Los recursos económicos de un país se deben administrar sin que sean
dilapidados mediante ocurrencias políticas faraónicas – Alfonso Campuzano
Cada región autonómica tiene
a su disposición una partida de dinero, diferente en cuanto a nombre, variable
en cuanto a cantidad, aunque suficiente como para quien la recibe no tenga
ningún deseo de trabajar, y fomente un eterno parasitismo social.
Esta partida de dinero
público, extraída de los impuestos, casi expropiados, que pagan los
contribuyentes, se convierte en lo que vulgarmente se llama renta de inserción,
o de garantía de ingresos, está dedicada a personas en situación llamada de
exclusión social, no es una pensión contributiva, pese a que se paga mediante
la utilización de la Caja de pensiones.
El destino final de dicha partida
contempla dinero en efectivo y pagos en especies como gratuidad en la escuela
para menores, libros de texto, enseñanza del idioma, comedor social, mochila
con comida, campamentos de verano, transporte, medicinas, carnet de conducir,
etcétera. Eso no quita para que, permitido por los consistorios, se vean
pedigüeños de todas las edades que, a pesar de esta renta, se les permite pedir
limosna, con lo que añaden hasta veinte euros diarios.
Con esta invitación política,
a fin de colgarse medallas, se importan familias enteras: abuelos, tíos,
primos, cuando los recursos económicos españoles, lejos de ser infinitos,
requieren una visión continua de apoyo a sus posibilidades para que los
políticos no frivolicen con intereses que son ajenos a su bolsillo.
Con el paso del tiempo se ha
comprobado que sus descendientes, los niños no progresan en las escuelas, no van
a forjarse un futuro, porque faltan a clase, o bien por falta de costumbre en
sus países de origen, pese a que la sociedad está dispuesta a pagar su puesto
escolar, están dispuestos a desaprovecharlo, con lo que, de continuar a este ritmo,
conseguirán hundir el sistema, pues vienen exclusivamente por las subvenciones,
a no trabajar, y la triste realidad hace que la integración fracase.
Se debe tener presente que hay cerca de un
20% de desempleados (más de tres millones) y casi un 28% de personas en riesgo de pobreza y en exclusión social (casi trece millones), con el agravio comparativo de que no tienen acceso a todo lo que
dispone un inmigrante/refugiado, sin contar
con que estos invitados son los que tratan de imponer sus
costumbres religiosas, sociales, culinarias, en lugar de aceptar por respeto, sin excepción y sin excusa, las que el
Gobierno anfitrión del país de acogida les ofrece.
No hay duda de que la caridad, la
solidaridad, la tolerancia, de esta sociedad ha de mantenerse ante esta acogida masiva de refugiados/inmigrantes, lo que acarreará una nueva subida de impuestos a
los contribuyentes.
Pero, desgraciadamente, no se
hace así. Existe un intento lento, pero seguro, de destruir a los países
superpoblados de acogida. Es como una marcha verde que, en vez de ser africana,
es europea, pues pueblos y ciudades enteras se están desplazando, mediante su
intolerancia, a la conquista pacífica.
El desafío de los inmigrantes/refugiados
hay que replantearlo bajo la solución que pasa por abrir/tender nuevos frentes
como son la repoblación de otros territorios, casi despoblados, como puede ser
el continente africano, no por falta de recursos naturales, que los tiene,
y muchos, sino por falta de inversión industrial.
ALFONSO CAMPUZANO
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