Los españoles no se merecen los gobiernos de los últimos cuarenta y cinco años con la desindustrialización preconstitucional entre 1982 y 1989, y la ruina del sector primario, es decir, acuicultura, agricultura, apicultura, caza, ganadería, minería, pesca, silvicultura — Alfonso Campuzano
El macroatentado ferroviario perpetrado durante a primeras horas de la mañana del 11 de marzo de 2004 no debe prescribir por la sencilla razón de estar registrado en la conciencia colectiva como un ataque terrorista que concluyó en múltiples crímenes de lesa humanidad. La trama que ocasionó esta masacre aún está por dilucidar, por muy extraño que parezca. El juicio promovido, en vez de esclarecer los hechos, lo que hizo, aparte de enfangar las pruebas expuestas y contentar a quienes se desconoce su identidad y sus fines, fue abrir un abanico de dudas que persisten en la actualidad, pese a haber transcurridos dos décadas, tiempo insuficiente para olvidar
Para empezar, el delito de destrucción de las pruebas de cargo –léase desguace de los trenes, además de la incineración de objetos y ropas de las víctimas–, no tuvo consecuencias penales, porque no se persiguió al juez ni a la fiscal. Las pruebas de un siniestro que nunca se destruyen, ejemplos tiene la Historia Universal; sin embargo, en este caso, se destruyeron. Pese a la gravedad de esta circunstancia, la demolición del escenario del crimen y del cuerpo del delito no consiguieron anular el juicio, porque se aportaron otras pruebas teledirigidas y con personal colocado en puestos clave, y sin experiencia. Un suceso extraño que no levantó polvareda mediática ni tan siquiera de la sociedad civil con los partidos políticos enmudecidos por acontecimientos que los desbordaron.
En suma, surgieron muchas irregularidades muy bien reguladas. Todo ello para conseguir que una versión política oficial opacara a la verdadera. Los ínfimos análisis químicos de una veintena de bolsitas conteniendo sustancias supuestamente recogidas en los diferentes lugares de los hechos, cuando el juicio estaba en marcha, como fue la existencia de dos clases de explosivos, fueron inconclusos y manipulados, tanto consciente como inconscientemente, sobre todo por un comisario, sin que ninguno de los expertos analistas se hiciera eco de posibles verdades, porque nunca existe una sola verdad, sino varias, además de muchos cambios de opinión. Fue durante el propio juicio cuando unilateralmente se eligió una sola composición química —versión reconocida—, mientras que se desechó la otra.
A raíz de esta macroagresión, típica de una guerra, aunque no declarada, las elecciones generales, que debieron ser suspendidas, no se suspendieron, las cuales provocaron la proclamación de un gobierno por la gracia de la marca del explosivo elegido por el tribunal, cuyas secuelas están sufriendo actualmente los españoles, aun cuando algunos no se den cuenta de ello ni de otras muchas cosas más, dadas las cuantiosas preguntas y sus nulas respuestas, incluidas las incongruencias del relato autorizado.
Resulta curioso observar las fotografías de los trenes destrozados por un onda expansiva producida por unas bombas de más que hipotético diseño tecnológico artillero, pero sin metralla, porque en las necropsias realizadas por médicos forenses nunca jamás encontraron clavos y tornillos en los cuerpos de las personas ejecutadas como algunos medios desinformados o subvencionados aún hoy día mantienen.
La persona que más se acercó a la realidad fue la magistrado María del Coro Cillán, al señalar con buen criterio que: ‘En el 11M hay una persona X’, al reabrir en 2009 investigaciones en torno a la masacre terrorista de lesa humanidad, lo cual no fue del agrado de la superioridad, por lo que terminó ingresada en el Centro de Rehabilitación Psicosocial San Juan de Dios, en Palencia, donde continúa. ¿Por qué?
Porque la respuesta del magistrado presidente del tribunal Javier Gómez Bermúdez fue: ‘Hay cosas que son tan complejas, tan graves, que es mejor que no se sepan todavía, que se sepan más adelante’. A lo que la Dra. Inmaculada Castilla de Cortázar Larrea respondió: ‘No sabía que los jueces tuvierais competencias para saber cuándo es el momento oportuno para hacer justicia’.
¿Quiénes han decidido que los españoles no estaban preparados para conocer la verdad que conocía el tribunal y que no la plasmó en el fallo que emitió? Los españoles después de tanto tiempo, sí están preparados para conocer la triste y verdadera verdad, por muy incómoda que sea, que no es ni mucho menos la auténtica, porque los que no están preparados son los propios cerebros del atentado, que se esconden para que la justicia no caiga sobre ellos.
Es verdad que las elecciones autonómicas, europeas, generales, municipales, dan una serie de pistas fundamentales para saber psicológicamente cómo piensan los votantes. Durante la primera mitad del siglo pasado el analfabetismo real inundaba a la clase baja porque no existía la clase media. Durante este primer cuarto de siglo actual, pese a existir una clase media, el analfabetismo real se ha transformado en funcional, gracias a las diferentes leyes de Educación, cada una peor que la anterior.
Por último, por ahora, nada se sabe, aunque se intuye y aún se puede averiguar, quién fue el autor intelectual de este Golpe de Estado Civil anunciado, supuestamente ayudado por un comando pertrechado con cartuchos militares colocados nocturnamente en cada uno de los trenes detenidos en el hangar, dirigiéndose a la mañana siguiente a sus respectivos destinos con su carga mortal. Veinte años después, las sospechas de todo tipo continúan ante un fallo abierto del tribunal. Se hace necesaria la apertura de esta macrocausa judicial. Elementos de sobra sí que hay para que los casi 200 asesinatos y 2.000 heridos no prescriban.
ALFONSO CAMPUZANO
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