Que las anteojeras de la solidaridad y magnanimidad hacia
las olas de inmigrantes/refugiados no impidan ayudar a los millones de
desempleados desamparados – Alfonso Campuzano
En
mayor o menor medida, desde siempre, y acotando las épocas, ha existido la
emigración, ya fuera económica o bien con el cartel a cuestas de refugiado,
todo proporcional al número de habitantes y de conflictos.
Mal que
pese, los gobiernos europeos difícilmente pueden cumplir con las cuotas de
acogida de inmigrantes si el número de desempleados, que no cobra pensión, les
asfixia, tanto unos como otros, a cargo de los contribuyentes, y no
precisamente de los políticos, que decretan leyes y normas, que están dispensados
de su cumplimiento.
Las categorías de los refugiados,
que todo el mundo desconoce de dónde parte esta
clasificación, dependen del ciclo y de los
medios de comunicación, aunque se adivina que es
eminentemente política interesada.
Según la
Convención de Ginebra, un refugiado debe reunir ciertos criterios como son: Demostrar
que es perseguido por su grupo social, por su nacionalidad, por sus opiniones
políticas, por su raza, por su religión. Demostrar que, debido a la persecución,
de la que es víctima, no quiere ni puede reclamar protección ni retornar a su
país. Demostrar que se encuentra en una situación donde no es posible ninguna
solución duradera en un plazo razonable. Demostrar que no está sujeto a una
orden de expulsión. Y pocos, o ninguno, cumplen.
Los Centros
de Estancia Temporal de Inmigrantes (C.E.T.I.) acogen a personas denominadas
vulgarmente: sin papeles, es decir, son ilícitas, viajan sin pasaporte o con
pasaporte falso, sin carnet de conducir, sin antecedentes penales, sin
calendario de vacunación, sin currículum; que fingen, que son sospechosas de
delincuencia, que quieren saltarse la ley; que enmudecen o mienten al ser
preguntadas por el país de su procedencia, a fin de solicitar su documentación;
que se cuelan de rondón en un país, sin haber sido invitados; que pretenden beneficiarse
de algo a lo que no han contribuido, como escaquearse cuando se les ofrece un
trabajo para contribuir a su gasto y al de la comunidad que les acoge; que
aspiran a evadirse.
Unas
personas que, con el paso el tiempo, se muestran más y más agresivos, que
utilizan armas, como cizallas y mazas, piedras, palos, tubos, con las que
agraden a las fuerzas de seguridad, que tienen prohibido utilizar material
antidisturbios, en el asalto violento de fronteras, que sirven para dar
seguridad física y sanitaria a personas que pagan impuestos, casi
confiscatorios. Ha habido que invertir dinero de los contribuyentes en la instalación
de videocámaras y cámaras térmicas de infrarrojos; en la instalación de luces
de alta intensidad y sensores de movimiento y ruido; en proporcionar equipos de
visión nocturna a la policía de fronteras.
Por el bien de los Estados, y sus
ciudadanos, el tiempo
de internamiento es necesario para que sea registrado
correctamente; para que sean cruzados sus datos de las bases de seguridad; para lograr completar los procedimientos
organizativos de devolución a su país de origen, si se consigue, varía,
pudiendo alargarse hasta dieciocho meses. Mientras tanto, en defensa del
ciudadano oriundo, en previsión de una epidemia, que pueda transformarse en una
pandemia, se les atiende sanitariamente, se les vacuna, lo cuál no es gratis,
cuesta mucho dinero al erario público.
Como conclusión: hay que alejar tanto
la inseguridad ciudadana como la inseguridad sanitaria y no dejar que la
bandera del buenismo y bienquedismo político, es decir, la demagogia y la
hipocresía, ondeen por doquier, que tanto daño hace a la sociedad.
Alfonso Campuzano
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