ALARMANTE EXPEDIENTE ROYUELA

El desconocido tesoro histórico-judicial español relatado entre 1991 y 2006 recoge una época tenebrosa que se ha impedido conocer por desidia y miedo – Alfonso Campuzano 

Las más de treinta mil carpetas rojas, con los pertinentes papeles manuscritos del actual ex fiscal José María Mena Álvarez, correspondientes al ‘Expediente Royuela’, depositadas en un zulo de la clínica abortista del Dr. Morín (vídeo 37), no se generaron espontáneamente, como aparentemente se supone, sino que, a pesar de desconocer su comienzo, el hilo conductor finaliza con la jubilación del firmante.

Fascina la envergadura de este tesoro histórico-judicial que, casi día a día, describe pormenorizadamente los actos de una banda criminal manifiestamente experimentada en delinquir, desde la potestad que confiere el ejercicio distorsionado hacia los más bajos y primitivos instintos de una magistratura delegada, en representación del Ministerio de Justicia.

Los papeles de ida y vuelta dan cuenta de la vida cotidiana de una organización muy estricta en cuanto a las normas de seguimiento y cumplimiento de todo lo pactado a la carta, según los peticionarios de intereses tenebrosos, que se retroalimentaba, según avanzaba, en la superación de sus canalladas.

La práctica de un rastreo exhaustivo se extendía desde el encargo hasta seis meses posteriores hasta la eliminación física estipulada, dado que se trataba de algo verdaderamente importante como una persona molesta, o una herencia en el horizonte, se desplegaban medios adecuados a todos los niveles sociales para control y ejecución.

Desde cualquier ángulo se puede intentar rebatir lo que refleja en sus líneas manuscritas bajo un mismo y reiterativo tipo de letra que, por el volumen de documentos, es prácticamente imposible haber sido inventada y falsificada por mano humana. De hecho, varios peritos calígrafos, y en varios países, han emitido informes de sus análisis, llegando a idéntica conclusión: pertenecen a la persona que se ha negado rotundamente a ser investigado.

Hasta ahora, lo aportado en las redes parece ser que es un 30% de la totalidad, y sin desperdicio, de manera que, lo descrito es tan contemporáneo que resulta un recordatorio de lo ya leído en la prensa, pero expresado en términos tan diferentes como opuestos.

Ver y escuchar los más de 150 vídeos produce náuseas y vértigo al descender escatológicamente hacia un submundo siniestro y muy difícil de entender en una sociedad que está, en unas ocasiones, sedada, mientras que, en otras, no se mueve por estar anestesiada, hecho que, quienes pueden, aprovechan para avanzar hacia el totalitarismo por dejación de funciones de las instituciones, que miran pero no ven, que oyen pero no escuchan, y sin cumplir la ley escrita.

La ley, ante las mil y una interpretaciones judiciales, significa indefensión del demandante/querellante aún con pruebas a su favor, porque la admisión a trámite ya asemeja un juego de azar, pues admite todas las posibilidades, incluso ninguna. ¿Con justificación o sin ella? La instrucción, otro freno a rebasar en una carrera de obstáculos sin solución de continuidad hasta conseguir fecha de la vista oral.

Los razonamientos jurídicos pueden estar contaminados desde el momento en que el raciocinio depende de la capacidad intelectual del administrador, siempre y cuando no sobrevalore más la ideología política que la imparcialidad, como ya ocurrió con las querellas fallidas en 2006 y 2009.

ALFONSO CAMPUZANO

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UNA VIDA DE ESCAQUEO

 Retrospectivamente se observa cómo la Constitución votada en 1978 continúa sin haber sido desarrollada por desidia política, pero soplan vientos de destrucción – Alfonso Campuzano

El vocablo escaqueo –desinteresado en analizar si es el más adecuado–, sorprende al definir la apatía de los principales partidos políticos que han dirigido lo que, en su día, se llamó Transición desde el Directorio Militar a la Partitocracia actual.

Tal pasividad estuvo repleta de amoralidad en sentido exponencial a medida que pasaban los años, y que aún continúa, sin pretender el bien común, sino la colocación alternativa de todos aquellos personajes afines que pudieran transformar el voto en una continuidad indefinida en el poder.

La cultura del bien común no ha cuajado en las mentes españolas, aunque sí en los países del entorno, donde los políticos ven a sus votantes, no como esclavos a su servicio, sino como personas que les pagan por los servicios que prestan para que el Estado mejore hacia el bienestar.

La situación española es tan egoísta que ha permitido, y permite aún, el olvido de cohechos, crímenes, prevaricaciones, traiciones, desfalcos –pagados por los contribuyentes con sus impuestos–, donde la Administración de Justicia ha funcionado a dos velocidades, lo que supone corruptelas de mayor o menor grado: una para los políticos en exclusiva –debido a su incomprensible y antinatural aforamiento–, que finaliza en impunidad, y otra para los ciudadanos, que continúan con las anteojeras colectivas de sedación, incluso de anestesia.

El beneficio resultante ha derivado hacia personajes que promulgan leyes, para quienes se autosuben sueldos y prebendas escaqueando a la Hacienda Pública y a la Tesorería de la Seguridad Social la casi totalidad de lo percibido mensualmente, pensando que el dinero no es de nadie, sino de los que, como ellos, lo manejan a su capricho.

La hipocresía política ha llegado a tal extremo que, por comodidad y desidia, se mantiene admitiendo lo anormal, incluso lo subnormal, como si fuera normal, y a vivir aposentado en lo conquistado.

Una administración central que, tras cuarenta años, se ha dividido, con más o menos transferencias regionales altamente generosas –superiores a las europeas–, en diecisiete grillos con título de propiedad del partido político de alterne, lo que ha dado lugar a dieciocho leyes, publicadas tanto por el ministerio correspondiente como por un sinnúmero de consejerías, lo cual dice y hace que, a causa de la multiburocracia territorial, sea imposible conseguir la unanimidad de criterio, de manera que, gracias a esta diversidad lo que se ha visto es el enriquecimiento de los políticos y empresas públicas afines en busca de enjuagues y picardías que no hay forma ni manera de rectificar.

Este perfil de marrullería, en grado sumo, es inconcebible en democracias europeas, sobre todo en países nórdicos, quienes tienen bien sujetos, y atados muy cortos, a sus representantes políticos para que no se desvíen hacia el duro pelelismo que los españoles tan bien conocen.

Entretanto, el gobierno de cohabitación socialcomunista de Pedro y Pablo –dos músicas, dos letras, desafinando ambas–, va inclinando su balanza hacia un Estado totalitario para cumplir la promesa del asalto a los cielos, dejando de lado el desarrollo de la Constitución de 1978 porque les estorba.

En España con dos diputados por provincia, es decir, 100 en la Cámara Baja o Congreso, y un senador por provincia, es decir, 50 en la cámara Alta o Senado, serían mucho más que suficientes. Y en las CCAA, como mucho, diez por cada una de las diecisiete –sobran tres–, es decir, un total de 170. En el Europarlamento sería idóneo un eurodiputado por provincia, además de ampliar el teletrabajo que evite desplazamientos superfluos y carísimos para el bolsillo de los contribuyentes. 

Todo ello acompañado de recortes y rebajas de sueldos, dietas, especies, prebendas, vicios escatológicos, coches oficiales, empadronamientos a la carta de políticos que acompañen a los que bregan en galeras para su beneficio.

Una mención aparte son los miles de asesores –pagados también por los contribuyentes–, que deben ser reducidos a la mínima expresión potencial, ya que, si son tan necesarios significa que los políticos dominan poco y, si dominan poco, es mejor que no se presenten ni representen, porque no valen lo que exigen.

ALFONSO CAMPUZANO

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ANTE UNA SANIDAD AZOGADA

La especie humana está en riesgo, no actualmente, sino desde siempre, en un planeta autosuficiente y autoabastecido donde el holocausto está a la orden del día, siempre y cuando la hegemonía reduzca el bien común – Alfonso Campuzano

Viene a cuento que, las prisas no son buenas consejeras, según un refrán español, tras haber leído que, tanto España como Europa, han decidido responsabilizarse de las posibles odiadas secuelas imprevistas y generadas en la aplicación de una vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, después de la distribución mercantil –pagando, eso sí, por ahora, virtuales compensaciones económicas–, aunque se desconocen los términos de las cláusulas y contrapartidas. 

Tales prisas se han convertido en una especie de azogue que ha atacado al Ministerio de Sanidad –representado por el filósofo Salvador Illa– con la firma de un acuerdo que puede costar carísimo cuando se trata de esquilmar los bolsillos ajenos, además de facilitar a la población una serie intolerable de sufrimientos, sobre todo inseguridad, que pueden finalizar en una tragedia peor que la que se está padeciendo a nivel mundial.

Asombra que los ciudadanos europeos –incluidos los españoles– tengan que soportar crematísticamente dicha carrera inmunológica con horizonte desconocido por encontrar una vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, cuando lo habitual, por mucha tecnología avanzada que exista, es que sumen varias décadas dedicadas a la investigación.

Voluntarios adultos sanos para experimentar durante la 3ª fase clínica –en busca de la dosis y eficacia adecuadas, así como la valoración de la efectividad, con un término medio de unos seis años–, por supuesto, no a cientos, sino a miles, que serán cobayas humanos ansiosos después de haber asimilado el terror televisivo impuesto por decreto durante el estado de alarma/excepción, saltándose la fase experimental con seres inferiores, que difícilmente podrá beneficiar a la especie humana.

Sin embargo, la omisión, durante casi dos años, en la búsqueda del antígeno capaz de generar un duplicado inmunológico, además de la supresión, durante casi tres años, de la 2ª fase preclínica cultivando el antígeno en células, con tal de adelantar los tiempos marcados por el protocolo de fases, es una temeridad. Sin olvidar que una vez comercializada la virtual vacuna debe continuar el seguimiento, que será exhaustivo.

Las expectativas, en este caso –pese a las ingentes cantidades de dinero invertido en múltiples investigaciones en curso, casi dos centenares–, tienen un recorrido corto cuando se piensa en el machaqueo de las noticias, durante los años ochenta, relativas al VIH/SIDA, anunciando la inminencia de la puesta a punto de su vacuna, que aún hoy día no se ha conseguido ni se la espera, por no hablar del Ébola.

Lo peor es todo es que, cualquier proposición que parte de la ansiedad proporcionada casi gratuitamente por los medios de comunicación, se acepta como buena, cuando lo que probablemente origine es una hiperansiedad, ya que el futuro tarda en avanzar cuando más se desea.

Por otra parte, no hay garantía absoluta de que una o varias vacunas funcionen, dada la premura, por mucha tecnología avanzada que exista en el mercado, ya que la idea política generalizada es que se salten varios protocolos de la cuatro fases para ganar tiempo en detrimento posiblemente de la efectividad, lo que induce a pensar en directrices propias de una ineptocracia política.

Todo el procedimiento, con sus respectivas fases de investigación, debería ser estricta y escrupulosamente vigilado bajo el rigor de la lupa o, mejor dicho, del microscopio, pues la especie humana peligra cuando se complica la seguridad en beneficio del desmantelamiento de la barrera inmunológica natural.

La cautela no prima entre políticos porque la responsabilidad siempre es de otros, de manera que deberían no ser tan optimistas, sino muy prudentes ante posibles e irremediables rechazos contraproducentes y peligrosos, algo de lo que carecen.

ALFONSO CAMPUZANO
                

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AVANCE EN TRABAJOS SOCIALES

 La adaptación de penas a los delitos es una exigencia social que busca convivencia y bien común – Alfonso Campuzano

En pleno siglo XXI, y tras más de cuarenta años de convivencia partitocrática,  convendría que el Poder Legislativo hiciera un examen de conciencia respecto a las penas impuestas por faltas y delitos tipificados en el Código Penal, dado que la convivencia en sociedad exige normas de respeto y de urbanidad.

El Poder Legislativo –representado por personas elegidas, mediante urnas, que deberían figurar en listas abiertas y no dirigidas por los partidos políticos, para que no se cuelen personas indeseables– debería preocuparse de actualizar las leyes, utilizando ciertos principios para que el alcance afecte también a los políticos y aforados.

Lo que más destaca es que, quienes tienen fácil acceso al dinero público, malversen, coaccionen, estafen, sin piedad siguiendo la voz oída de que no es de nadie, lo que acarrearía como condición indispensable cuando se les arresta, la devolución del dinero; alimento auto sufragado mediante trabajos sociales; reeducación comunitaria; inhabilitación para cargo público de por vida, sobre todo para que no reincidan.

En cuanto a los criminales, torturadores, depredadores sexuales, pirómanos, deberían ser sentenciados con prisión permanente sin revisión para no tener ideas de recaer; trabajos sociales como medio para mantenerse; además de incapacitación para cargo público de por vida.

Algo tiene que hacer la sociedad para defenderse de tales personajes. En general, el sostenimiento de los delincuentes condenados a prisión –ya sea temporal o bien permanente revisable–, debe ser auto sufragado por él y/o su familia, pues la sociedad no puede ni debe costear sus fechorías. La inhabilitación para cargo público debería ser de por vida. Todo presidiario debería someterse a una reeducación comunitaria. Todo presidiario debería ser penado para hacer trabajos sociales más o menos complicados, fuera de su centro, según la infracción, por los años impuestos como condena, como medio para conseguir su propio sustento. No debería existir redención de pena ni cartilla de paro al salir de prisión, porque pactar un número de años para cumplir un tercio es una tomadura de pelo hacia la sociedad.

En principio, despilfarrar dinero público –léanse impuestos directos e indirectos, pagados por los españoles– destinado a los noventa y dos centros penitenciarios (92), ya sea en construcción, ya sea en mantenimiento, no debe ser prioritario ni de lejos, aunque entre ellos destaquen varios de superlujo, casi cinco estrellas, dispuestos para los más agraciados.

Un presidiario –de los sesenta mil (60.000), figuran diecisiete mil (17.000, o sea, el 28%) que son extranjeros, algunos ilegales, y que deberían ser repatriados–, cuesta a los contribuyentes unos sesenta y cinco euros diarios, es decir, casi veinticuatro mil euros al año, lo que en cifras globales supone unos mil quinientos millones de euros anuales (1.500.000.000€/a.), dicho de otra manera, una gestión económica muy gravosa.

Como contrapartida al sistema judicial y penitenciario español –demasiado tolerante y bisoño–, está el sistema judicial y penitenciario estadounidense, que no cree en la reinserción de un penado, porque considera que puede reincidir, sobre todo si tiene la más mínima oportunidad.

Así que su doctrina lo tiene claro: quién la hace sabe que repite, y no malgasta tiempo y dinero en reeducación comunitaria, inviable a todas luces.

ALFONSO CAMPUZANO

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