Las diecisiete transferencias de Sanidad, teniendo como excusa los recortes, sin importar el perjuicio al derecho a la salud, iniciaron un mercado especulativo basado en el subasteo de productos farmacéuticos – Alfonso Campuzano
El boticario de la esquina, el de confianza, el de toda la vida, es el que, off de record, comunica informalmente que el desavituallamiento de algunas existencias farmacéuticas se ha instalado hace unos meses/años –dependiendo de cada una de las diecisiete regiones–, para quedarse por tiempo indefinido, lo que plantea un riesgo potencial colectivo para la salud pública.
El que los despachos de farmacia aparentemente estén desabastecidos tiene como principal responsable el Gobierno de alterne –marcador de precios al consumo–, seguido del intermediario –atento al mejor postor–, sin omitir al farmacéutico –indispensable expendedor–, es decir, una triada comercial.
Todos ellos, miran con lupa el tanto por ciento de comisión adecuada a su subsistencia, incluso hacia el horizonte especulativo de su supervivencia. Porque, no se debe olvidar, simplemente para distraer, que siempre queda una alternativa, de mejor o peor calidad, fundamentalmente aquella que deje más ganancia, porque se trata de puro y duro comercio. Y porque, se debe memorizar que, en ciertos casos, aunque no sean extremos, con la salud se comercia, y mucho.
Se ponen excusas que, hasta el momento, jamás se habían producido en los últimos sesenta años –desde que desapareció el famoso Petitorio del Seguro Obligatorio de Enfermedad (S.O.E.) de la postguerra, antes de la llegada del INSALUD cuarenta años después, y de las diecisiete sanidades españolas–, tales como: acrecentamiento súbito del negocio; contratiempos en la productividad; dificultades en la fabricación; inconvenientes para adquirir la base eficaz; cuando lo que agobia es el desmesurado abuso, por parte del Gobierno de alterne con la industria farmacéutica, mediante el sistema de fijación de precios de referencia, al desembolsar menos presupuesto por los medicamentos, lo que provoca inseguridad en la fluidez mercantil.
La primicia se inició en la región andaluza hace más de siete años cuando la mercancía farmacéutica entró en subasta pública decretada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía –una perversión en el ahorro, haciendo creer que con ello se conseguiría eficiencia y equidad, lo que ha generado trastornos para la salud ciudadana al espantar a laboratorios y fabricantes, además de la falta casi total de suministro adecuado–. Toda una lotería para contemplar si la adherencia al tratamiento médico con el medicamento habitual lo van a dispensar.
Con la disminución del suministro, el género alternativo es marcado por el farmacéutico –juez y parte, no sufre ni padece, salvo que expende, al tratarse de una cuestión especulativa en la que acceden varios negociadores tales como los importadores, los distribuidores–, y nunca jamás por los médicos, cuando el paciente –nunca mejor expresado–, que es quien lo requiere y lo sufraga, al comentarle que hay otros fármacos sustitutivos con el mismo principio activo y vía de administración –pero no miliequivalente, todo hay que decirlo– queda fuera de juego, aparte de recorrer infinidad de establecimientos farmacéuticos, porque no entiende que se juegue con su salud, gracias a la dictadura de medicamentos alternativos, que pueden producir intolerancias, alergias, entre otros inconvenientes.
ALFONSO CAMPUZANO
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