Con el miedo adherido al cuerpo se avanza hacia la heroicidad o se retrocede hacia la cobardía – Alfonso Campuzano
En 731 días, Santiago Royuela y su padre Alberto, han conseguido transmitir, mediante 463 vídeos acompañados de documentación original y escaneada, una información que ha llevado más de 25 años de investigación sobre corrupción judicial española –un entramado facineroso, intrigante, oscuro–, cuyo núcleo institucional estaba asentado en Barcelona y del que partía una red criminal expandida por todo el territorio español cuyos tentáculos llegaban a la Gran Logia Masónica de España, incluso a uno de los varios Servicios de Inteligencia existentes en España.
El mal llamado ‘Expediente Royuela’ es un capitulado relato escalofriante de personas infiltradas en el submundo siniestro donde utilizan una maquinaria que averigua lo suficiente para realizar acosos, amaños, asesinatos, atentados, chantajes, compra de voluntades, delitos económicos, desarticulaciones y archivos de posibles diligencias judiciales, encargos de eliminaciones físicas, enriquecimiento ilícito –ingresos dinerarios en cuentas bancarias en Canadá, Galicia, Holanda, Londres, Lyon, México, Panamá, París, Suiza, Venezuela– extorsiones, falsificación de documentos, informes forenses falsos, intimidaciones, pago de favores, psicoterror, seguimientos, sobornos en metálico, tráfico de armas, tráfico de drogas, etcétera.
Los cientos de acosos se realizan mediante vigilancia estrecha, a base de intervenciones telefónicas ilegales, para conocer la vida oculta –amantes, cuentas bancarias, drogas, informes patrimoniales, sexualidad–, de arzobispos, fiscales, forenses, funcionarios de prisiones, hijos y nietos de militares, inspectores de Hacienda, jueces, magistrados, obispos, políticos, religiosos, sacerdotes, seglares, y organismos como Cáritas, Congregaciones, Diócesis, Opus Dei, Partido Familia y Vida, etcétera.
El expediente contiene más de 36.000 documentos originales que configuran un magno archivo –posiblemente con el paso del tiempo pueda ser considerado un tesoro histórico-judicial– interceptado providencialmente en un zulo de la clínica abortista del doctor Morín, cuando se había ordenado que se destruyeran, y trasladado a buen recaudo en un camión a un país extranjero. Unos manuscritos de una organización estricta, inteligente y secreta que dirigía –se desconoce si actualmente continúa en activo– el fiscal José María Mena Álvarez, cuya escritura ha sido analizada por peritos caligráficos de tres países europeos, además de un estudio de las huellas y de su ADN.
Los hechos criminales narrados dieron lugar a las correspondientes denuncias ante más de mil Juzgados en dos ocasiones, y con acuse de recibo, suponiendo que fueron archivadas, sin investigar, al no obtener sin respuesta. Asimismo, presentaron querellas en 2002, 2006 y 2009 en Barcelona con resultado de silencio administrativo. También denunciaron ganancias irregulares en 2004 ante Agencia Española de Administración Tributaria (A.E.A.T.). Ante la gravedad de las circunstancias descritas en los manuscritos no ha faltado el envío de dos cartas personales dirigidas al Jefe de Estado, que llegaron a su destino, pero sin obtener réplica.
Figuran detalladas más de 8.000 manipulaciones de sentencias judiciales mediante prevaricación. Miles de abortos practicados en mujeres con más de seis meses de gestación, es decir, fetos viables no deseados. Además de un Libro de Presupuestos y un Libro de Contabilidad, ambos de encargos y pactos de compensaciones económicas por cada eliminación física.
Por si fuera poco, se puntualizan 1.136 eliminaciones físicas –lista parcial alfabetizada– provocadas por un sicariado mediante un accidente o bien un desestabilizador cardiopulmonar muy bien confirmados y con un protocolo previamente establecido. El PSOE encargó 681 asesinatos (60%); familiares más o menos directos encargaron 398 asesinatos (35%); diversos encargaron 57 asesinatos (5%). Y todos está sin investigar. En comparación, la banda terrorista etarra asesinó a 864 personas, de las cuales 379 han sido investigados, pero no aclarados. Sin embargo, la Unión Europea en noviembre del presente año enviará una comisión de europarlamentarios a España, que fue aprobada en enero de 2020, para investigarlos.
Como colofón han sido dadas a conocer cuatro localizaciones de fosas comunes clandestinas –recientes y constitucionales– en Mequinenza, municipio de Zaragoza; en Vinaroz, municipio de Castellón; en Almacellas, municipio de Lérida; en San Sebastián de los Reyes, municipio de Madrid, con su listado de 48 personas asesinadas y enterradas. Unas fosas que, en su conjunto, albergan más de 300 personas asesinadas –en los papeles se denominan inquilinos– denunciadas con la duda razonable de si serán investigadas.
Hasta ahora, y transcurridos dos años desde que los videos vieron la luz, los juzgados de instrucción y la Fiscalía General del Estado permanecen mudos ante esta barbarie descontrolada que mantiene un golpe de Estado cívico-judicial al ralentí. La censura preconstitucional no ha desaparecido, sino que se ha transformado en censura constitucional.
La familia Royuela, depositaria de este archivo, ha sido sometida a varios intentos de robo y de asesinato por lo que, al verse amenazada, ha pedido amparo a los juzgados, obteniendo como respuesta incívica la denegación de auxilio. Los medios de comunicación subvencionados con dinero de los contribuyentes, tanto escritos como visuales –aparte de que lo saben– tienen la obligación moral de noticiar absolutamente todo, incluidas las referencias políticas con sus virtudes y sus defectos; sin embargo, están mudos a la espera de una orden que no acaba de llegar. Pero los vídeos, gracias a periodistas independientes, se están dando a conocer en las Américas y Europa.
Extraoficialmente, las instituciones españolas conocen todo el entramado criminal, pero desconocen su falta de coraje para poder desarticularlo mediante las instrucciones correspondientes sin que los coja debajo como le ocurrió a Sansón al derribar dos columnas del templo.
Es posible que un Tribunal europeo, o uno estadounidense, o quizás ambos, tengan que intervenir, ya que se delatan hechos delictivos internacionales gravísimos como son tráfico de armas y de drogas con bandas mafiosas y terroristas.
ALFONSO CAMPUZANO
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