LA PCR NUESTRA DE CADA DÍA

La ocurrencia de utilizar la prueba PCR, como moda, para diagnosticar cualquier enfermedad bacteriana o viral, sin especificar, ha terminado por oficializar un bucle sanitario mundial – Alfonso Campuzano

La llamada vulgarmente prueba PCR o Polymerase Chain Reaction (Reacción en Cadena de la Polimerasa), fue desarrollada en los años ochenta del siglo pasado, hasta conseguir que hoy día se emplee en multitud de aplicaciones, teniendo en cuenta que existe una gran variedad utilizable de polimerasas comercializadas.

En Medicina, la PCR se maneja fundamentalmente como método de evaluación en la detección de alguna enfermedad hereditaria, infecciones virales como el VIH o SIDA (Virus de la Inmunodeficiencia Humana o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), la hepatitis B e igualmente cuando se practican trasplantes de tejidos humanos y, asimismo, cuando se individualizan tratamientos de tumores francamente mutacionales.

En Paleontología, desde el punto de vista biológico, la PCR se utiliza allí donde se trata de descubrir restos genéticos no destruidos fósiles como en ámbar, brea, cenizas volcánicas, terrenos desérticos, glaciares, hielos polares y sedimentos.

En Antropología, la PCR se emplea para descubrir la fisionomía fundamental del ser humanoy su comportamiento social básicamente en cadáveres, esqueletos.

En Ciencias Forenses, como la Criminalística, la PCR se destina para identificar a personas, mediante la verificación a partir de restos de tejidos y fluidos humanos, incluyendo la saliva y el semen.

La prueba PCR, debido a sus variaciones, es tan complicada que tiende a ofrecer habitualmente resultados equivocados, por lo que se deben tomar muchísimas precauciones durante su aplicación al detectar material genético, pues puede sugerir que al manejarla en el ser humano dicte que ha estado expuesto a bacterias o a virus, sin diferenciar, y haya originado anticuerpos.

En la actualidad, y desde los años noventa, se han desarrollado hasta 6 tipos de PCR, además de sus 16 variaciones, que se encuentran distribuidas en los mercados, por cuanto que, dependiendo de la aplicación de uno u otros, los diagnósticos pueden ser diferentes, incluso inducir a error. Actualmente se usa la técnica PCR con transcriptasa inversa, aunque se desconoce si hay coincidencia en todos los países.

El análisis de la toma se realiza en un aparato denominado termociclador que debe ser capaz de mantener la temperatura del proceso completo durante una serie reiterativa de ciclos. La eficiencia depende de los ciclos –entre 20 y 35– o cambios de temperatura aplicados, y cada ciclo tiene 2-3 pasos de temperatura. No está muy claro si existe unanimidad en los ciclos, por tanto es posible que en todos los hospitales y en todas las provincias no realicen la prueba a los mismos ciclos.

Al tratarse de una prueba tan compleja, una ocurrencia adaptada como moda, para diagnosticar el coronavirus SARS-CoV-2 se ignora si todos los hospitales utilizan la misma técnica PCR o bien lo ha decidido cada economista.

¿En los hospitales españoles, y en el resto del planeta, hay unicidad de criterio en cuanto a la utilización de la misma técnica PCR con transcriptasa inversa, así como en cuanto al número de ciclos de amplificación del fragmento de ADN (Ácido DesoxirriboNucleico) y sus pasos de temperatura?

Si la respuesta a esta pregunta no es similar quiere indicar que las cifras oficiales de diagnósticos, en cuanto al número de casos totales, casos activos leves, casos activos críticos, casos recuperados, casos de fallecidos, nunca pueden ser iguales, de manera que las olas anunciadas pueden ser intermitentes, incluso infinitas, según dicte la autoridad competente.

ALFONSO CASMPUZANO

Sigue a @AIf0ns0

FOSAS COMUNES CONSTITUCIONALES

El pasado se ha hecho presente ante el increíble mal llamado ‘Expediente Royuela’, que ha puesto al descubierto asesinatos, extorsiones, fosas comunes, en época constitucional, y cuya investigación se echa de menos – Alfonso Campuzano

Fosas comunes, desgraciadamente, han existido desde tiempos remotos, bien fuera por catástrofes naturales –epidemias, terremotos–, bien por catástrofes artificiales –genocidios, guerras–, bien por actuaciones sicariantes del hampa mediante desapariciones físicas forzadas.

Aún hoy día existe en la mente colectiva española la creencia –en su mayor parte con visos de realidad–, de que las fosas comunes últimas fueron las que se perpetraron durante los años treinta del siglo pasado, pero sin localizaciones exactas.

No hay que olvidar que en toda guerra civil se desatan sentimientos ocultos que terminan por enfrentar a familias enteras, divididas y cuarteadas, cuando las ideologías se hacen inaguantables, incluso entre vecinos, por un quítame allá esas pajas, por malos quereres, y con la idea preconcebida de echar la culpa sistemáticamente a terceras personas.

También en partitocracia, que no en democracia, se tiene conocimiento de la existencia de fosas comunes –terreno propio de tres chalés alquilados, por ahora–, localizadas en Mequinenza, municipio Zaragoza; en Vinaroz, municipio Castellón; en Almacellas, municipio de Lérida, que albergan más de trescientas personas desaparecidas por eliminación física, llamadas inquilinos por sus enterradores, según ‘Operación Silencio’.

Estas fosas, aunque están perimetradas, deberán ser localizadas mediante la utilización de la fotografía aérea –circunscribiendo terreno removido–, añadiendo un georadar portátil, y habrán de ser removidas para exhumar a personas que tienen nombres y apellidos, aunque en situación social desarraigada, sin vínculos familiares, quizá delincuentes, tal y como consta en los papeles manuscritos del ‘Expediente Royuela’ del que sólo, hasta el momento, ha visto la luz, 385 vídeos, un 30% de los más de 36.000 documentos, que describen más de 1.136 asesinatos encargados –60% por el PSOE, un 35% por la propia familia en cuestiones de herencia, un 5% por bufetes de abogados–; que detallan más de 8.000 sentencias judiciales amañadas, prevaricación mediante; que explican más de 200 informes de extorsión a fiscales, forenses, inspectores de Hacienda, jueces, magistrados, políticos, de ambos sexos; delitos económicos, enriquecimiento ilícito, evasión de capitales de fiscales, forenses, inspectores de Hacienda, jueces, magistrados, políticos, denunciados ante la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT).

Y se detalla la carta escrita por el fiscal José María Mena Álvarez –autor material del mal llamado ‘Expediente Royuela’ sobre estas fosas, y a punto de jubilarse–, al presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero para que le amparase mediante inmunidad para sí y para su banda, pero declinó investigar.

La sorpresa es que la democracia española tiene sus fosas comunes, tal y como tuvo la Segunda Republica, pero por motivos bien distintos. Es deber del Estado español –con dinero de los contribuyentes– conseguir que todos los restos humanos desperdigados en estas tres fosas comunes descansen en un camposanto. Un luctuoso hecho tan escandaloso socialmente que debe ser investigado urgentemente por la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Fiscalía General del Estado, o ¿no se atreven?

ALFONSO CAMPUZANO

Sigue a @AIf0ns0

VIGENCIA DEL GOLPE DE ESTADO DEL 11M

La Historia Universal está llena de enigmas, considerados como secretos de Estado, salvaguardas de impunidad para sus protagonistas – Alfonso Campuzano

Han pasado más de tres lustros desde que, en una mañana de marzo de 2004, previa a unas elecciones generales, se inició la desestabilización de la partitocracia, tras cuatro decenios preconstitucionales, mediante una masacre producida en varios vagones bomba, que hoy día vive la ciudadanía española.

El tiempo, aparte de que pone todo en el lugar que le corresponde, descubre hechos que, aunque estén a la vista, no se ven correctamente, sobre todo cuando intereses partidistas y sectarios ayudan a manipular la evidencia.

Las pruebas de la masacre del 11M formaban un grupo de cuatro vagones de tren que circulaban por la Red de Cercanías de Madrid que, transcurridos ocho años, y sin justificación posible, ya habían sido destruido tres, por lo que tan sólo restaba uno almacenado, y sin que aparentemente hubiera sido analizado. Así que, Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado, ordenó destruir el último indicio irrebatible y concluyente, porque la realidad era tozuda y contraria a la versión oficial, quedando el caso amputado, y sin solución más que para quienes ordenaron aquella matanza financiada.

Un grupo/club dio un golpe de Estado civil, que la instrucción, pese a que teóricamente investigó, pero no reflexionó ante las pruebas con patas, ya que buscó la versión política que más interesaba, pensando en que fuera posible que jamás se supiera la verdad de lo ocurrido. En aquella fecha, como actualmente, a pesar de que la sentencia judicial resultó patética por las graves anomalías, irregularidades, abusos, la pregunta continúa siendo la misma: ¿qué mente tramposa y criminal imaginó y puso en práctica la vivencia de aquella macroagresión ferroviaria?

Con la vista puesta en los años transcurridos, la respuesta puede estar a la vuelta de la esquina, gracias a una documentación providencial que comenzó a aparecer en las redes sociales en julio de 2019, a modo de vídeos, sobre un entramado de corrupción judicial en la región catalana que, en su diversificación, convergía en este particular atentado.

Si detrás de las múltiples versiones sobre el golpe de Estado militar del 23F –23 de febrero de 1982– una de ellas se extendía sobre la conspiración del partido político PSOE –como han dejado una constancia clara, negro sobre blanco, libros y artículos, durante los últimos cuarenta años–, cuya genética pura y dura, además de analizada a través de la historia desde su fundación, ¿por qué no iba a estar en el encargo del caso 11M?

Para ello, el 'Expediente Royuela' es más explícito y ayuda a desentrañar los enlaces ocultos de una realidad terca, en la que desvela el secreto de alcanzar el poder, sin importar vender su alma, lo mismo que ocurrió con los G.A.L. –léase Grupos Antiterroristas de Liberación–, de infausto recuerdo por su connotación de guerra sucia o terrorismo de Estado (vídeo 27, vídeo 58, vídeo 74, vídeo 103). Y, las víctimas, hasta el momento, censuradas, excluidas, difamadas, menospreciadas, y demás denominaciones irreflexivas.

Y últimamente con  el descubrimiento de varias fosas comunes constitucionales –tres, por ahora–, localizadas en Mequinenza, municipio de Zaragoza, Vinaroz, municipio de Castellón, la tercera está  apunto de ser nombrada, pero en otro capítulo.

Después de todo, ¿quién continúa engañando a quién?, aunque posiblemente por poco tiempo si la Fiscalía General del Estado actúa en consecuencia, haciendo que se vea que su trabajo merece el sueldo que pagan los contribuyentes con sus impuestos.

ALFONSO CAMPUZANO

Sigue a @AIf0ns0