Se echa en falta una autoridad medianamente real como para que diga a todos
los españoles que, pese a haber refrendado una Constitución en 1978, el Estado
español estaba hipotecado tanto que, casi cuarenta años después, entre los
personajes que se han hecho con el poder, uno de ellos, un auténtico
descerebrado, por accidente, y otro, por desidia, nos conducirían sin remedio
a esta debacle económica, que tan bien conocemos tanto en carnes propias como
ajenas.
¿Quién iba a decir a la generación que sufrió los estertores de cuatro
decenios de un directorio militar y los siguientes cuatro decenios de unos balbuceos
incipientes de una partitocracia, que no una democracia auténtica, se
encontrarían ante un país esquilmado y vendido por el ávido egoísmo de la clase
política que lo dirigía?
Sorprende encontrar entre los políticos actuales a gente que protestaba
contra los abundantes Decreto-Ley dictados por gobiernos preconstitucionales
siendo, como son, actualmente quienes conscientes de su labor, como si hubieran
sido criados a los pechos de aquellos, sin manifestar la más mínima vergüenza,
hacen y rehacen más de lo mismo. Sin contar cómo, al conseguir un cargo, se
aferran a él queriendo superar en años a aquél c ontra quien dicen, con la boquita diminuta, que
lucharon.
Con la entrada en la Unión Europea en 1986, dadas las circunstancias
económicas, se conoce que no se hizo correctamente sino engañando, con los libros manipulados,
a fin de conseguir algo efímero como lo que estamos viviendo por culpa de unos cuantos
trileros.
Las dos pagas extraordinarias anuales que disfruta todo trabajador español,
totalmente preconstitucionales, fueron establecidas por un directorio militar
con el fin de reactivar una economía lánguida y triste, propia de una
postguerra, haciendo fluir el dinero para gastar más y dar sensación de riqueza
y felicidad, sobre todo ahora que retrospectivamente nos miramos en el espejo y
vemos lo que éramos sin imaginarnos que ya en el verano de 2010, con los
presupuestos aprobados, y en marcha, por una decisión unilateral, un gobierno
postconstitucional se permitió el lujo de rebajar el sueldo en un 5% a
todos los funcionarios, y de rebote a la empresa privada. ¿Tan mal estaban
hechos los Presupuestos Generales que a mitad de año hubo que cuadrar las
cuentas?
Lo peor no había acabado aún sino que, dos años después,
otro gobierno de signo diferente, aunque tan postconstitucional como el
anterior (entre rojos y azules anda el juego), también se permitió otro lujo: expoliar la paga extraordinaria de Navidad. Mientras un gallego durante 40 años, según
se lee en el B.O.E., consiguió progresos sociales, 40 años después,
otro gallego, poco a poco, se está dedicando a rechazarlos con la excusa de una
crisis inventada, como siempre, por los mismos. ¿Cómo se pretende reactivar una
economía muerta con las trabas que se encuentran las empresas en el camino?
Y ahora que España va camino de cuatro comicios en un sólo
año el Gobierno, como medio velado para comprar votos, se le ocurre devolver
una cuarta parte de aquella paga extraordinaria, y sin los intereses devengados,
enredando tanto y tratando a cada español como si fuese el deficiente mental de
turno. ¿Alguien tiene duda de que el cáncer que destruye al reino de España es la
ideología política que se arrastra desde hace cuatro décadas?
Idearios y errores políticos decimonónicos, aunque adaptados al
siglo XXI por los sucesivos gobiernos han creado un flaco favor al Estado
español, que ha conducido a la situación actual.
Alfonso Campuzano
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