UN PARTIDO POLÍTICO DEL SIGLO XXI

Desde la normalidad institucional, la jefatura del Estado español ha cambiado de titularidad, tras la abdicación de su augusto padre, Don Juan Carlos I, ha sido coronado rey de España su hijo Don Felipe VI. Este acontecimiento, quiérase o no, ha inaugurado una nueva época, que se espera sin borrón, pero con cuenta nueva.

Era alentador estar viviendo el fin de una época, ya lejana, y acariciar el comienzo titubeante de otra que, sin embargo, el paso de estos largos tres decenios, por malos consejos, se vive algo que se está pareciendo a aquella, no del todo olvidada. Ciertos logros salariales conseguidos por los trabajadores, con gran esfuerzo, en un régimen dictatorial han sido aniquilados de un plumazo en un, llamado irónicamente, régimen democrático, haciendo creer a todos los españoles que la responsabilidad de este atropello era del ciudadano cuando la realidad era otra, no puede ser más que de aquél que gestiona, y muy mal, la res publica.

España, por este camino elegido, nunca se integrará totalmente en Europa, sino que continuará como el furgón de cola, tal y como ya estábamos antes de ingresar en la Unidad Europea. Así que, leyendo la Carta Magna española, se echa de menos el cumplimiento de varios artículos que, por parte de algunos políticos, quizá muchos más de lo que se cree, que han jurado o prometido acatarla. Por citar algunos que sobresalen, respecto a otros: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 27º, 31º, 35º, 44º, 47º, 50º, 117º, 128º, 136º, 137º, 138º, 158º. Ante esto sería conveniente recordar, siempre en futuro condicional, por si algún partido político quiere tomar el testigo, que:

Se debería corregir públicamente a aquellas autoridades que, en publico o en privado manifiestan delirios megalómanos que no están contemplados, ni de cerca ni de lejos, en la Constitución.

Se deberían cambiar las normas que rigen la estructura interna y funcionamiento de los partidos políticos, sindicatos de los trabajadores y asociaciones empresariales para que no presuman de ser demócratas, cuando no lo son ni por asomo.

Se debería exigir libertad de enseñanza y derecho a la educación en todas y cada una de las Comunidades Autonómicas.

Se debería evitar el carácter confiscatorio de las contribuciones, tanto directas como indirectas, para el sostenimiento de los gastos públicos, muchos de ellos, de vértigo.

Se debería conseguir que el trabajo fuera suficientemente remunerado, actualmente muy discriminatorio en agravio comparativo con el resto de los países de la Unión Europea. Con sueldos inferiores en 17% a la media  europea U-27, que es de 1.936€, cuando España ocupa el decimoquinto lugar de veintisiete. En algunas encuestas se lee que el 60% de los españoles no se siente europeo. ¿Los deberes están bien hechos?

Se debería promover consecuentemente las condiciones favorables para ejercer una política orientada al pleno empleo cuando actualmente las estadísticas gubernamentales nos muestran entre un 24-26% de desempleados. ¿Mano sobre mano?

Se debería promover, para la sociedad, el acceso a la cultura, la ciencia y la investigación, sin subir impuestos, sin aplicar recortes, que conducen al empobrecimiento.

Se debería impedir la especulación del suelo a fin de que los españoles disfrutaran de una vivienda digna y adecuada.

Se deberían garantizar las pensiones y actualizarlas periódicamente, prohibiendo utilizar la Caja de las Pensiones para fines escatológicos, tal y como se hace desde 1982 por todos los Gobiernos.

Se debería independizar a jueces y magistrados sin que vayan tan amartelados y cogidos de la mano del poder gubernamental, en busca del sillón o de la medalla de turno.

Se debería subordinar la riqueza del país al interés general en vez de al interés de ciertos, y conocidos, particulares.

Se debería apremiar al Tribunal de Cuentas para que su trabajo estuviera al día y no con un retraso de varios años, que no tiene consecuencias.

Se debería tomar en serio que el Estado garantice la solidaridad, velando por un equilibrio económico, adecuado y justo ente las diversas partes del territorio español sin que existan diferencias ni privilegios económicos o sociales entre Estatutos de distintas Comunidades Autónomas.

Se deberían corregir los desequilibrios interterritoriales, que los hay, y muchos.

Posiblemente, esto que es tan evidente, por ser tal, se pasa de ello, aunque es necesario no pasar para que la convivencia sea efectiva. Los vigilantes deben cumplir su misión, si no sobran vigilantes.

           Alfonso Campuzano
            
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