DESGUACE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (III)

La sociedad, cuando logra la madurez, tras largos años de aprendizaje, tiene la capacidad suficiente para poder exigir a sus gobernantes – Alfonso Campuzano

Antes de que la Seguridad Social, y su Caja/Hucha de las Pensiones, la den por desaparecida y muerta, políticamente hablando, todos los españoles, sin excepción, tendrían que plantearse seriamente una solución para los siguientes puntos:

Disminuir en dos tercios los casi medio millón de políticos –actualmente hay un político por cada 105,9 habitantes–, que han emergido en los últimos cuarenta años, que han demostrado muy buena gestión para su creciente patrimonio personal –algunos ya millonarios, sobre todo socialistas, desde la apertura de veda señalada por el exministro Carlos Solchaga, socialista él, al apuntar: ‘En este país el que no se hace rico es idiota’–, pero nulo para el bien común, que viven a cargo de los contribuyentes, sin aportar poco más que sus vagas ideas legislativas, que nunca jamás cumplen, pero pretenden que los demás, por imperativo legal, sí tienen que cumplirlas.

Disminuir/anular los privilegios políticos que se otorgan a sí mismos, es decir: sueldo; comisiones; desplazamientos mediante peaje, taxi; dietas y manutenciones; portavocías; despachos; vehículos oficiales; chóferes; secretarías y secretarias; multiasesores; asistentes; comidas de trabajo; alojamiento en hoteles; viajes con billete de primera clase en avión, barco, tren; tarjetas de crédito personales; teléfonos fijos y móviles con su red; computadoras; subvenciones; escoltas; mudanzas; indemnizaciones por cesantía del cargo; y un etcétera largo de prebendas, sin cotizar su totalidad a la Seguridad Social –cuyo significado, al ser dinero negro, es corrupción–, porque su trabajo, como su nombre indica, es un Servicio al reino de España, por tanto, cada cargo político debería cobrar exactamente lo mismo que cobraba antes de ser elegido, incluso para cargos de empresas públicas, sin pensar en indemnizaciones. Además de prohibir los autoincrementos de sueldos sin haber solicitado una auditoria externa. 

Anular los privilegios a ex presidentes y ex ministros, tales como el despacho, el coche oficial, la secretaría, el sueldo vitalicio, etcétera, y equiparar su pensión a la que corresponda por sus años de cotización, como cualquier trabajador, que es de justicia. 

Disminuir los impuestos, tanto directos como indirectos, de las cuatro administraciones del Estado: central, autonómica, provincial, municipal, que llegan al 70%, contribuyendo a esquilmar seriamente el bolsillo de los contribuyentes.

Disminuir la deuda pública de un billón ciento noventa y nueve mil setecientos setenta y tres millones de euros (1.199.773.000.000€), cuando en 1975 era de ciento setenta y cinco mil millones de pesetas (175.000.000.000pta.), que traducido a euros eran mil cincuenta y un millones setecientos setenta y un mil ciento ochenta (1.051.771.180€). Una deuda que ha aumentado mil veces, lo que significa un derroche faraónico, sin salida, y hacia un suicidio financiero ralentizado.

Disminuir/negar las condonaciones de deuda a otros países –regalo o perdón financiero– para que con tal cantidad se consiga pagar la deuda pública propia.

Disminuir en dos tercios el aporte de los contribuyentes a todo tipo de elecciones –generales, autonómicas, municipales, europeas–, de manera que si, cada una de las elecciones, cuesta 170.000.000€ de los impuestos –correos (36%); escrutinio y difusión de datos (11%); logística (11%); cuerpos y fuerzas de seguridad (42%)–, sólo pagarían un tercio, mientras el resto lo pagarían, tanto los partidos políticos como los propios interesados.

Disminuir/anular el sembrado de subvenciones millonarias descontroladas, plasmadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que los partidos políticos asignan a Empresas públicas, a Partidos políticos, a Centrales Sindicales, a Fundaciones, a Patronales, a Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), etcétera, que inocentemente pagan los contribuyentes sin que hayan pedido permiso. Sería recomendable que no se filosofara con las macroayudas transformadas en subvenciones a fondo perdido cuando lo que debieran aumentar son los préstamos a nulo interés, ya que cerca de veinte mil millones de euros (20.000.000.000€) han desaparecido sin haber constatado un mínimo reflejo de transparencia económica.

Suprimir la población de presidiarios extranjeros –casi veinte mil–, extraditándolos a su país de origen, ya que cada uno del total (60.000) cuesta a los contribuyentes 65€/día, es decir, 23.725€/año. Asimismo, programar progresistamente al resto de la población presidiaria autóctona para tareas comunitarias/sociales de asfalto de carreteras, limpieza de calles, limpieza de jardines, etcétera.

Que los políticos deben pagar el Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) y Seguridad Social (S.S.), sí o sí, de todo lo que ingresen mensualmente, y percibir una sola pensión –en lugar de dos o tres–, precisamente la que corresponda exclusivamente por su tiempo en el cargo.

Que las pensiones no contributivas deben cargarse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y no en la Seguridad Social, simplemente por no haber cotizado, tales como las bonificaciones al empleo, los incentivos, la reducción de cotización a la contratación, las subvenciones, los inmigrantes, los refugiados, las personas que cuidan de dependientes, las personas en riesgo de exclusión social, porque según el economista Howard Kershner: "Cuando la gente le confiere al Gobierno el poder de quitarles a ellos para darle a otros, el proceso no se detendrá hasta que el último hueso del último contribuyente quede desnudo."

Que como complemento a la mano que mete en la Caja, se deje de realizar préstamos a la Seguridad Social (S.S.) –muy difíciles de restituir–, en lugar de transferencias corrientes, pagadas con impuestos, porque lo único que quizá se consiga con ello sea ayudar a los Bancos a mantener su nivel.

Que los políticos deben ser multados y/o suspendidos de empleo y sueldo cada vez que, sin justificación médica, se ausenten de su escaño durante los plenos y las comisiones.

Que los políticos, cuando sean imputados por su mala gestión ante los tribunales, tengan prohibido defenderse empleando dinero de los contribuyentes.

Concluyendo: No hay que olvidar encarecidamente que estas exigencias nunca jamás se alcanzarán si la sociedad española no se toma en serio que debe madurar para reivindicar lo que es suyo.

Añadiendo: Si siempre hay, y nunca faltará, para el resto de los Ministerios, se debe dejar de amenazar con la falacia reiterativa del hundimiento de la Seguridad Social.

           ALFONSO CAMPUZANO

                  

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