El archivo de carpetas rojas abrasa con fuego virtual a quien lo lee, porque el conocimiento paraliza su divulgación – Alfonso Campuzano
Ante la recepción, hace varios meses, de un whatsapp que enlazaba con un vídeo de sorprendente trama oscura e intrigante, la fibra sensible se alteró de tal forma que, al ver número y fecha, se contabilizaba una serie de ochenta y tantos más, cuya difusión había comenzado el 29 de julio de 2019, y aumentando cada semana.
Así que, día a día, utilizando tiempo perdido, la atención máxima se decantaba hacia lo que veía y oía en cada uno de ellos con duración entre media y una hora. Muchas horas. Aquel argumento no tenía nada que ver con todo lo conocido, ya fuera por lectura, ya fuera por películas, sino que se trataba del relato de un mundo sórdido e impensable para cualquier mente bien amueblada.
La exposición cruda de un tipo de corrupción judicial española nunca jamás contada, hasta el momento, manuscrita por los mismos protagonistas criminales, hacía pensar en un género de realismo fantástico.
En su conjunto, los vídeos –a fecha actual son más de 140– que unidos a la documentación acompañante hablaban de una investigación llevada a cabo durante veinticinco años por Alberto Royuela a la que se unió posteriormente Santiago, uno de sus hijos, que analizaron más de treinta y seis mil carpetas rojas, cada una con una veintena de papeles manuscritos, que han sido sometidos a pruebas caligráficas en España, Francia, Austria, y a estudio de huellas y ADN, que hablan de amaños, sobornos, atentados, extorsiones, delitos económicos, tráfico de drogas, en sus múltiple facetas.
El perfil de actuación descrito en este gran archivo manuscrito es muy parecido al de cualquier organización inteligente, más o menos secreta. Ante tal visión se descubre paso a paso la red criminal –una empresa de matar–, precisamente la que ponía en marcha los asesinatos encargados por entidades y particulares –dos por semana, hasta un total de mil ciento treinta y seis, de ellos unos doscientos cuarenta, descubiertos por la jurista y magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Alegret Burgués–, muy bien acreditados, incluso anotando la correspondiente compensación económica.
El manejo era mediante un protocolo preestablecido para su sicariado:
–Encargo por entidad, según código 1017, o bien por parentesco, tal que esposo/a, hijo/a, yerno/nuera.
–Intervención telefónica para conocer los movimientos.
–Informe patrimonial a efectos de valoración del servicio.
–Visto bueno de eliminación física mediante un accidente de tráfico sin importar daños colaterales o bien a base de la administración de un producto químico, desestabilizador cardiopulmonar, causante de parada cardiorespiratoria.
–Asistencia del sicario al funeral para controlar a los familiares del finado.
–Intimidando físicamente a la familia, destrozando inmuebles, si fuera necesario, para que retirara la denuncia.
–Desarticulación y archivo de posibles diligencias judiciales de la unidad de la policía científica.
–Persuasión al laboratorio forense para la emisión de informes favorables a los intereses del solicitante, como si fuera un fallecimiento natural, mediante compra de voluntades, de que diera la conformidad solicitada, es decir, un dictamen sin vinculación, sin atender a las evidentes pruebas analizadas.
–Finalización del seguimiento hasta seis meses después.
Vayan por delante unos ejemplos a tener en cuenta: Intento de eliminación física de Mariano Rajoy (vídeo 38). Asesinato del teniente general Manuel Gutiérrez Mellado (vídeo 60). Asesinato de Antonio Guerra (vídeo 61). Asesinato del periodista Antonio Herrero (vídeo 65). Asesinato de Carlos Ferrer Salat (vídeo 81).
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