CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y RESPIRATORIA

Ciertas herramientas de trabajo, ante cualquier esfuerzo físico, por muy útiles que aparenten ser a simple vista, no son todo lo beneficiosas y adecuadas para mantener íntegramente la salud – Alfonso Campuzano

Hace varios años que los municipios, además de algunas empresas privadas dedicadas a la jardinería, descubrieron que el mercado ponía a su disposición unas pequeñas máquinas espiradoras, a motor –portátiles y mochileras–, desconociendo que eran ínfimamente higiénicas; que impurifican el medio ambiente con su olor a combustible fósil barato; que contaminan el entorno mediante el ruido de sus excesivamente elevados decibelios; que transmiten enfermedades a través de la vía aérea.

Espiradora urbanícola

Pero lo verdaderamente preocupante de tales aparatos es que son muy perjudiciales para la salud; fundamentalmente porque afectan al aparato respiratorio del personal que lo maneja, puesto que camina envuelto en una nube de material tóxico despedida por tal utensilio, así como del transeúnte que circula por su lado; en síntesis, que trastocan el ecosistema urbanícola.

Uno de los mayores inconvenientes que tiene la función de esta herramienta de trabajo es que esparce con brusquedad un chorro centrífugo de aire materialmente sucio en el que está cubierto todo aquel componente ligero de peso, que pilla a su paso.

La aglomeración así conformada transporta detrītus vegetales envueltos de polvo atmosférico, con el agravante de elevarla a varios metros del suelo para aterrizar en cualquier zona imposible de seleccionar de antemano y sus alrededores, incluso en el cuerpo de la persona que maneja el aparato, y sin olvidarse de los viandantes.

Asimismo, muy bien acompañada siempre de múltiples y peligrosos microorganismos, alterados y virulentos, que pululan a su antojo en el suelo –semejantes a ácaros, bacterias, hongos, polen–, dispuestos a atacar a todos y cada uno de los seres vivos.

Quienes más pueden sufrir sus consecuencias son, sobre todo a aquellas personas portadoras de bajas defensas inmunológicas al implicarse e interaccionar con eventuales patologías respiratorias –equivalentes a asma bronquial, cáncer, cardiopatías, ictus–, pudiendo causar diversas alergias –afines a alveolitis, dermatitis, neumonitis, urticaria–, lo que genera un cuadro de enfermedades profesionales que pueden llegar a abocar en una discapacidad física.

Ante todo esto, resulta muy difícil comprender cómo el Ministerio de Sanidad, en sus diecisiete variantes –diecisiete consejerías autonómicas–, lo mismo que el departamento de Medicina Preventiva de cada Empresa –ya sea pública o privada–, ha dado su visto bueno a un utensilio de trabajo tan antihigiénico, tan perturbador para la convivencia saludable ante posibles consecuencias imprevisibles e inevitables de su uso continuado, fundamentalmente sobre diversas partes del organismo humano.
Por ello, las autoridades sanitarias competentes deberían exigir, por una parte, y con carácter de urgencia, la instalación de un silenciador que ampare a la vecindad de su contaminación acústica ambiental y, por otra, tan urgente como la anterior, que los trabajadores, preventiva e ineludiblemente, porten un casco protector que resguarde la vista, el oído, la nariz y la boca, aparte de un traje hermético por el que no pueda traspasar el polvo esparcido.

Pensando en el bien común, es poco sensato, sobre todo pernicioso para la salud, no tener en cuenta la exposición de estas pautas de higiene colectiva urbanícola.

ALFONSO CAMPUZANO

            



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DESAVITUALLAMIENTO FARMACÉUTICO

Las diecisiete transferencias de Sanidad, teniendo como excusa los recortes, sin importar el perjuicio al derecho a la salud, iniciaron un mercado especulativo basado en el subasteo de productos farmacéuticos – Alfonso Campuzano

El boticario de la esquina, el de confianza, el de toda la vida, es el que, off de record, comunica informalmente que el desavituallamiento de algunas existencias farmacéuticas se ha instalado hace unos meses/años –dependiendo de cada una de las diecisiete regiones–, para quedarse por tiempo indefinido, lo que plantea un riesgo potencial colectivo para la salud pública.

El que los despachos de farmacia aparentemente estén desabastecidos tiene como principal responsable el Gobierno de alterne –marcador de precios al consumo–, seguido del intermediario –atento al mejor postor–, sin omitir al farmacéutico –indispensable expendedor–, es decir, una triada comercial.

Todos ellos, miran con lupa el tanto por ciento de comisión adecuada a su subsistencia, incluso hacia el horizonte especulativo de su supervivencia. Porque, no se debe olvidar, simplemente para distraer, que siempre queda una alternativa, de mejor o peor calidad, fundamentalmente aquella que deje más ganancia, porque se trata de puro y duro comercio. Y porque, se debe memorizar que, en ciertos casos, aunque no sean extremos, con la salud se comercia, y mucho.

Se ponen excusas que, hasta el momento, jamás se habían producido en los últimos sesenta años –desde que desapareció el famoso Petitorio del Seguro Obligatorio de Enfermedad (S.O.E.) de la postguerra, antes de la llegada del INSALUD cuarenta años después, y de las diecisiete sanidades españolas–, tales como: acrecentamiento súbito del negocio; contratiempos en la productividad; dificultades en la fabricación; inconvenientes para adquirir la base eficaz; cuando lo que agobia es el desmesurado abuso, por parte del Gobierno de alterne con la industria farmacéutica, mediante el sistema de fijación de precios de referencia, al desembolsar menos presupuesto por los medicamentos, lo que provoca inseguridad en la fluidez mercantil.

La primicia se inició en la región andaluza hace más de siete años cuando la mercancía farmacéutica entró en subasta pública decretada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía –una perversión en el ahorro, haciendo creer que con ello se conseguiría eficiencia y equidad, lo que ha generado trastornos para la salud ciudadana al espantar a laboratorios y fabricantes, además de la falta casi total de suministro adecuado–. Toda una lotería para contemplar si la adherencia al tratamiento médico con el medicamento habitual lo van a dispensar.

Con la disminución del suministro, el género alternativo es marcado por el farmacéutico –juez y parte, no sufre ni padece, salvo que expende, al tratarse de una cuestión especulativa en la que acceden varios negociadores tales como los importadores, los distribuidores–, y nunca jamás por los médicos, cuando el paciente –nunca mejor expresado–, que es quien lo requiere y lo sufraga, al comentarle que hay otros fármacos sustitutivos con el mismo principio activo y vía de administración –pero no miliequivalente, todo hay que decirlo– queda fuera de juego, aparte de recorrer infinidad de establecimientos farmacéuticos, porque no entiende que se juegue con su salud, gracias a la dictadura de medicamentos alternativos, que pueden producir intolerancias, alergias, entre otros inconvenientes.

ALFONSO CAMPUZANO

                  

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