Los caprichosos alzamientos catalanes, sofocados urgentemente excepto el último (2017), cuyo desenlace se prevé sinuoso, han tenido lugar bajo el consentimiento del Gobierno de alterne – Alfonso Campuzano
La región catalana, en los últimos trescientos años, y hasta el momento –menos mal que infructuosamente–, ha proclamado su independencia en cinco ocasiones, aduciendo que la Organización de Naciones Unidas (O.N.U.) propugna el derecho a la autodeterminación de todas las colonias, pese a que nunca jamás ha disfrutado del tal status, y pese a que su lengua madre derive –quizá sin demasiada equivocación– del dialecto provenzal del idioma occitano del sureste francés.
Los cuatro primeros intentos independentistas –durante los años 1641, 1873, 1931, 1934– duraron aproximadamente, en su conjunto, unos 11 días y 10 horas. Repartidos en 6 días, 2 días, 3 días, 10 horas, respectivamente, lo que resalta una figura obsesiva –abanderada por determinados políticos–, digna de ser estudiada en cualquier cátedra de Psiquiatría.
Declaración republicana de Estado de Guerra en 1934
Sin embargo, el reciente quinto, pese a no ser reconocido ni tan siquiera conseguido, gracias a un lento y pesaroso golpe de Estado civil –preparado a voces desde antes de noviembre de 2014–, iniciado en octubre de 2017, aún sin abortar ni desmantelar ejemplarmente por el connivente, melindroso, torpísimo, Gobierno español de alterne, está siendo mantenido y financiado económicamente sin que se sepa a estas alturas del bárbaro evento qué futuro se prevé.
Porque los diferentes gobiernos españoles de alterne de los últimos cuarenta años, –presididos por Felipe González (13 años de PSOE), José María Aznar (8 años de PP), José Luis Rodríguez Zapatero (7 años de PSOE), Mariano Rajoy (6 años de PP), Pedro Sánchez (PSOE)– son responsables directos de no haber aplicado con sagacidad la Constitución’78; son responsables directos de no haber sabido controlar eficaz y contundentemente a los políticos desleales de la región catalana; son responsables directos de haber consentido la desafección social que ha conducido al actual intento de independentismo; son responsables directos de creer que engrilletaban a entidades –mediante macrosubvenciones y macroinversiones exigidas– cuando lo que generaban era el engorde patrimonial de faltriqueras de políticos –con nombres y apellidos–, que se han dejado querer, mientras que el resto de la sociedad, convenientemente sedada –alguna parte hasta anestesiada–, ha tardado en despertar y comprobar que se trata de robar una parcela del territorio español que constitucionalmente es un proindiviso, una copropiedad, una comunidad de bienes.
Durante el desacato de una parte de la sociedad catalana se han observado imágenes de una nueva forma de maltrato familiar al protegerse –durante manifestaciones y enfrentamientos con la policía–, ciertos padres con los escudos humanos de sus propios hijos.
El cuerpo policial –transferido por el ex presidente José María Aznar, llamado Mozos de Escuadra, cercano a los veinte mil, pagado por los contribuyentes–, se ha convertido en una guardia pretoriana, ambigua, desleal con la legalidad vigente del Estado español, debería ser cesado y disuelto, lo antes posible, por evidente sedición, por golpistas.
Habría que recordar que los responsables del golpe de Estado militar del 23-F (1981) fueron juzgados y condenados. Sin embargo, los responsables del actual golpe de Estado civil mantienen un litigio político a favor del diálogo –con los golpistas es letal dialogar–, en lugar de aplicar irrebatiblemente la ley, porque hay miedo a poner en marcha la aplicación de la Carta Magna en cuanto al artículo 155 y/o, en caso de que no guste, el artículo 8, además de los diferentes Códigos.
ALFONSO CAMPUZANO
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