.

Ser progresista no significa tener que aumentar la deuda pública gastando más de lo que se recauda, vía impuestos.

Ser progresista no significa tener que dilapidar descontroladamente subvenciones millonarias procedentes del dinero de los contribuyentes.

Ser progresista no significa redistribuir rentas sin ultimar obligaciones laborales que creen riqueza que repercuta en la sociedad.

Ser progresista no significa tener que regalar pensiones no contributivas sin que exista una contrapartida de deberes comunitarios.

Ser progresista no significa que los amantes de las cuatro patas puedan manifestarse y concentrarse intransigentemente contra la tauromaquia –y toda clase de animales–, amenazando, molestando, sermoneando, sobre la libertad de personas que no piensan como ellos, cuando el psiquiatra Dr. Verrecken opina que forman parte de la variante clínica denominada exhibicionismo de la bondad.

Ser progresista no significa tener que utilizar todas las variantes de inserción del doble género embarullando la lingüística con el sexismo.

Ser progresista no significa intolerancia en ruta hacia la coacción.

ALFONSO CAMPUZANO
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DESGUACE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (II)

El interés por mejorar la infraestructura sanitaria de los médicos y cirujanos de los años sesenta del siglo pasado tiene un provenir nebuloso – Alfonso Campuzano

Cuando, por poner un ejemplo, la cobertura laboral diurna de cualquier quirófano hospitalario público no supera el 75%, mientras que hay lista de espera inamovible con un mínimo de 90 días –aunque fluctuante, durante los últimos cuarenta años–, significa que la infraestructura médico-quirúrgica de la Seguridad Social no está adaptada a los recursos humanos. 

Aunque dañe a los oídos más sensibles, se puede sintetizar que en la red franquista de hospitales de la Seguridad Social –tan venerada por la ideología izquierdoide, a la que no besan porque no pueden– sobran cirujanos y anestesistas, única y exclusivamente, porque faltan quirófanos suficientes en los que ejerzan diariamente hasta alcanzar el 100% de ocupación. Otra cosa, es la milonga a la que nos tienen acostumbrados los políticos de alterne: se necesitan más médicos, sí, sobre todo para estar cruzados de brazos en el puesto de trabajo y alargar la mano en posición supina de pedigüeño a final de mes, es decir, mantener apesebrados y votar genuflexionadamente a la mano que da de comer.

Aunque a priori resulte una barbaridad social no se necesitan más médicos, sino distribuir adecuadamente a los que hay y, sobre todo, pagarlos mejor, igual que al personal auxiliar, en zonas casi inaccesibles, que deberían contar con apoyos casi inmediatos, aunque fueran aéreos. E ir sustituyendo, en la medida necesaria, fundamentalmente en áreas conflictivas. Sin olvidar un hecho importantísimo –que lo tienen clarísimo las pólizas privadas–, y es que todo hospital, o centro sanitario, debe tratar a cualquier paciente desplazado y pasar la factura al lugar de origen.

La Sanidad pública –olvido que dura más de cuatro décadas– debería funcionar valorando méritos y experiencia de los sanitarios, incluidos los propios médicos, como empleados públicos que son –aunque tratados como estatutarios para lo que conviene al ministerio–, como habitualmente ejerce el empleado público militar, es decir, siguiendo las promociones anuales, utilizando un escalafón, además de las categorías o modalidades de disponible, forzoso, voluntario, pues de esta manera se evitarían muchísimos conflictos, incluidos las listas de espera. Y cuanto más se tarde en organizar la movilidad de plantilla, a todos los niveles, como la castrense, peor.

Hasta los años ochenta, los médicos vivían en los pueblos, y ejercían de todo, protegiendo a los pacientes. Sin embargo, desaparecida ya esta figura, ahora son los pacientes quienes están desprotegidos.

El resultado –ahora en plan de desmantelamiento, que se verá en breve–, se está comprobando desde el inicio de la transferencia del Gobierno central a las Autonomías regionales de inmuebles, a coste cero –porque no son suyos, nunca lo han sido ni son del Estado español, y sí lo han sido y son de los pensionistas, además de los cotizantes–, tales como hospitales públicos y centros sanitarios para que los gestionen.

Este patrimonio sanitario preconstitucional conseguido, año tras año, desde principio de los años cuarenta del siglo pasado, mediante las cotizaciones de todos los trabajadores –a excepción de los políticos–, y de los pensionistas, que ha sumado casi trescientos hospitales públicos y más de mil centros sanitarios españoles entre consultorios y ambulatorios.

Sin embargo, unos por ignorancia y otros por desidia, por engaño o por falta de información, habitualmente escamoteada, durante la transición de la transferencia de Sanidad desde el Gobierno central a las diecisiete regiones autonómicas se obvió la titularidad de los trabajadores y pensionistas, como si el Estado o el Gobierno fueran sus titulares, lo que no es ni medio cierto.

Hoy en día, en franca decadencia, hubo un intento por destruir todo lo alcanzado, perjudicando a la sociedad, por la gracieta del chon de Rajoy, jubilando a miles de médicos en 2013, y años sucesivos, cuando en otros países del entorno serían eméritos con el fin de aprovechar su experiencia dedicada a los más jóvenes y no tirar por la borda lo alcanzado.

En el Estado español –gracias a la aventura complacientemente descuidada y deliberada de gobiernos esquizoides de alterne, tan incompetentes como codiciosos–, se ha consumido paulatinamente, desde 1982, la Caja/Hucha de Pensiones, por falta de honradez, por falta de solidaridad, sin que ningún político diera la alarma, y haya dado detalles, porque no interesaba. Y los trabajadores y pensionistas, auténticos titulares, sin título, de la Seguridad Social, ignaros sobre el tema, y sin saber qué alternativa tomar, mientras las Centrales Sindicales –con tal de continuar magníficamente subvencionadas–, miran de reojo.

Algún togado, de oficio, en defensa de los españoles y de sus pensiones, debería airear y poner sobre el tapete esta duda política desaparecida por escondida.

La pregunta del momento es la siguiente: ¿Por qué los votantes votan encantados a los partidos políticos que les desencantan? ¿Quizá por sedación, por anestesia?

ALFONSO CAMPUZANO
            

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