Los dirigentes padecen una enfermedad vinculada al aprendizaje y desarrollo político de difícil curación – Alfonso Campuzano
Gracias a la comunicación,
desvinculada de las subvenciones, se conocen, y reconocen, más y más casos de
deshonestidad política en el mundo, lo que viene a dar la razón a ciertas personas
que creen que se trata de una enfermedad vinculada, e inoculada, durante el
estudio del aprendizaje y desarrollo para alcanzar el ansiado poder, por lo que
debería ponerse en marcha, lo antes posible, algún test diagnóstico que lograra
averiguar la infectación que evitaría mayores males sociales en el futuro.
Como todas las
enfermedades infectocontagiosas, en principio, la inmoralidad política tendrá
cura el día en que se descubra el tratamiento adecuado, posiblemente una
vacuna que inmunice contra el ansia desenfrenado hacia la acumulación de más
riquezas que las que puede gastar cualquier persona en una sola vida, mediante
una educación que enseñe y difunda valores morales, además de incitar a mejorar
el bien común.
No basta con perseguir a
la persona corrupta hasta que bese el suelo del internamiento carcelario,
incluso psiquiátrico, que a veces sería lo adecuado, sino que habría que
cambiar la ley para que lo fundamental y urgente fuera la devolución ipso facto de todo lo expoliado y
después... Lo
inminente no es tratar de regenerar uno o todos los partidos, sino reducir a un
tercio el medio millón de políticos que costean todos los españoles. ¿Cuándo aprenderán que ser/estar aforado/a no es una bula para esquilmar?
Los dirigentes gubernamentales cierran y gastan hasta
endeudarse en cada ejercicio presupuestario, algo parecido hacen las empresas, porque
el nuevo año trae nuevos impuestos que emplear hasta el infinito. Sin embargo,
habría que buscar un sistema parecido al de una familia consciente, es decir,
ahorrar de un año para otro, sin dilapidar todo en el reparto, como si no
hubiera más años que gestionar.
El poder legislativo
cumple su función cuando promulga leyes, pero debieran ser leyes promulgadas a
favor del bien común, un olvido demasiado harto frecuente, y no para proteger
su propia hacienda, mientras los administrados se sienten sojuzgados, incluso
empobrecidos por las malas artes de sus gobernantes.
No obstante, ¿qué autoridad se siente capaz de obligar a cualquier cargo a
que sea responsable institucional con todos los ciudadanos/votantes/contribuyentes?
Porque dejar sin ejecutar, por desidia o prescripción,
los casos descubiertos de malversación de bienes públicos por el Tribunal de
Cuentas, algo muy habitual, atenta contra el erario público.
Tras el primer día, con los relojes atrasados ya durante una docena de
años, se observa que esta XI Legislatura va ser ¿corta/constituyente? No se
sabe después de más de cien días de asueto parlamentario, elegido en contra de
los votantes, aunque cobrando vacacionalmente.
Al ciudadano corriente se le exige votar para que, al final, sólo se le
permita disfrutar de una pensión, siempre inferior a lo cotizado, casi tres
veces por debajo de la media europea, mientras los partidos políticos, sin
rubor, se ponen de acuerdo en una burda manipulación para conseguir que sus
intereses personales aumenten sin pensar en el bien común de la sociedad.
¿Es difícil adivinar que,
para aguantar sin mover un músculo durante cuarenta años de corrupción conocida,
se necesita una losa connivente, en plural, amarrada por vía escatológica,
institucional y prensa subvencionada, a la que se ha dado pistoletazo de salida
hacia la regeneración?
ALFONSO CAMPUZANO
