Con unos políticos reencarnados en la autoflagelación España ha sido cuna de golpes de Estado sin que la sociedad autocomplaciente haya sido capaz de desenmascararlos y arrojarlos al averno – Alfonso Campuzano
Desde el punto de vista institucional, a partir de noviembre de 1975, los años finales del siglo XX y principios del siguiente, han sido políticamente convulsos con diferentes golpes de Estado –que no han finalizado, porque no se han desarticulado, porque se mantienen a cámara lenta–, inaugurados con el militar del 23 de febrero de 1981, desbaratado en menos de veinticuatro horas, y con sus cabecillas puestos a disposición judicial, siendo juzgados y condenados por los tribunales competentes.
Aunque no reconocido por los medios de comunicación ni por la sociedad sedada, el desarrollo del golpe de Estado civil del 11 de marzo de 2004 se tradujo en una matanza ferroviaria, con un sumario en el que destacaron anomalías, arbitrariedades, incorreciones, demolición de pruebas básicas a los tres meses, sin haber dado como creíbles los resultados de sus análisis, bajo la instrucción de juez y fiscal, en una parodia de juicio muy ruidoso, pero nada verosímil, consiguiendo que el partido político socialista regresara al poder.
El anuncio a cámara lenta del golpe de Estado civil del 1º de octubre de 2017 en la región catalana no era una broma, porque aún continúa, porque sus defensores, pese a haber sido juzgados, sentenciados como sediciosos, y no como rebeldes, gracias a la mano alargada del P.S.O.E. –como siempre, en este caso Pedro Sánchez–, no están arrepentidos ni pretenden abjurar de él, amenazando con la segunda parte ante las instituciones estatales que les dejan hacer aquello que desean.
Para colmo, el cuarto golpe de Estado civil del 1º de junio de 2018 interpretado como moción de censura del socialista Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, con la intención de regenerar la vida política. Ni siquiera lo consiguió desde la secretaría general de su partido más que engañando como desde hace cuarenta años, urdiendo entramados para malversar dinero público utilizando, por ejemplo, una misma factura justificadora de gastos presentada en varias administraciones y conseguir subvenciones. Una corrupción que ha costado a los contribuyentes españoles la friolera de más de ciento veinticuatro mil millones de euros (124.124.090.826 €), y continúa. Conclusión: Menos subvenciones y más sueldos europeos.
Hace un año, y no por los medios de comunicación habituales, quien ha tenido a punto, tanto vista como oído, se ha enterado que, en Cataluña se mantiene un golpe de Estado cívico-judicial, como consecuencia de la corrupción que impera en la fiscalía, sin saber la fecha exacta del comienzo. Posiblemente fuera en la época que la Fiscalía General del Estado se querellaba contra Banca Catalana por medio de los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena Álvarez que procesaron a casi una treintena de implicados –incluido el vicepresidente Jordi Pujol–, por varios delitos tales que apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil, maquinación para alterar las cosas.
En el sobreseimiento de la causa, posiblemente de orden político, tuvo su intervención la mano alargada del presidente de Gobierno socialista de la época, Felipe González, como pago a los favores políticos recibidos. Y de aquellos polvos…
Así que, es muy probable que a partir de aquella sentencia, teniendo despejado el camino para continuar, de manera que el liderazgo de la judicatura catalana ha conseguido ramificaciones en toda España, como el “Expediente Royuela” ha hecho público, con sus más de treinta y seis mil documentos manuscritos del ex fiscal José María Mena Álvarez, de los años noventa del siglo pasado hasta 2006, año de su jubilación por indicación de José Luis Rodríguez Zapatero (vídeo 74). Una auténtica rebelión de ropones/togas y puñetas sin que nadie haya intentado solucionarlo.
Como colofón, la suposición hecha realidad, cuando en abril de 2003, en el Juzgado núm. 1 de la Audiencia Nacional el magistrado Fernando Grande-Malaska –actual ministro de Interior–, recibió las conexiones políticofinancieras y relaciones bancarias que unían a dos partidos políticos: HB (Herri Batasuna) y ERC (Esquerra Republicana de Cataluña) en el Lloyd Bank de Lyon, de París, de Londres. Sin embargo, la respuesta fue silencio administrativo. La familia Royuela intentó publicarlas en la revista Interviú, sin conseguirlo gracias a la mano alargada del ex fiscal José María Mena Álvarez, por lo que la documentación fue enviada a más de dos mil juzgados con acuse de recibo.
Silencio judicial.
ALFONSO CAMPUZANO
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