PEGOTES LEGITIMADOS

El sueño político ha durado cuarenta años para los optimistas constitucionalistas, mientras que trescientos años para los pesimistas independentistas, y continúa – Alfonso Campuzano

Desde hace tiempo, quizá más de una generación, existe una corriente, casi habitual, en que la ideología  izquierdoide –tan anormalmente elástica, tan potencialmente osada ante profanos–, que domina el ambiente social a base de consentimientos y risas de interesados que sorprenden, porque supone, y así lo hace saber con sus imposiciones, sobre lo que es bueno o malo, como si todo lo demás –a ambos lados del arco–, fuera perjudicial, mientras pondera que lo suyo es beneficioso, sin que nadie se haya atrevido a señalarle que sus propósitos no son solventes, según lo muestra y demuestra la Historia Universal, sino que son frivolidades, tratando de chantajear el bien común y, sobre todo, tratando de traspasar cuantas líneas rojas de convivencia existan.

Además, desde siempre, el discurso izquierdoide –actualmente aburguesado–, cada vez que se acerca un micrófono, surge remarcando una regresión decimonónica como si fuera actual, intentando llevar la razón –por revancha habitual, por toxicidad endémica–, sin reconocer que, en muchas acciones –debido a su idiosincrasia–­, su comportamiento social es muy ultra, se salta las leyes, deshonra a quien no piensa como él –cuando las leyes, ante cualquier peligro más o menos inminente, son una defensa social importantísima para la convivencia–, sobre todo cuando no está de acuerdo con las urnas, exigiendo que las masas ocupen la calle, sin pensar que es de todos.

El horizonte –cada vez más cercano–, ha descubierto que un antidemócrata, un antisistema –que vive del Sistema, que no ha sido ungido por las urnas, a las que tiene un miedo cerval, que no representa a nadie, más que a una parte de su partido político–, está urdiendo una sospechosa máxima traición, es decir, está vendiendo parcelas proindiviso del territorio español, tal y como antaño hizo el Gobierno Regeneracionista de Práxedes Mateo Sagasta –bajo la Regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, que alumbró el desastre diplomático de 1898, dirigido por el liberal Juan Manual Sánchez y Gutiérrez de Castro, duque de Almodóvar– que se genuflexionó, ante los estadounidenses, por veinte millones de dólares, a cambio de las últimas colonias españolas: Cuba, Filipinas, Guam o Guaján, Puerto Rico.

Nada resulta extraño cuando la diplomacia española, en los últimos trescientos años, ha sido una asignatura gubernamental muy débil, de ahí que no haya sabido defender en tiempo y en forma ni recuperar lo perdido –Gibraltar, por ejemplo– ni siquiera mantener relaciones de afecto –tipo mancomunidad de naciones–, con los territorios coloniales de medio mundo.

Quien espere que el presunto máximo traidor de los últimos tiempos va a rectificar ante la lectura de la Constitución’78 está equivocado de medio a medio, porque lo que parece ser que busca –connivente con las exigencias de políticos independentistas, antidemocráticos, anticonstitucionalistas, proetarras, aparte de presunto plagiador, tramposo, varias veces mentiroso, sobre todo ante las Cortes españolas, quienes deberían aplicar el artículo 102, una suerte de impeachment estadounidense–, es una venganza personal contra los españoles y contra su partido, una vez que ha  perdido su orientación política.

No obstante, siempre queda el optimismo de pensar que, cuando se convoquen urnas, el próximo Gobierno resultante podría derogar todos los decretos antidemocráticos.

ALFONSO CAMPUZANO

            

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ESTADO ALQUILADO

Se ve como habitual lo que no es normal en una Monarquía parlamentaria y es la sustitución del jefe de Estado por el jefe de Gobierno – Alfonso Campuzano

La sensación que tiene el ciudadano de la Institución Monárquica española –árbitro partitocrático, que no comulga con ninguna fuerza política, pese a que, si la dejan, pone el dedo en la llaga que más duele–, precisamente desde 1982, es que la agenda real está secuestrada por el Gobierno de alterne –que es quien marca su aparición o desaparición dentro o fuera de nuestras fronteras–, donde cada uno arrienda la parte institucional que más le interesa para prorrogar lo máximo posible su estancia de aposento en la sellae curulis monclovita.

El jefe del Estado, como cabeza visible de la Institución Monárquica española, según la Constitución’78, no tiene capacidad para decir lo que se debe hacer para enmendar ciertos errores cometidos contra los españoles. Sin embargo, el jefe de Gobierno de alterne sí está en su derecho de poder torcer la línea escrita de cualquier discurso del monarca, no así si se tratara de una República, al estar afiliado a su mismo partido político.

Es un hecho habitual –primero durante la Dictadura y segundo durante la Partitocracia actual–, que las gentes de las regiones beneficiadas se han colgado el cartel de víctimas para seguir mamando de las restantes. Eso sí, muy bien dirigidas por partidos políticos deshonestos, incluso delincuentes, fundamentalmente para que no se note lo que se queda entre las uñas que pueda afianzar su patrimonio familiar.

Suman ocho decenios ya, a priori, en que tales regiones continúan siendo la niña bonita de la Administración central, favorecidas, tanto en macroinversiones como macrosubvenciones, porque cada vez que abren la boca con el quejido acostumbrado, el ministro de Hacienda de alterne –con tal de intentar silenciarlas, sin conseguirlo totalmente, sin escarmentar– lo que hace es aumentar el alimento de un monstruo durante una temporada, porque han descubierto un pozo sin fondo que las beneficia siempre en perjuicio de las demás. Con ello se ha pretendido mantener una desorientación social mediante una manipulación propiciatoria, y revisionista, que no conduce hacia el deseado bien común. 

De ahí que cada Gobierno de alterne se deba genuflexionar y, si llega el caso, tener vaselina a mano. Porque ya lo explica muy bien el refrán español: Quien alquila el culo no caga cuando quiere, que bien aplicado a la política española viene a decir que, desde hace más años de los que se piensa, existen acuerdos sotto voce que impiden progresar en infraestructuras a ciertas regiones, más o menos industriales, quizá debido a su situación geográfica, en beneficio de otras.

Es así como la Institución Monárquica, en soledad, y a modo de ducha escocesa, sufre una persecución partitocrática que no lo merece ni tan siquiera los españoles. Nada más hay que remitirse a las cumbres internacionales de jefes de Estado –sin que el rey emérito Don Juan Carlos I o el actual rey Don Felipe VI aparezcan–, donde se deja ver el jefe de Gobierno de alterne, en sustitución, para hacerse la foto, con la pretensión de elevarse un peldaño, como protagonista sin serlo, porque no le corresponde, y aparentar la representación de una República virtual en lugar de la una Monarquía parlamentaria.

ALFONSO CAMPUZANO

       

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