UN PAR DE CAÑONES MÁS

ALFONSO CAMPUZANO

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DESGUACE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (III)

La sociedad, cuando logra la madurez, tras largos años de aprendizaje, tiene la capacidad suficiente para poder exigir a sus gobernantes – Alfonso Campuzano

Antes de que la Seguridad Social, y su Caja/Hucha de las Pensiones, la den por desaparecida y muerta, políticamente hablando, todos los españoles, sin excepción, tendrían que plantearse seriamente una solución para los siguientes puntos:

Disminuir en dos tercios los casi medio millón de políticos –actualmente hay un político por cada 105,9 habitantes–, que han emergido en los últimos cuarenta años, que han demostrado muy buena gestión para su creciente patrimonio personal –algunos ya millonarios, sobre todo socialistas, desde la apertura de veda señalada por el exministro Carlos Solchaga, socialista él, al apuntar: ‘En este país el que no se hace rico es idiota’–, pero nulo para el bien común, que viven a cargo de los contribuyentes, sin aportar poco más que sus vagas ideas legislativas, que nunca jamás cumplen, pero pretenden que los demás, por imperativo legal, sí tienen que cumplirlas.

Disminuir/anular los privilegios políticos que se otorgan a sí mismos, es decir: sueldo; comisiones; desplazamientos mediante peaje, taxi; dietas y manutenciones; portavocías; despachos; vehículos oficiales; chóferes; secretarías y secretarias; multiasesores; asistentes; comidas de trabajo; alojamiento en hoteles; viajes con billete de primera clase en avión, barco, tren; tarjetas de crédito personales; teléfonos fijos y móviles con su red; computadoras; subvenciones; escoltas; mudanzas; indemnizaciones por cesantía del cargo; y un etcétera largo de prebendas, sin cotizar su totalidad a la Seguridad Social –cuyo significado, al ser dinero negro, es corrupción–, porque su trabajo, como su nombre indica, es un Servicio al reino de España, por tanto, cada cargo político debería cobrar exactamente lo mismo que cobraba antes de ser elegido, incluso para cargos de empresas públicas, sin pensar en indemnizaciones. Además de prohibir los autoincrementos de sueldos sin haber solicitado una auditoria externa. 

Anular los privilegios a ex presidentes y ex ministros, tales como el despacho, el coche oficial, la secretaría, el sueldo vitalicio, etcétera, y equiparar su pensión a la que corresponda por sus años de cotización, como cualquier trabajador, que es de justicia. 

Disminuir los impuestos, tanto directos como indirectos, de las cuatro administraciones del Estado: central, autonómica, provincial, municipal, que llegan al 70%, contribuyendo a esquilmar seriamente el bolsillo de los contribuyentes.

Disminuir la deuda pública de un billón ciento noventa y nueve mil setecientos setenta y tres millones de euros (1.199.773.000.000€), cuando en 1975 era de ciento setenta y cinco mil millones de pesetas (175.000.000.000pta.), que traducido a euros eran mil cincuenta y un millones setecientos setenta y un mil ciento ochenta (1.051.771.180€). Una deuda que ha aumentado mil veces, lo que significa un derroche faraónico, sin salida, y hacia un suicidio financiero ralentizado.

Disminuir/negar las condonaciones de deuda a otros países –regalo o perdón financiero– para que con tal cantidad se consiga pagar la deuda pública propia.

Disminuir en dos tercios el aporte de los contribuyentes a todo tipo de elecciones –generales, autonómicas, municipales, europeas–, de manera que si, cada una de las elecciones, cuesta 170.000.000€ de los impuestos –correos (36%); escrutinio y difusión de datos (11%); logística (11%); cuerpos y fuerzas de seguridad (42%)–, sólo pagarían un tercio, mientras el resto lo pagarían, tanto los partidos políticos como los propios interesados.

Disminuir/anular el sembrado de subvenciones millonarias descontroladas, plasmadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que los partidos políticos asignan a Empresas públicas, a Partidos políticos, a Centrales Sindicales, a Fundaciones, a Patronales, a Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), etcétera, que inocentemente pagan los contribuyentes sin que hayan pedido permiso. Sería recomendable que no se filosofara con las macroayudas transformadas en subvenciones a fondo perdido cuando lo que debieran aumentar son los préstamos a nulo interés, ya que cerca de veinte mil millones de euros (20.000.000.000€) han desaparecido sin haber constatado un mínimo reflejo de transparencia económica.

Suprimir la población de presidiarios extranjeros –casi veinte mil–, extraditándolos a su país de origen, ya que cada uno del total (60.000) cuesta a los contribuyentes 65€/día, es decir, 23.725€/año. Asimismo, programar progresistamente al resto de la población presidiaria autóctona para tareas comunitarias/sociales de asfalto de carreteras, limpieza de calles, limpieza de jardines, etcétera.

Que los políticos deben pagar el Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) y Seguridad Social (S.S.), sí o sí, de todo lo que ingresen mensualmente, y percibir una sola pensión –en lugar de dos o tres–, precisamente la que corresponda exclusivamente por su tiempo en el cargo.

Que las pensiones no contributivas deben cargarse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y no en la Seguridad Social, simplemente por no haber cotizado, tales como las bonificaciones al empleo, los incentivos, la reducción de cotización a la contratación, las subvenciones, los inmigrantes, los refugiados, las personas que cuidan de dependientes, las personas en riesgo de exclusión social, porque según el economista Howard Kershner: "Cuando la gente le confiere al Gobierno el poder de quitarles a ellos para darle a otros, el proceso no se detendrá hasta que el último hueso del último contribuyente quede desnudo."

Que como complemento a la mano que mete en la Caja, se deje de realizar préstamos a la Seguridad Social (S.S.) –muy difíciles de restituir–, en lugar de transferencias corrientes, pagadas con impuestos, porque lo único que quizá se consiga con ello sea ayudar a los Bancos a mantener su nivel.

Que los políticos deben ser multados y/o suspendidos de empleo y sueldo cada vez que, sin justificación médica, se ausenten de su escaño durante los plenos y las comisiones.

Que los políticos, cuando sean imputados por su mala gestión ante los tribunales, tengan prohibido defenderse empleando dinero de los contribuyentes.

Concluyendo: No hay que olvidar encarecidamente que estas exigencias nunca jamás se alcanzarán si la sociedad española no se toma en serio que debe madurar para reivindicar lo que es suyo.

Añadiendo: Si siempre hay, y nunca faltará, para el resto de los Ministerios, se debe dejar de amenazar con la falacia reiterativa del hundimiento de la Seguridad Social.

           ALFONSO CAMPUZANO

                  

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PROGRESISMO DE PALESTRA

Apropiarse políticamente de un término común, y no cumplir con su significado, es como apropiarse de un color, que es patrimonio universal – Alfonso Campuzano

La Real Academia Española (R.A.E.) define progreso, en su primera acepción, como la acción de ir hacia adelante y, en su segunda, como avance, adelanto, perfeccionamiento.

Todos los partidos políticos, en su evolución, exigidos por la sociedad, se han ido amoldando a los tiempos y, en mayor o menor medida, se han hecho progresistas, unos de boquilla más que otros.

Sin embargo, ha sido precisamente la ideología izquierdoide quien ha madrugado a la hora de haber saltado antes que sus adversarios a la palestra –sin permiso, y gracias a sus dotes demagógicas, a su método propagandístico, a su continua campaña electoral, a su incombustible moralina verborreica, dedicada a vilipendiar–, consiguiendo adueñarse de un significado que no ha llegado a entender y menos a cumplir, con el agravante de desvirtuar, y de dinamitar, el prestigio reconocido, siempre apoyado en el dinero que no es suyo, sino de los contribuyentes.

Ser progresista no significa tener que incumplir, tanto la promesa/jura de la Constitución’78 como las leyes, para que impere la discrepancia.

Ser progresista no significa tener que mentir ante el parlamento, incluso ante cualquier micrófono.

Ser progresista no significa tener que abusar del poder por conveniencia política y/o personal, y aumentar los ministerios y consejerías para pagar favores escatológicos.

Ser progresista no significa votar su propio aumento de salario y tener la obligación de disfrutar de privilegios y vicios, evidentemente políticos.

Ser progresista no significa tener que ofrecer diariamente indecisión, irritación, retroceso, sospecha, además de disponer de centenares de asesores con cargo a los contribuyentes.

Ser progresista no significa destruir lo que disgusta de antaño, como tergiversar la Historia –que ya han memorizado hasta la saciedad, tanto partidarios como detractores–, sino tratar de mejorar/actualizar aquello que puede haber quedado obsoleto, y sin herir susceptibilidades.

Ser progresista no significa tener que hacer la vista gorda hacia la desintegración, tanto territorial como social.

Ser progresista no significa fomentar una pseudosolidaridad con el tráfico de personas en barcos negreros del siglo XXI, que se exhibe de manera discontinua, embarullada, exagerada, indiscreta, al reventar unas normas, que atentan contra la legalidad vigente.

Ser progresista no significa tener abiertas de par en par las fronteras a la ilegalidad, a la delincuencia, a la inseguridad sanitaria por la exposición a enfermedades infecto-contagiosas, sin haber pasado una cuarentena socio-sanitaria.

Ser progresista no significa tener que quebrantar los deberes de todo contribuyente hacia impuestos y tasas, al tiempo que aumentan, casi esquilmatoriamente, cuando los sueldos han perdido poder adquisitivo, durante decenios, sin que se sepa crear empleo de calidad y en cantidad.

Ser progresista no significa tener que ayudar a políticos desleales, ya suspendidos de empleo y sueldo, ya inhabilitados.

Ser progresista no significa tener que menospreciar a los votantes al no saber/querer/poder pactar acuerdos que beneficien a la sociedad sin sangrarla.

Ser progresista no significa ser frívolo, malgestionando el dinero del Tesoro Público, que no es de nadie (sic), cuyo titular son los impuestos de los contribuyentes, emprendiendo obras faraónicas, que no se utilicen, para acumular patrimonio personal.

Ser progresista no significa tener que utilizar la demagogia y el populismo, como al descubrir malintencionadamente que con el sufragismo, ya centenario, se pueden arañar votos.

Ser progresista no significa tener que aumentar la deuda pública gastando más de lo que se recauda, vía impuestos.

Ser progresista no significa tener que dilapidar descontroladamente subvenciones millonarias procedentes del dinero de los contribuyentes.

Ser progresista no significa redistribuir rentas sin ultimar obligaciones laborales que creen riqueza que repercuta en la sociedad.

Ser progresista no significa tener que regalar pensiones no contributivas sin que exista una contrapartida de deberes comunitarios.

Ser progresista no significa que los amantes de las cuatro patas puedan manifestarse y concentrarse intransigentemente contra la tauromaquia –y toda clase de animales–, amenazando, molestando, sermoneando, sobre la libertad de personas que no piensan como ellos, cuando el psiquiatra Dr. Verrecken opina que forman parte de la variante clínica denominada exhibicionismo de la bondad.

Ser progresista no significa tener que utilizar todas las variantes de inserción del doble género embarullando la lingüística con el sexismo.

Ser progresista no significa intolerancia en ruta hacia la coacción.

ALFONSO CAMPUZANO
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DESGUACE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (II)

El interés por mejorar la infraestructura sanitaria de los médicos y cirujanos de los años sesenta del siglo pasado tiene un provenir nebuloso – Alfonso Campuzano

Cuando, por poner un ejemplo, la cobertura laboral diurna de cualquier quirófano hospitalario público no supera el 75%, mientras que hay lista de espera inamovible con un mínimo de 90 días –aunque fluctuante, durante los últimos cuarenta años–, significa que la infraestructura médico-quirúrgica de la Seguridad Social no está adaptada a los recursos humanos. 

Aunque dañe a los oídos más sensibles, se puede sintetizar que en la red franquista de hospitales de la Seguridad Social –tan venerada por la ideología izquierdoide, a la que no besan porque no pueden– sobran cirujanos y anestesistas, única y exclusivamente, porque faltan quirófanos suficientes en los que ejerzan diariamente hasta alcanzar el 100% de ocupación. Otra cosa, es la milonga a la que nos tienen acostumbrados los políticos de alterne: se necesitan más médicos, sí, sobre todo para estar cruzados de brazos en el puesto de trabajo y alargar la mano en posición supina de pedigüeño a final de mes, es decir, mantener apesebrados y votar genuflexionadamente a la mano que da de comer.

Aunque a priori resulte una barbaridad social no se necesitan más médicos, sino distribuir adecuadamente a los que hay y, sobre todo, pagarlos mejor, igual que al personal auxiliar, en zonas casi inaccesibles, que deberían contar con apoyos casi inmediatos, aunque fueran aéreos. E ir sustituyendo, en la medida necesaria, fundamentalmente en áreas conflictivas. Sin olvidar un hecho importantísimo –que lo tienen clarísimo las pólizas privadas–, y es que todo hospital, o centro sanitario, debe tratar a cualquier paciente desplazado y pasar la factura al lugar de origen.

La Sanidad pública –olvido que dura más de cuatro décadas– debería funcionar valorando méritos y experiencia de los sanitarios, incluidos los propios médicos, como empleados públicos que son –aunque tratados como estatutarios para lo que conviene al ministerio–, como habitualmente ejerce el empleado público militar, es decir, siguiendo las promociones anuales, utilizando un escalafón, además de las categorías o modalidades de disponible, forzoso, voluntario, pues de esta manera se evitarían muchísimos conflictos, incluidos las listas de espera. Y cuanto más se tarde en organizar la movilidad de plantilla, a todos los niveles, como la castrense, peor.

Hasta los años ochenta, los médicos vivían en los pueblos, y ejercían de todo, protegiendo a los pacientes. Sin embargo, desaparecida ya esta figura, ahora son los pacientes quienes están desprotegidos.

El resultado –ahora en plan de desmantelamiento, que se verá en breve–, se está comprobando desde el inicio de la transferencia del Gobierno central a las Autonomías regionales de inmuebles, a coste cero –porque no son suyos, nunca lo han sido ni son del Estado español, y sí lo han sido y son de los pensionistas, además de los cotizantes–, tales como hospitales públicos y centros sanitarios para que los gestionen.

Este patrimonio sanitario preconstitucional conseguido, año tras año, desde principio de los años cuarenta del siglo pasado, mediante las cotizaciones de todos los trabajadores –a excepción de los políticos–, y de los pensionistas, que ha sumado casi trescientos hospitales públicos y más de mil centros sanitarios españoles entre consultorios y ambulatorios.

Sin embargo, unos por ignorancia y otros por desidia, por engaño o por falta de información, habitualmente escamoteada, durante la transición de la transferencia de Sanidad desde el Gobierno central a las diecisiete regiones autonómicas se obvió la titularidad de los trabajadores y pensionistas, como si el Estado o el Gobierno fueran sus titulares, lo que no es ni medio cierto.

Hoy en día, en franca decadencia, hubo un intento por destruir todo lo alcanzado, perjudicando a la sociedad, por la gracieta del chon de Rajoy, jubilando a miles de médicos en 2013, y años sucesivos, cuando en otros países del entorno serían eméritos con el fin de aprovechar su experiencia dedicada a los más jóvenes y no tirar por la borda lo alcanzado.

En el Estado español –gracias a la aventura complacientemente descuidada y deliberada de gobiernos esquizoides de alterne, tan incompetentes como codiciosos–, se ha consumido paulatinamente, desde 1982, la Caja/Hucha de Pensiones, por falta de honradez, por falta de solidaridad, sin que ningún político diera la alarma, y haya dado detalles, porque no interesaba. Y los trabajadores y pensionistas, auténticos titulares, sin título, de la Seguridad Social, ignaros sobre el tema, y sin saber qué alternativa tomar, mientras las Centrales Sindicales –con tal de continuar magníficamente subvencionadas–, miran de reojo.

Algún togado, de oficio, en defensa de los españoles y de sus pensiones, debería airear y poner sobre el tapete esta duda política desaparecida por escondida.

La pregunta del momento es la siguiente: ¿Por qué los votantes votan encantados a los partidos políticos que les desencantan? ¿Quizá por sedación, por anestesia?

ALFONSO CAMPUZANO
            

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DESGUACE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (I)

Es una frivolidad tratar de responsabilizar a los trabajadores de la merma de los Fondos de la Seguridad Social cuando hay ineptitud política para poner remedio – Alfonso Campuzano

Hubo un comienzo, precisamente con el Gobierno socialista de Felipe González, en 1982, en el momento en que Alfonso Guerra, el vicetodo, puso la primera piedra de su neófita gestión, al manifestar con sarcasmo:

–A España no la conocerá ni la madre que la parió.

Era una época en la que a los aprendices de gobernantes –sorprendentemente encumbrados mayoritariamente por las urnas–, todo el dinero que recaudaba Hacienda/Agencia Tributaria les parecía poco, sobre todo porque lo necesitaban para realizar macroinversiones; para regalar macrosubvenciones; para invertir en la compra de votos, que les permitiera perpetuarse en el poder, teniendo como base la provocación de un endeudamiento exponencial al utilizar los fondos de la Seguridad Social, debido a la mala utilización del dinero para menesteres diferentes a los que estaban previstos, como para parchear probables cuentas incompletas o mal calculadas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Tales fondos –que nacieron de una Dictadura preconstitucional, mediante la promulgación del Fuero del Trabajo(1938), seguida del Fuero de los Españoles(1945), continuada con la Ley de Bases de la Seguridad Social(1963), ampliada con la Ley General de la Seguridad Social(1966), profundizada con la Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora(1972)– habían sido intocables desde hacía más de cuarenta años, hasta el momento del gran descubrimiento socialista del que participaron todos los gobiernos subsiguientes.

Para ello, no dudaron en decretar la ampliación de la lista de cotizantes a la Seguridad Social –exceptuándose a sí mismos, al fin y al cabo, como políticos que eran–, que aumentaron en varios millones, entre ellos los autónomos, a los que exigieron su pertenencia y abandono de sus pólizas de seguros privados, que incluían la sanidad.

También, promulgaron la exigencia de que cada funcionario por oposición pluriempleado –que pluricotizaba para su futura pluripensión–, tuviera sólo un empleo cotizante para su pensión única, a la vez que Hacienda/Agencia Tributaria confiscaba inmediatamente las cotizaciones ahorradas.

La progresiva mala calidad de los empleos actuales como la temporalidad y la precariedad generan sueldos bajos, que poco contribuyen, sobre todo cuando en España se trabaja cerca de cuatrocientas horas de media anual más que en Alemania y cerca de doscientas horas de media anual más que en Francia. Los pensionistas han cotizado lo exigido suficientemente, mientras que los políticos, entre indemnizaciones al abandonar sus cargos, las bajas o nulas cotizaciones, son un lastre para la Caja/Hucha de las Pensiones.

En aquel tiempo, las Centrales Sindicales estaban pendientes de recibir un patrimonio –en su mayor parte proveniente de una memoria virtual–, incluso magnánimas subvenciones, no se manifestaron ante la envergadura de tal atropello, o quizá sí, sino que fraguaron la programación de los llamados Cursos de Formación, que no departían o departían a medias, con tal de afanar dinero subvencionado.

De la Seguridad Social, es decir, de la Caja/Hucha, además de abonar las pensiones contributivas, propias de todos los cotizantes, desgraciadamente también se abonan pensiones no contributivas para bonificar al empleo; para pensionar a inmigrantes ilegales y refugiados; para incentivar; para pensionar a madres solteras trabajadoras o no; para pagar a personas que cuidan a familiares dependientes; para pagar a personas en riesgo de exclusión social; para reducir la cotización a la contratación; para subvenciones; etcétera. Lo cual denota un error político de gestión económica deshonesta e injusta, que destroza la sociedad al estar pasando factura.

Una solución pasaría porque las pensiones no contributivas dependieran de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y otra sería poder vender al Estado el patrimonio de la Seguridad Social, incluida su red hospitalaria –tres centenares de centros hospitalarios y más de mil centros sanitarios–, construidos a partir de los años sesenta del siglo pasado hasta la actualidad, porque no son ni mucho menos patrimonio del Estado español, aunque sí han contado, y cuentan, con su garantía, ya que no se construían con dinero de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino con el de los trabajadores cotizantes y los descuentos mensuales a los pensionistas.

Sin embargo, los diferentes gobiernos de alterne se han permitido el lujo de transferir unos inmuebles que no son suyos, para que sean gestionados por las Comunidades Autónomas.

ALFONSO CAMPUZANO
            
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CICUTA POLÍTICA

La ideología izquierdoide española, centenaria ella, a diferencia de otros países, denomina progresistas a sus discursos antisociales, anticulturales, antiespañoles – Alfonso Campuzano

El suicidio inducido de un partido político liderado por una persona egoísta, que sumado a matices de cierta figura psiquiátrica, ha marcado la ruta de una teórica implosión constitucional.

La Ley de Leyes –Constitución española de 1978 o Carta Magna– no debe ser tan mala, como la pintan sus más que variados ignaros detractores, cuando lo que trata de beneficiar es la convivencia social, que dura ya 40 largos años.

Dado que la uniformidad no existe en la naturaleza es por lo que en toda sociedad, apoyada en el temor, puede dar lugar a que broten secuelas fanáticas que, durante la evolución humana, a través de la noche de los tiempos, apunten cíclicamente a una posible retrocesión.

El baile reiterativo de la yenka –cuyos pasos hicieron furor juvenil como canción del verano de 1965– define muy bien el tipo de política que ejerce cualquier país, incluido el reino de España.

Una pequeña parte de la burguesía de la región catalana –apoyada por inmigrantes de las restantes regionales, durante el siglo pasado, sumados a los ilegales y refugiados internacionales, sobre todo durante el presente siglo, favorecida mediante macroinversiones y macrosubvenciones procedentes del resto del territorio español–, ha elaborado una desorientación doctrinaria basada en la aberración de una quimera económica, sobre todo ambientada en su ancestral costumbre de chantajear al resto de los españoles durante los últimos trescientos años que duran sus incongruentes reivindicaciones sin resolver, y lo que te rondaré morena.

La Historia universal está llena de anomalías humanas, análogas a la colocación de obstáculos, aunque quizá sean necesarias para que cualquier país evolucione. Sin embargo, así no hay país que prospere, pues se necesita un gobernante que no asuma, por cobardía, todo aquello con lo que continúan coaccionando los políticos catalanes. Ya está bien. Durante los últimos cuarenta años, sin olvidar los cuarenta anteriores, todos los gobiernos centrales han dictado innumerables concesiones gratuitas y, de paso, con la mirada perdida.

Con valentía se podría resolver un litigio virtual que sólo ha servido para engordar patrimonios –léase familia Jordi Pujol, Artur Mas, y algún etcétera más–, que no han devuelto ni pesetas ni euros, ni hay visos de que lo devuelvan, quizá porque si mueven la correa de transmisión, por falta de engrasado en cash, el engranaje chirríe.

La salida de pata de banco, por parte del Gobierno, de intentar imponer temporalmente un relator –un funcionario encargado de vigilar conflictos graves, actualmente en standby indefinido– en connivencia con rebeldes independentistas fue resuelta en breve tiempo, dando idea de su programa político, aunque no de manera definitiva hasta que surja el subsiguiente susto.

Insistir en un diálogo constitucional imposible –porque una de las partes se niega desde siempre–, es perder el tiempo y, sobre todo, engañar a los contribuyentes que aportan sus impuestos, casi esquilmatorios.

¿Qué se puede esperar de una sociedad que expone su razón sedada, incluso anestesiada, al permitir que algunos dirigentes políticos no cumplen ni hacen cumplir la Carta Magna, mediante demagogia descarada, desde hace más de treinta años?

Desde hace más de un siglo se instaló la obsesión –figura psiquiátrica por antonomasia–, de querer imponer una ideología izquierdoide aparentemente española, cuando no dispone de ideas propias, sino copiadas de regímenes totalitarios.

La derecha gubernamental, desde el seppuku de Las Cortes Españolas, acomplejada por un marcado sentido de culpabilidad, fue secuestrada por la ideología izquierdoide, sobre todo por los medios de comunicación, que cuenta con la benevolencia social, que permite un discurso antiespañolista, antisocial, y anticultural.

ALFONSO CAMPUZANO

         
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y RESPIRATORIA

Ciertas herramientas de trabajo, ante cualquier esfuerzo físico, por muy útiles que aparenten ser a simple vista, no son todo lo beneficiosas y adecuadas para mantener íntegramente la salud – Alfonso Campuzano

Hace varios años que los municipios, además de algunas empresas privadas dedicadas a la jardinería, descubrieron que el mercado ponía a su disposición unas pequeñas máquinas espiradoras, a motor –portátiles y mochileras–, desconociendo que eran ínfimamente higiénicas; que impurifican el medio ambiente con su olor a combustible fósil barato; que contaminan el entorno mediante el ruido de sus excesivamente elevados decibelios; que transmiten enfermedades a través de la vía aérea.

Espiradora urbanícola

Pero lo verdaderamente preocupante de tales aparatos es que son muy perjudiciales para la salud; fundamentalmente porque afectan al aparato respiratorio del personal que lo maneja, puesto que camina envuelto en una nube de material tóxico despedida por tal utensilio, así como del transeúnte que circula por su lado; en síntesis, que trastocan el ecosistema urbanícola.

Uno de los mayores inconvenientes que tiene la función de esta herramienta de trabajo es que esparce con brusquedad un chorro centrífugo de aire materialmente sucio en el que está cubierto todo aquel componente ligero de peso, que pilla a su paso.

La aglomeración así conformada transporta detrītus vegetales envueltos de polvo atmosférico, con el agravante de elevarla a varios metros del suelo para aterrizar en cualquier zona imposible de seleccionar de antemano y sus alrededores, incluso en el cuerpo de la persona que maneja el aparato, y sin olvidarse de los viandantes.

Asimismo, muy bien acompañada siempre de múltiples y peligrosos microorganismos, alterados y virulentos, que pululan a su antojo en el suelo –semejantes a ácaros, bacterias, hongos, polen–, dispuestos a atacar a todos y cada uno de los seres vivos.

Quienes más pueden sufrir sus consecuencias son, sobre todo a aquellas personas portadoras de bajas defensas inmunológicas al implicarse e interaccionar con eventuales patologías respiratorias –equivalentes a asma bronquial, cáncer, cardiopatías, ictus–, pudiendo causar diversas alergias –afines a alveolitis, dermatitis, neumonitis, urticaria–, lo que genera un cuadro de enfermedades profesionales que pueden llegar a abocar en una discapacidad física.

Ante todo esto, resulta muy difícil comprender cómo el Ministerio de Sanidad, en sus diecisiete variantes –diecisiete consejerías autonómicas–, lo mismo que el departamento de Medicina Preventiva de cada Empresa –ya sea pública o privada–, ha dado su visto bueno a un utensilio de trabajo tan antihigiénico, tan perturbador para la convivencia saludable ante posibles consecuencias imprevisibles e inevitables de su uso continuado, fundamentalmente sobre diversas partes del organismo humano.
Por ello, las autoridades sanitarias competentes deberían exigir, por una parte, y con carácter de urgencia, la instalación de un silenciador que ampare a la vecindad de su contaminación acústica ambiental y, por otra, tan urgente como la anterior, que los trabajadores, preventiva e ineludiblemente, porten un casco protector que resguarde la vista, el oído, la nariz y la boca, aparte de un traje hermético por el que no pueda traspasar el polvo esparcido.

Pensando en el bien común, es poco sensato, sobre todo pernicioso para la salud, no tener en cuenta la exposición de estas pautas de higiene colectiva urbanícola.

ALFONSO CAMPUZANO

            



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