El reciclado de residuos orgánicos e inorgánicos, desde siempre, ha sido una necesidad socio-sanitaria indispensable que ha evolucionado hasta convertirse en una industria – Alfonso Campuzano
Todos los ayuntamientos están obligados a recoger y reciclar los residuos en plantas adecuadas de tratamiento y eliminación. Por esta razón, las familias deben ceder graciosamente, a modo de gratis total, esta materia prima, sea orgánica o inorgánica, sin recibir a cambio un desembolso de las empresas de explotación privada.
¿En qué partida presupuestaria consistorial se pueden leer los beneficios conseguidos por los ciudadanos en su ayuda al reciclado?
En general los ciudadanos no tienen por qué conocer el circuito que emplean tales empresas ni siquiera conocer si hay libro de entregas, tanto de entradas como de salidas, incluso albaranes o recibos, mediante cuadrantes contables con el debe y el haber, en cuanto al transporte empleado.
Sorprende más aún que no se hable con diafanidad de esta labor socio-sanitaria, lo que indica cierta turbiedad, pues es casi imposible de creer que estas empresas privadas, y sus intermediarias, trabajen sin ánimo de lucro, cuando reciben subvenciones que salen de las tasas e impuestos.
El Ayuntamiento de Valladolid, un suponer, dispone de una planta de reciclaje privada denominada Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos, que anualmente mantiene con casi medio millón de euros pagado por los contribuyentes. O sea, el reciclaje de los multiresiduos supone un gasto para el ciudadano en lugar de ser un beneficio para él.
Dado que se sabe, por estudios más o menos recientes, que de un total de más de veintidós millones de toneladas, un ciudadano español genera más de media tonelada de materia prima residual al año de muy diversa condición.
Algunos ejemplos: restos alimenticios (más de 91 kilogramos por personas); cartón y papel (unos 30 kilogramos por persona); vidrio (unos 20 kilogramos/persona); plástico de procedencia animal, vegetal, sintético, éste con sus múltiples variedades, posiblemente más de medio millón, al menos así era en los años setenta, fundamentalmente derivados del petróleo, aunque también derivados del carbón, del gas natural (unos 14 kilogramos/persona); calzado a base de cuero, espuma, fibra, goma, y ropa, material textil (unos 10 kilogramos/persona); aceite de procedencia animal, mineral, vegetal (más de 3 kilogramos/persona); metales como acero, aluminio, cobre, estaño, hierro, magnesio, níquel, plomo, zinc (más de 2 kilogramos/persona); electrodomésticos (unos 2 kilogramos/persona); medicinas (unos 100 gramos/persona); etcétera. Es decir, cada ciudadano español genera 172 kilogramos de residuos anuales.
Una vez clasificados todos los elementos se embalan para ser vendidos a otras empresas, nunca regalados, cuyo dinero resultante debería ingresar en las arcas municipales, momento en que sería pertinente, reducir los impuestos y tasas municipales, pues no se puede entender que reciclar sea un negocio sólo para ciertas empresas y un gasto para los contribuyentes.
Nuestros antepasados recientes, es decir, abuelos y padres, ya reciclaban lo más sencillo, por lo que recibían un módico beneficio, aunque no supieran emplear esta palabra, en referencia a papel y cartón, así como al vidrio, incluso metales, porque lo restante, incluido lo alimenticio iban a parar al fuego de la cocina bilbaína.
Sin embargo, los partidos políticos y las centrales sindicales, ya en el actual estado de partitocracia, generadora de nepotracia, que no democracia, ante tanta desidia como vertedero ilegal, se apropiaron de la idea en beneficio de empresas recicladoras.
Por ello, sería loable que cada familia exigiera lo que le corresponda por esos teóricos 172 kilogramos/persona/año de residuos aportados para que más de 10.000 empresas públicas, con gerencia privada, subvencionadas con dinero de los contribuyentes, sin recibir nada a cambio, ni siquiera una rebaja de los impuestos, no continúen haciendo patrimonio a costa de los contribuyentes.
ALFONSO CAMPUZANO
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