El estado de alarma sanitaria, transformado en estado de excepción, ha priorizado la Política y ha anulado la Sanidad – Alfonso Campuzano
El cuaderno clásico Moleskine, perdido y encontrado, recoge en sus páginas cómo a los pocos días de haber tomado posesión de la presidencia del Gobierno de coalición socialcomunista, Pedro Sánchez, tuvo conocimiento de que se avecinaba una crisis sanitaria que, pese a las serias advertencias internacionales, pensaba soslayarla mediante un experto asesor, convertido en comisario político, que retransmitiese televisivamente frases convincentes, sin cobertura creíble, diciendo que en España no tendría, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado, esperando que no habría transmisión local; que si la habría, sería muy limitada y muy controlada; que no habría problema en ir a las manifestaciones del domingo 8 de marzo, de hecho, insensatamente dejaría ir a su hijo; que había indicios de que la enfermedad infectocontagiosa seguía sin ser excesivamente transmisible, por lo que parecía que la epidemia comenzaba a remitir; que no era necesario cerrar los colegios, porque no ayudaba; que las mascarillas no deberían ser obligatorias.
Sin embargo, el presidente socialista decretó un estado de alarma con normativa de estado de excepción al cercenar todo tipo de libertades individuales, lo que le permitió ostentar un poder absoluto –único en los últimos cuarenta años–, para hacer y deshacer a su antojo, y mediante decretos-ley, activando la compra de material sanitario a empresas carentes de licencia y que desconocían el entramado, pero ayudaban a mantenerlo en el poder.
Incluyó al comunista Pablo Iglesias en el organigrama del C.N.I. –léase Centro Nacional de Inteligencia– con lo que podría acceder a toda la información sensible del Estado, incluida la evolución de la instrucción judicial sobre la tarjeta SIM del teléfono –virtualmente robada– de su asistente Dina en el Europarlamento, que mantuvo en su poder varios meses, en un supremo acto de protección machista, y sin denunciar a la policía.
Asimismo, hizo que se recrudecieran los ataques al Rey emérito, Don Juan Carlos, para preparar su destierro. Incrementó la dedocracia de libre designación a más personas –cercanas a ochocientas con sueldos de seis dígitos–, que servirían de ayuda al culto al líder como pago por servicios prestados, pero no con dinero de su bolsillo.
Sobreutilizó el dinero público de todos los españoles para sobornar a las televisiones privadas a fin de exponer la verdad oficial, que no real, salida de la cocina de Moncloa.
Sobremanipuló a la Policía Nacional y la Guardia Civil para que impidieran protestas y vigilaran a los discrepantes en redes sociales, y no toleraran opiniones contrarias a su caprichoso proyecto político.
Demoró las ayudas al derecho a prestación económica como el Ingreso Mínimo Vital permitiendo que los trabajadores pasaran los meses sin dinero en efectivo y cuando las puertas del hambre se hicieran realidad actuaría como un salvador ofreciendo una miserable paga que, al menos, les daría para comer.
Amenazas continuas de que habrá miles de muertos y nadie cobrará el subsidio si pierde el mando único.
Perspectivas de empadronar a millones de inmigrantes comprando sus votos de por vida al asignarles una paga para perpetuarse en el poder.
Horizonte de subida masiva de impuestos para poder pagar el subsidio a los millones de votantes como forma de financiar el autogolpe de Estado.
Los españoles han caído, una vez más, en la trampa política egoísta, y no tienen escapatoria.
ALFONSO CAMPUZANO
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