Toda política de corte buenista favorece fenómenos negativos de consecuencia catastróficas para la sociedad – Alfonso Campuzano
Cuando una persona pretende cambiar de vida, sobre todo
si es miserable, bien está que ponga los medios a su disposición para lograr salir
de ella, pero la imaginación es individual, por eso cada uno toma el derrotero
que su conocimiento le dicta, confundido o no.
Cada país tiene sus normas, que se van haciendo más y más
internacionales para evitar discriminaciones. Sin embargo, la aceptación de
inmigrantes, en ocasiones, depende más de los mandos intermediarios que de la
propia ley escrita y, de esto, pocos o ninguno se enteran.
Sin ver la realidad, y actuando con mucha imprecisión, tratan
de contentar a todos con políticas de corte buenista, ya sea
en la redistribución de la riqueza, en las compensaciones económicas y en el
auxilio social hacia los inmigrantes que, en general, no tienen reconocido
nada, ni siquiera una titulación académica o un trabajo, tratando de evitar conflictos, enmarcándolo
en un falso humanitarismo que defiende el multiculturalismo, algo totalmente
ineficaz, incluso perjudicial, pues acarrea el favorecimiento de fenómenos
negativos de consecuencias catastróficas a largo plazo.
El buenismo llena
todo en los discursos políticos, tratando de allanar el camino a la baja, tolerando la
imposición de conductas opuestas con el fin de no herir sentimientos aunque ya los
sentimientos estén heridos al ceder una cultura en favor de otra, en lugar de
buscar el justo medio del multiculturalismo, que sólo existe en la cabeza del
derrotado y del sumiso. En esta tolerancia ante intolerantes pierde, como
siempre, el tolerante.
No hay que hacer
demagogia. Tanto inmigrantes como refugiados necesitan un papeleo, según la normativa y, no porque ello tenga una cierta prioridad, que
algunos califican de falta de voluntad política, descoordinación, inclusivo
pasividad, pero es que no se pueden dejar de atender las prioridades de
los contribuyentes autóctonos. A los inmigrantes, ya sean económicos o refugiados, no se
los puede tratar de hacer pasar por el mismo aro.
Ante esto, bien se pudiera pensar que tener un trabajo titulado
en su país mejoraría su situación, sin embargo, no es así, ya que la
autorización de cualquier titulación, por lo menos en España, tarda en
homologarse la friolera de dos o tres años, tiempo en que el inmigrante no
puede salir del país donde pretende afincarse, tiempo que, en el mejor de los
casos, intentará conseguir, si lo consigue, un empleo al que no está
acostumbrado.
No obstante, como la moneda tiene dos caras, es loable que algún inmigrante,
cuyos abuelos tenían pasaporte español, quiera conseguir legalmente trabajo y
residencia, pretenda emprender un negocio, mediante un proyecto para
desarrollarlo, como trabajador autónomo, que no es lo habitual, y cada
movimiento de papeleo que hace desencadena una frustración debido a negativas
reiteradas, recibe zancadillas desde la propia administración autonómica, que prefiere
subvencionar a patronales y sindicatos, pese a sus afiliados.
No viene pidiendo árnica, ni respaldo económico que lo
apoye e impulse, como la mayoría. Tiene los pies en la tierra. No viene pidiendo
nada más y nada menos que solicitar la autorización de su titulación con la
intención de prosperar en sus planes y, con ello, crear riqueza y no ser una
sobrecarga.
