RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS

La paz social de un Estado se alcanza cuando deja de existir un agravio comparativo entre inmigrantes/refugiados y nativos desempleados – Alfonso Campuzano

Desde hace varios meses, y de una manera incansable, se recibe, ya sea por correo electrónico o por whatsapp, una noticia, parece ser la misma, en la que se cuenta, con pelos y señales, cómo hay diferentes varas de medir dentro del propio Estado español, según normas gubernamentales, no de ahora, sino desde hace tiempo, para conseguir la llamada Renta de Garantía de Ingresos (R.G.I.) que, por lo visto, se refiere a algo completamente diferente a lo que se conoce con el nombre de Subsidio por Desempleo.

Una parte del dinero se destina exclusivamente a las personas llamadas inmigrantes ilegales y sin papeles y, por otra, se dirige a personas nativas españolas en situación de desempleo. Este planteamiento bipolar que han desarrollado las instituciones españoles se asemeja a una barbaridad social sobre la que probablemente existe una omertà con respecto a los medios de comunicación. Sin embargo, es digno reconocer que algo ha saltado a la palestra con dos frentes distintos y abiertos: un alcalde valiente, y unos funcionarios de ventanilla de cualquier Oficina de Desempleo, que se han decidido a hablar, cada uno con sus medios. Un debate interesante que merece la pena contrastar y que, con matices, coinciden en lo fundamental, que no es poco.

Las prestaciones por subsidio sirven para atender a aquellas personas que habiendo perdido su trabajo, queriendo trabajar, no pueden hacerlo, y además tienen cargas familiares. No creo que nadie puede haberse olvidado que, toda ayuda pública que dona alegremente cada gobierno, sale del esfuerzo de los contribuyentes, que cotizan con su propio sueldo mensual.

Los inmigrantes ilegales y sin papeles: ¿Por qué se les llama ilegales y sin papeles? ¿A qué se dedicaban en su país de origen? ¿Se sabe algo de su vida laboral y académica anterior? Son preguntas de un problema muy difícil de solucionar, un terrible dilema para los países de acogida, porque ¿a qué país se les repatría al ser ilegales y sin papeles? La inmigración, como tal, para cualquier Estado, que no haya hecho bien sus deberes, tal es el español, resulta una ecuación polémica a desarrollar, como preferencia política a la hora de distribuir el dinero de la Hacienda pública, con la vista puesta en las múltiples elecciones de todo tipo y condición. La asunción total de la inmigración por cualquier Estado es muy difícil de asumir, por no decir imposible.

Es curioso que el colectivo de inmigrantes ilegales y sin papeles, al ser admitidos, inmediatamente se apuntan al paro, no para trabajar, sino para cobrar, gracias a los/as asistentes sociales movilizados, está muy bien informado, tal que saben mucho más de sus derechos que los propios españoles, procurando explotar hasta el límite y, si de ellos dependiera, intentando dejar al Estado de Bienestar al borde de la bancarrota. Los propios requisitos para poder acceder a la llamada Renta de Garantía de Ingresos (R.G.I.) parecen muy endebles para un inmigrante, pero muy rígidos para un nativo, porque sus datos están computarizados en los entes institucionalizados.

En conversaciones particulares, tipo vox populi, sin levantar el tono, los mensajes son muy parecidos: si el inmigrante trabaja y cotiza seis meses, ya puede agrupar a la familia, renovar el permiso de residencia, teniendo más dinero disponible, viviendo tan bien de las ayudas sociales concedidas tanto estatales como autonómicas y locales, incluso abusando de ellas, aprovechándose tanto, casi puede decirse, con toda tranquilidad, que son para toda la vida. Y, sin exagerar lo más mínimo, porque conoce cuántos días ha de trabajar, o simular un trabajo que no existe en empresas ficticias, para lograr encadenar toda ayuda, hasta convertirse en perpetua.

El asunto se está convirtiendo en una santabárbara. No se trata de ahondar en las diferencias sociales ni incrementar la crispación. No se trata de una incitación al odio y menos aún atacar a la dignidad de las personas, como mucho, la normativa de las instituciones están atacando a la dignidad de los españoles nativos que no pueden acceder, en igualdad de condiciones, a la misma prestación que los inmigrantes ilegales y sin papeles, lo cual es un agravio comparativo. La paz social que se vive es virtual, creada por políticos con miras electorales, contando con que la caridad ha de estar presente para ayudar al semejante, olvidándose que caen fácilmente en la falsa caridad al denegar la misma ayuda a un nativo, ayudando a crear bolsas de pobreza a las que apenas se hace caso.

Debería revisarse, a la mayor brevedad posible, el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (R.G.I.) de los inmigrantes ilegales y sin papeles, excluyendo del sistema de ayudas a los que no tienen permiso de residencia, a los condenados por delitos graves, a las personas que no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social y a aquellas con menos de diez años de empadronamiento, porque el reino de España se está convirtiendo, ya lo era antes, en el país más garantista y subvencionista del planeta para cualquiera que venga de fuera, menos para el propio nativo español.

Alfonso Campuzano
          

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