EL MISTERIO DE LAS PATERAS (I)

Para aceptar inmigrantes legales es condición indispensable realizar un estudio de necesidades, que desgraciadamente no se ha hecho en España ni tiene visos de que se haga – Alfonso Campuzano

Con la llegada al gobierno del socialista Felipe González, en 1982, se inició un lento y constante aumento de la inmigración ilegal en el territorio español, que fue fomentada por José María Aznar en 1996 con la burda excusa de querer superar en habitantes a Polonia y, por supuesto, accediendo a las peticiones de Jordi Pujol. El incremento continuó con José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, que han logrado desbordar todas las perspectivas al convertirse en un filtro clandestino.

La promoción del negocio de tráfico ilegal de inmigrantes ha conseguido crear una potente infraestructura en la costa africana, habitualmente dirigida por diferentes ONG’s, con la intención de facilitar el embarque metódico en pateras. Unos barcuchos de poco calado, con motores mínimos, prestos a hundirse, que necesitan ser ayudados por naves remolcadoras colaboracionistas hasta avistar la costa canaria, momento en que dan aviso, vía telefónica, a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, que mantiene vigente la infraestructura durante la travesía y la distribución a la llegada.

Más de 4.000 pateras con más de 32.000 inmigrantes sin papeles, han atracado en el archipiélago canario en los últimos 10 meses –en plena pandemia por coronavirus SARS-CoV-2–, que son mantenidos ocultos, dando vueltas a la isla, hasta que anochece. Una vez iniciado el desembarco son distribuidos en varios autocares con destino a hoteles de cuatro y cinco estrellas, pagados con impuestos de los contribuyentes españoles, sin que se entere la población, que está atemorizada, desesperada, y sin que la policía de fronteras les haya detenido por viajar irregularmente.

A los españoles se les exige confinamiento domiciliario, para no contagiar, pero se abren las fronteras a inmigrantes ilegales, supuestos portadores y difusores de enfermedades infectocontagiosas de su país de procedencia, mientras no se demuestre lo contrario. Se vive con un control obsesivo de los españoles para que no se desplacen a otra ciudad, a la vez que un descontrol absoluto sobre la inmigración ilegal que se escapa, incluso viaja en avión sin pasaporte, porque la Policía Nacional, el Ejército, la Guardia Civil, no reciben orden de interceptar a las pateras, autobuses, aviones.

Los establecimientos hoteleros cómplices están repletos, pues ganan mucho más que con turistas, a los que se les prohíbe aterrizar sin un test PCR, ya que habilitan las habitaciones hasta para cuatro inmigrantes de la misma etnia, porque si no estarían en pelea continua, sin examen médico, sin guardar normas sanitarias de uso de mascarilla y distancia de seguridad, mientras ofrecen pensión completa, desplazamiento, lavandería, asistencia sanitaria inmediata y presencial, además de 10€ diarios por inmigrante para gastos personales.

La inmigración es tanta carga como lo son los políticos, que  ayudan con dinero que no es suyo. Todo ello, muy bien negociado con la Cruz Roja Española, subvencionada cuantiosamente por el gobierno, vía impuestos. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que hay cerca de tres millones de españoles sumergidos en la pobreza y en la exclusión social, mientras hacen largas colas por el hambre.

Sirva de comparación que, durante el incendio desencadenado en 2019, las víctimas españolas no fueron alojadas en hoteles, sino en naves y durmiendo sobre colchonetas. La Asistencia Social da cita previa a los españoles, mientras que a los inmigrantes es inmediata.

Se masca la invasión.

ALFONSO CAMPUZANO

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GOLPE DE ESTADO GEOPLANETARIO

 En Política los hechos se materializan a cámara lenta para que no se advierta quién es el protagonista – Alfonso Campuzano

Paulatinamente, y día a día, siguiendo las cuasi órdenes proferidas por el Director General de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), Tedros Adhanom Ghebreyesus, desde la última  semana del mes de diciembre de 2019, lanzaba unas afirmaciones increíbles que iban entrando con calzador y cachaza en las mentes de gobernantes y gobernados.

¿En pleno siglo XXI, y con la flor y nata de la tecnología punta, es posible que ocurra una pandemia? Nadie podía pensar que pudiera ocurrir semejante anuncio. El planeta no estaba en el Época del Medievo, al menos, no todo. Pues sí, estaba iniciándose.

Sin embargo, los gobiernos han claudicado ante un bicho invisible, viniéndoles como anillo al dedo al darles la oportunidad de poder ejercer dictatorialmente en unos países más que en otros, al menos así, en grado sumo, se vive en España, que aprovechando una emergencia sanitaria están desempeñando una nefasta gestión administrativa con decisiones equivocadas, tanto que afectan a derechos fundamentales individuales, que tanta sangre ha costado a través de los siglos, para despertar con una dictadura ultraizquierdista calcada de Cuba, Venezuela, China, Corea del Norte, etcétera.

Un gobierno socialcomunista –la peor coalición que se pueda dar en el terreno político–, al menos en el español, que no ha dudado en ampliar la hiperansiedad mediática de los ciudadanos, a cualquier hora del día, lo que conlleva a establecer prioridades políticas por delante de las sanitarias, entre ellas, médicas, sobresaliendo dejación de funciones habituales en procedimientos médicos y quirúrgicos por sobreactuación en lo desconocido, que han dado lugar a funciones inesperadas.

Desde que, a la luz del día sin despeinarse, se admite que las estadísticas sobre cualquier proceso, ya sean resultados de encuestas o resultados electorales, pueden ser manipuladas mediante algoritmos del ciberespacio, la sociedad española vive en ese universo paralelo, tal como pronosticó el socialista Alfonso Guerra.

Si el gobierno confina –vocablo militar– a todo el mundo, enfermos y sanos, en lugar de aislar –vocablo médico– únicamente a los enfermos, difícilmente la economía puede resistir, con lo que el hambre y la miseria se dibujan en el horizonte.

El gobierno que se ha reído de los gobernados al asegurar que había nombrado un plantel de expertólogos sanitarios inexistente, mientras el cerebro sin tener codificada la utilización continua de mascarilla en el desarrollo de la vida diaria, impide que se desarrollen adecuadamente los cinco sentidos.

Todo ello, en un abanico de gobiernos terrícolas que han obedecido al unísono las órdenes recibidas sobre el coronavirus SARS-CoV-2. Para colmo, ha sido la propia O.M.S. quien ha anunciado que el objetivo no es encontrar la vacuna –aunque se encuentre–, sino acelerar la reorganización de la sociedad hacia la cogobernanza planetaria. 

No hace falta escuchar palabras extranjeras, sino que el ministro espectral de Universidades, Manuel Castells, albaceteño independentista, ya ha hecho suyas anunciando que el orden mundial actual va a ser subvertido por otro nuevo.

Así que, la pandemia era una plandemia orquestada desde donde se ha podido para hacer colapsar al planeta azul.

ALFONSO CAMPUZANO

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MASCARADA CON MASCARILLA

Las armas defensivas utilizadas, cuando se desconoce la talla del enemigo, son desconcertantes – Alfonso Campuzano 

Cualquier persona con una mascarilla aparece enmascarada, siguiendo la técnica escénica tradicional griega. Y, a partir de ahí, la mascarilla fue propuesta, como parte de la vestimenta quirúrgica, a finales del siglo XIX –mejorando su textura a medida que ha pasado el tiempo– como asepsia y antisepsia en favor y defensa de la persona indefensa y anestesiada en el quirófano cuando el cirujano invade su interior tratando de recomponer alguna pieza de su organismo.

La mascarilla en esta zona hospitalaria, casi estéril –la esterilidad absoluta no existe–, es de obligado cumplimiento para que las intervenciones quirúrgicas resulten exitosas y sin que den lugar a temibles infecciones postoperatorias.

Factores añadidos son la temperatura ideal en el quirófano, mediante aire acondicionado a 18° –otra cosa es que se cumpla–, para que los gérmenes no pululen, y con el paciente abrigado mediante una manta eléctrica a temperatura habitual de su cuerpo.

Otro dato importante es que, salvo la enfermera y auxiliar circulantes, en el quirófano apenas se mueve el personal en un espacio de menos de un metro cuadrado.

Los virus existen a la par que la vida se desarrolla en este planeta azul –ni buenos ni malos–, puesto que la carga viral es letal cuando las defensas inmunológicas de los seres vivos son deficientes o ni siquiera existen.

Si el tamaño de los virus varía entre 10 y 100 nanómetros –y un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro–, se puede colegir que para conseguir su visión –nada fácil–, será susceptible de utilizar el microscopio electrónico.

Si el tamaño de los poros de las mascarillas varía entre 0,02 y 2 micras –y una micra es la milésima parte de un metro–, se puede concluir que todos los virus traspasan las mascarillas, sí o sí, en razón de sus respectivos tamaños.

Por tanto, no se debe olvidar que lo fundamental, aparte de la esterilidad en zona quirúrgica, es que el sistema inmunológico de la persona anestesiada esté en perfectas condiciones.

La mascarilla, fuera del quirófano, apenas sirve o muy poco –la eficacia absoluta no existe–, pues es ineficaz parcialmente, porque continúa siendo una defensa fundamental en las distancias cortas, porque para eso, en las largas, ya está el aire libre de la ciudad o de cualquier otro lugar como un pueblo, la montaña, la playa.

La mascarilla puede ser recomendable sanitariamente, nunca jamás impuesta bajo la amenaza de represión, sobre todo al aire libre, y si hay distancia suficiente cuando se aconseja ventilar las casas –que entre aire fresco–, mientras que en zonas abiertas obligan a utilizar la mascarilla ¿incongruencia político-sanitaria? Incongruencias de libro, las justas, que logren desnudar a los políticos.

No hay que engañar ni ser autoengañados. El contagio es la vía natural hacia la inmunización, mientras no haya vacuna –que tardará–, pese a los pitonisos manipuladores con noticias halagüeñas.

Parece ser que el aire acondicionado de los hospitales españoles debe de ser muy obsoleto cuando el contagio actual del coronavirus SARS-CoV-2 supone el 8,8%, mientras que en el transporte público es del 1%.

En siglos pretéritos, sin tanta tecnología como la actual, y por sentido común, las autoridades aislaban a las personas contagiadas, única y exclusivamente, lejos de la vida social, nunca jamás a personas sanas, aunque fuesen portadores, porque cuando la Política manda sobre la Sanidad ocurre lo que está ocurriendo actualmente, intentando cambiar un régimen democrático/partitocrático a uno totalitario.

Utilizar la mascarada de la mascarilla, como pretexto político durante una emergencia sanitaria proclamando un estado de excepción, nunca puede salir bien en este, cada día más claro, golpe de Estado planetario.

ALFONSO CAMPUZANO

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ALARMANTE EXPEDIENTE ROYUELA

El desconocido tesoro histórico-judicial español relatado entre 1991 y 2006 recoge una época tenebrosa que se ha impedido conocer por desidia y miedo – Alfonso Campuzano 

Las más de treinta mil carpetas rojas, con los pertinentes papeles manuscritos del actual ex fiscal José María Mena Álvarez, correspondientes al ‘Expediente Royuela’, depositadas en un zulo de la clínica abortista del Dr. Morín (vídeo 37), no se generaron espontáneamente, como aparentemente se supone, sino que, a pesar de desconocer su comienzo, el hilo conductor finaliza con la jubilación del firmante.

Fascina la envergadura de este tesoro histórico-judicial que, casi día a día, describe pormenorizadamente los actos de una banda criminal manifiestamente experimentada en delinquir, desde la potestad que confiere el ejercicio distorsionado hacia los más bajos y primitivos instintos de una magistratura delegada, en representación del Ministerio de Justicia.

Los papeles de ida y vuelta dan cuenta de la vida cotidiana de una organización muy estricta en cuanto a las normas de seguimiento y cumplimiento de todo lo pactado a la carta, según los peticionarios de intereses tenebrosos, que se retroalimentaba, según avanzaba, en la superación de sus canalladas.

La práctica de un rastreo exhaustivo se extendía desde el encargo hasta seis meses posteriores hasta la eliminación física estipulada, dado que se trataba de algo verdaderamente importante como una persona molesta, o una herencia en el horizonte, se desplegaban medios adecuados a todos los niveles sociales para control y ejecución.

Desde cualquier ángulo se puede intentar rebatir lo que refleja en sus líneas manuscritas bajo un mismo y reiterativo tipo de letra que, por el volumen de documentos, es prácticamente imposible haber sido inventada y falsificada por mano humana. De hecho, varios peritos calígrafos, y en varios países, han emitido informes de sus análisis, llegando a idéntica conclusión: pertenecen a la persona que se ha negado rotundamente a ser investigado.

Hasta ahora, lo aportado en las redes parece ser que es un 30% de la totalidad, y sin desperdicio, de manera que, lo descrito es tan contemporáneo que resulta un recordatorio de lo ya leído en la prensa, pero expresado en términos tan diferentes como opuestos.

Ver y escuchar los más de 150 vídeos produce náuseas y vértigo al descender escatológicamente hacia un submundo siniestro y muy difícil de entender en una sociedad que está, en unas ocasiones, sedada, mientras que, en otras, no se mueve por estar anestesiada, hecho que, quienes pueden, aprovechan para avanzar hacia el totalitarismo por dejación de funciones de las instituciones, que miran pero no ven, que oyen pero no escuchan, y sin cumplir la ley escrita.

La ley, ante las mil y una interpretaciones judiciales, significa indefensión del demandante/querellante aún con pruebas a su favor, porque la admisión a trámite ya asemeja un juego de azar, pues admite todas las posibilidades, incluso ninguna. ¿Con justificación o sin ella? La instrucción, otro freno a rebasar en una carrera de obstáculos sin solución de continuidad hasta conseguir fecha de la vista oral.

Los razonamientos jurídicos pueden estar contaminados desde el momento en que el raciocinio depende de la capacidad intelectual del administrador, siempre y cuando no sobrevalore más la ideología política que la imparcialidad, como ya ocurrió con las querellas fallidas en 2006 y 2009.

ALFONSO CAMPUZANO

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UNA VIDA DE ESCAQUEO

 Retrospectivamente se observa cómo la Constitución votada en 1978 continúa sin haber sido desarrollada por desidia política, pero soplan vientos de destrucción – Alfonso Campuzano

El vocablo escaqueo –desinteresado en analizar si es el más adecuado–, sorprende al definir la apatía de los principales partidos políticos que han dirigido lo que, en su día, se llamó Transición desde el Directorio Militar a la Partitocracia actual.

Tal pasividad estuvo repleta de amoralidad en sentido exponencial a medida que pasaban los años, y que aún continúa, sin pretender el bien común, sino la colocación alternativa de todos aquellos personajes afines que pudieran transformar el voto en una continuidad indefinida en el poder.

La cultura del bien común no ha cuajado en las mentes españolas, aunque sí en los países del entorno, donde los políticos ven a sus votantes, no como esclavos a su servicio, sino como personas que les pagan por los servicios que prestan para que el Estado mejore hacia el bienestar.

La situación española es tan egoísta que ha permitido, y permite aún, el olvido de cohechos, crímenes, prevaricaciones, traiciones, desfalcos –pagados por los contribuyentes con sus impuestos–, donde la Administración de Justicia ha funcionado a dos velocidades, lo que supone corruptelas de mayor o menor grado: una para los políticos en exclusiva –debido a su incomprensible y antinatural aforamiento–, que finaliza en impunidad, y otra para los ciudadanos, que continúan con las anteojeras colectivas de sedación, incluso de anestesia.

El beneficio resultante ha derivado hacia personajes que promulgan leyes, para quienes se autosuben sueldos y prebendas escaqueando a la Hacienda Pública y a la Tesorería de la Seguridad Social la casi totalidad de lo percibido mensualmente, pensando que el dinero no es de nadie, sino de los que, como ellos, lo manejan a su capricho.

La hipocresía política ha llegado a tal extremo que, por comodidad y desidia, se mantiene admitiendo lo anormal, incluso lo subnormal, como si fuera normal, y a vivir aposentado en lo conquistado.

Una administración central que, tras cuarenta años, se ha dividido, con más o menos transferencias regionales altamente generosas –superiores a las europeas–, en diecisiete grillos con título de propiedad del partido político de alterne, lo que ha dado lugar a dieciocho leyes, publicadas tanto por el ministerio correspondiente como por un sinnúmero de consejerías, lo cual dice y hace que, a causa de la multiburocracia territorial, sea imposible conseguir la unanimidad de criterio, de manera que, gracias a esta diversidad lo que se ha visto es el enriquecimiento de los políticos y empresas públicas afines en busca de enjuagues y picardías que no hay forma ni manera de rectificar.

Este perfil de marrullería, en grado sumo, es inconcebible en democracias europeas, sobre todo en países nórdicos, quienes tienen bien sujetos, y atados muy cortos, a sus representantes políticos para que no se desvíen hacia el duro pelelismo que los españoles tan bien conocen.

Entretanto, el gobierno de cohabitación socialcomunista de Pedro y Pablo –dos músicas, dos letras, desafinando ambas–, va inclinando su balanza hacia un Estado totalitario para cumplir la promesa del asalto a los cielos, dejando de lado el desarrollo de la Constitución de 1978 porque les estorba.

En España con dos diputados por provincia, es decir, 100 en la Cámara Baja o Congreso, y un senador por provincia, es decir, 50 en la cámara Alta o Senado, serían mucho más que suficientes. Y en las CCAA, como mucho, diez por cada una de las diecisiete –sobran tres–, es decir, un total de 170. En el Europarlamento sería idóneo un eurodiputado por provincia, además de ampliar el teletrabajo que evite desplazamientos superfluos y carísimos para el bolsillo de los contribuyentes. 

Todo ello acompañado de recortes y rebajas de sueldos, dietas, especies, prebendas, vicios escatológicos, coches oficiales, empadronamientos a la carta de políticos que acompañen a los que bregan en galeras para su beneficio.

Una mención aparte son los miles de asesores –pagados también por los contribuyentes–, que deben ser reducidos a la mínima expresión potencial, ya que, si son tan necesarios significa que los políticos dominan poco y, si dominan poco, es mejor que no se presenten ni representen, porque no valen lo que exigen.

ALFONSO CAMPUZANO

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ANTE UNA SANIDAD AZOGADA

La especie humana está en riesgo, no actualmente, sino desde siempre, en un planeta autosuficiente y autoabastecido donde el holocausto está a la orden del día, siempre y cuando la hegemonía reduzca el bien común – Alfonso Campuzano

Viene a cuento que, las prisas no son buenas consejeras, según un refrán español, tras haber leído que, tanto España como Europa, han decidido responsabilizarse de las posibles odiadas secuelas imprevistas y generadas en la aplicación de una vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, después de la distribución mercantil –pagando, eso sí, por ahora, virtuales compensaciones económicas–, aunque se desconocen los términos de las cláusulas y contrapartidas. 

Tales prisas se han convertido en una especie de azogue que ha atacado al Ministerio de Sanidad –representado por el filósofo Salvador Illa– con la firma de un acuerdo que puede costar carísimo cuando se trata de esquilmar los bolsillos ajenos, además de facilitar a la población una serie intolerable de sufrimientos, sobre todo inseguridad, que pueden finalizar en una tragedia peor que la que se está padeciendo a nivel mundial.

Asombra que los ciudadanos europeos –incluidos los españoles– tengan que soportar crematísticamente dicha carrera inmunológica con horizonte desconocido por encontrar una vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, cuando lo habitual, por mucha tecnología avanzada que exista, es que sumen varias décadas dedicadas a la investigación.

Voluntarios adultos sanos para experimentar durante la 3ª fase clínica –en busca de la dosis y eficacia adecuadas, así como la valoración de la efectividad, con un término medio de unos seis años–, por supuesto, no a cientos, sino a miles, que serán cobayas humanos ansiosos después de haber asimilado el terror televisivo impuesto por decreto durante el estado de alarma/excepción, saltándose la fase experimental con seres inferiores, que difícilmente podrá beneficiar a la especie humana.

Sin embargo, la omisión, durante casi dos años, en la búsqueda del antígeno capaz de generar un duplicado inmunológico, además de la supresión, durante casi tres años, de la 2ª fase preclínica cultivando el antígeno en células, con tal de adelantar los tiempos marcados por el protocolo de fases, es una temeridad. Sin olvidar que una vez comercializada la virtual vacuna debe continuar el seguimiento, que será exhaustivo.

Las expectativas, en este caso –pese a las ingentes cantidades de dinero invertido en múltiples investigaciones en curso, casi dos centenares–, tienen un recorrido corto cuando se piensa en el machaqueo de las noticias, durante los años ochenta, relativas al VIH/SIDA, anunciando la inminencia de la puesta a punto de su vacuna, que aún hoy día no se ha conseguido ni se la espera, por no hablar del Ébola.

Lo peor es todo es que, cualquier proposición que parte de la ansiedad proporcionada casi gratuitamente por los medios de comunicación, se acepta como buena, cuando lo que probablemente origine es una hiperansiedad, ya que el futuro tarda en avanzar cuando más se desea.

Por otra parte, no hay garantía absoluta de que una o varias vacunas funcionen, dada la premura, por mucha tecnología avanzada que exista en el mercado, ya que la idea política generalizada es que se salten varios protocolos de la cuatro fases para ganar tiempo en detrimento posiblemente de la efectividad, lo que induce a pensar en directrices propias de una ineptocracia política.

Todo el procedimiento, con sus respectivas fases de investigación, debería ser estricta y escrupulosamente vigilado bajo el rigor de la lupa o, mejor dicho, del microscopio, pues la especie humana peligra cuando se complica la seguridad en beneficio del desmantelamiento de la barrera inmunológica natural.

La cautela no prima entre políticos porque la responsabilidad siempre es de otros, de manera que deberían no ser tan optimistas, sino muy prudentes ante posibles e irremediables rechazos contraproducentes y peligrosos, algo de lo que carecen.

ALFONSO CAMPUZANO
                

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AVANCE EN TRABAJOS SOCIALES

 La adaptación de penas a los delitos es una exigencia social que busca convivencia y bien común – Alfonso Campuzano

En pleno siglo XXI, y tras más de cuarenta años de convivencia partitocrática,  convendría que el Poder Legislativo hiciera un examen de conciencia respecto a las penas impuestas por faltas y delitos tipificados en el Código Penal, dado que la convivencia en sociedad exige normas de respeto y de urbanidad.

El Poder Legislativo –representado por personas elegidas, mediante urnas, que deberían figurar en listas abiertas y no dirigidas por los partidos políticos, para que no se cuelen personas indeseables– debería preocuparse de actualizar las leyes, utilizando ciertos principios para que el alcance afecte también a los políticos y aforados.

Lo que más destaca es que, quienes tienen fácil acceso al dinero público, malversen, coaccionen, estafen, sin piedad siguiendo la voz oída de que no es de nadie, lo que acarrearía como condición indispensable cuando se les arresta, la devolución del dinero; alimento auto sufragado mediante trabajos sociales; reeducación comunitaria; inhabilitación para cargo público de por vida, sobre todo para que no reincidan.

En cuanto a los criminales, torturadores, depredadores sexuales, pirómanos, deberían ser sentenciados con prisión permanente sin revisión para no tener ideas de recaer; trabajos sociales como medio para mantenerse; además de incapacitación para cargo público de por vida.

Algo tiene que hacer la sociedad para defenderse de tales personajes. En general, el sostenimiento de los delincuentes condenados a prisión –ya sea temporal o bien permanente revisable–, debe ser auto sufragado por él y/o su familia, pues la sociedad no puede ni debe costear sus fechorías. La inhabilitación para cargo público debería ser de por vida. Todo presidiario debería someterse a una reeducación comunitaria. Todo presidiario debería ser penado para hacer trabajos sociales más o menos complicados, fuera de su centro, según la infracción, por los años impuestos como condena, como medio para conseguir su propio sustento. No debería existir redención de pena ni cartilla de paro al salir de prisión, porque pactar un número de años para cumplir un tercio es una tomadura de pelo hacia la sociedad.

En principio, despilfarrar dinero público –léanse impuestos directos e indirectos, pagados por los españoles– destinado a los noventa y dos centros penitenciarios (92), ya sea en construcción, ya sea en mantenimiento, no debe ser prioritario ni de lejos, aunque entre ellos destaquen varios de superlujo, casi cinco estrellas, dispuestos para los más agraciados.

Un presidiario –de los sesenta mil (60.000), figuran diecisiete mil (17.000, o sea, el 28%) que son extranjeros, algunos ilegales, y que deberían ser repatriados–, cuesta a los contribuyentes unos sesenta y cinco euros diarios, es decir, casi veinticuatro mil euros al año, lo que en cifras globales supone unos mil quinientos millones de euros anuales (1.500.000.000€/a.), dicho de otra manera, una gestión económica muy gravosa.

Como contrapartida al sistema judicial y penitenciario español –demasiado tolerante y bisoño–, está el sistema judicial y penitenciario estadounidense, que no cree en la reinserción de un penado, porque considera que puede reincidir, sobre todo si tiene la más mínima oportunidad.

Así que su doctrina lo tiene claro: quién la hace sabe que repite, y no malgasta tiempo y dinero en reeducación comunitaria, inviable a todas luces.

ALFONSO CAMPUZANO

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