Es una frivolidad tratar de responsabilizar a los trabajadores de la merma de los Fondos de la Seguridad Social cuando hay ineptitud política para poner remedio – Alfonso Campuzano
Hubo un comienzo, precisamente con el Gobierno socialista de Felipe González, en 1982, en el momento en que Alfonso Guerra, el vicetodo, puso la primera piedra de su neófita gestión, al manifestar con sarcasmo:
–A España no la conocerá ni la madre que la parió.
Era una época en la que a los aprendices de gobernantes –sorprendentemente encumbrados mayoritariamente por las urnas–, todo el dinero que recaudaba Hacienda/Agencia Tributaria les parecía poco, sobre todo porque lo necesitaban para realizar macroinversiones; para regalar macrosubvenciones; para invertir en la compra de votos, que les permitiera perpetuarse en el poder, teniendo como base la provocación de un endeudamiento exponencial al utilizar los fondos de la Seguridad Social, debido a la mala utilización del dinero para menesteres diferentes a los que estaban previstos, como para parchear probables cuentas incompletas o mal calculadas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Tales fondos –que nacieron de una Dictadura preconstitucional, mediante la promulgación del Fuero del Trabajo(1938), seguida del Fuero de los Españoles(1945), continuada con la Ley de Bases de la Seguridad Social(1963), ampliada con la Ley General de la Seguridad Social(1966), profundizada con la Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora(1972)– habían sido intocables desde hacía más de cuarenta años, hasta el momento del gran descubrimiento socialista del que participaron todos los gobiernos subsiguientes.
Para ello, no dudaron en decretar la ampliación de la lista de cotizantes a la Seguridad Social –exceptuándose a sí mismos, al fin y al cabo, como políticos que eran–, que aumentaron en varios millones, entre ellos los autónomos, a los que exigieron su pertenencia y abandono de sus pólizas de seguros privados, que incluían la sanidad.
También, promulgaron la exigencia de que cada funcionario por oposición pluriempleado –que pluricotizaba para su futura pluripensión–, tuviera sólo un empleo cotizante para su pensión única, a la vez que Hacienda/Agencia Tributaria confiscaba inmediatamente las cotizaciones ahorradas.
La progresiva mala calidad de los empleos actuales como la temporalidad y la precariedad generan sueldos bajos, que poco contribuyen, sobre todo cuando en España se trabaja cerca de cuatrocientas horas de media anual más que en Alemania y cerca de doscientas horas de media anual más que en Francia. Los pensionistas han cotizado lo exigido suficientemente, mientras que los políticos, entre indemnizaciones al abandonar sus cargos, las bajas o nulas cotizaciones, son un lastre para la Caja/Hucha de las Pensiones.
En aquel tiempo, las Centrales Sindicales estaban pendientes de recibir un patrimonio –en su mayor parte proveniente de una memoria virtual–, incluso magnánimas subvenciones, no se manifestaron ante la envergadura de tal atropello, o quizá sí, sino que fraguaron la programación de los llamados Cursos de Formación, que no departían o departían a medias, con tal de afanar dinero subvencionado.
De la Seguridad Social, es decir, de la Caja/Hucha, además de abonar las pensiones contributivas, propias de todos los cotizantes, desgraciadamente también se abonan pensiones no contributivas para bonificar al empleo; para pensionar a inmigrantes ilegales y refugiados; para incentivar; para pensionar a madres solteras trabajadoras o no; para pagar a personas que cuidan a familiares dependientes; para pagar a personas en riesgo de exclusión social; para reducir la cotización a la contratación; para subvenciones; etcétera. Lo cual denota un error político de gestión económica deshonesta e injusta, que destroza la sociedad al estar pasando factura.
Una solución pasaría porque las pensiones no contributivas dependieran de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y otra sería poder vender al Estado el patrimonio de la Seguridad Social, incluida su red hospitalaria –tres centenares de centros hospitalarios y más de mil centros sanitarios–, construidos a partir de los años sesenta del siglo pasado hasta la actualidad, porque no son ni mucho menos patrimonio del Estado español, aunque sí han contado, y cuentan, con su garantía, ya que no se construían con dinero de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino con el de los trabajadores cotizantes y los descuentos mensuales a los pensionistas.
Sin embargo, los diferentes gobiernos de alterne se han permitido el lujo de transferir unos inmuebles que no son suyos, para que sean gestionados por las Comunidades Autónomas.
