Las ocurrencias políticas son achacables
a una bipolaridad neuronal que tiene el ostracismo como tratamiento médico
y, sobre todo, social - Alfonso Campuzano
Todos los gobiernos, sin excepción, desde el año 1982 –aunque resulte
cansino reiterarlo–, han metido su larga, y ancha, mano en la Caja de
Pensiones, mínimo dos veces al año, para hacer frente, tanto a pagos ordinarios
como extraordinarios, que llaman muy elocuentemente rescate, exprimiendo la
hucha como es el caso de subida de sueldos tras cualquier huelga de
empleados públicos de algún ministerio, sin contar que, si se avecinan uno o cuatro
comicios en el horizonte, lo ahorrado puede echarse a temblar, sin que ninguna
mediana autoridad, de oficio, declare que se trata de una sinvergoncería, un
delito, aunque político, con lo que se tapan abusos contables en una gestión
que, si se tratara de un examen académico, sin duda, no pasarían de la nota
insuficiente con derecho a repetir el siguiente curso, y así eternamente.
Nadie, hasta ahora, ha sido capaz de frenar esta rapiña que afecta, de
hecho, a todos los pensionistas del Régimen General de la Seguridad Social –a
los que se sigue reteniendo IRPF como si fueran trabajadores activos–,
pues se dilapida el porvenir de muchos, mientras responsabilizan de su mala
administración a los contribuyentes, ellos que no pasan ni pasean ante esta
Caja que exige una reforma, en este caso excepcional, cuando menos, y para
comenzar, por la cima de la pirámide social, es decir, atando muy corto a los
políticos, observándolos como si se trataran de transgresores, para que
aterricen, y pisen tierra, sin distorsionar la realidad cotidiana que pretenden
tramitar, y que no saben.
Está comprobado que, en dos ocasiones recientes, ambas con gobiernos de
signo político opuesto, los Presupuestos Generales del Estado son papel mojado,
como cuando tiraron del 5% del sueldo de los empleados públicos (2010), aún no recuperado; o bien
de la paga extraordinaria de Navidad (2012), devuelta sin intereses. A lo que, cada cierto tiempo,
cacarean que, en breve, no habrá pensiones, sobre todo para aquellos que
contribuyen con su trabajo, claro, porque malgestionan la Hacienda
Pública. Y tan oreados.
Si las pensiones actuales no contributivas, viudedad, orfandad, etcétera, se pueden
extraer de los Presupuestos Generales del Estado, y no de cotizaciones
sociales, ¿de dónde se pretende recortar y de dónde se va a conseguir el
dinero?, pensando que las fuentes de financiación sólo pueden ser vía impuestos
y, en esto, los contribuyentes andan sobrados.
Obviamente, por lo pronto, ampliar los impuestos es una
barbaridad, ya que todos los trabajadores españoles, con nómina, pagan a Hacienda, entre impuestos directos e indirectos un 70-80%, un
mínimo de seis meses al año. Los políticos que no han cotizado ni
cotizan desde tiempo inmemorial, y para que nadie ajeno a nuestras fronteras se
ría de nosotros por culpa de nuestros representantes, lo mejor es reformar, y
adecuar en la cotización al I.R.P.F. y a la S.S., sin reducir, acorde con los
sueldos, prebendas, privilegios, pensiones, tarjetas de los quinientos mil
políticos (entre diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, europarlamentarios,
alcaldes, concejales, diputados provinciales, etcétera. Y lógicamente su
pensión situarla acorde con los años cotizados, y sin ninguna diferencia, como
el resto de los trabajadores españoles.
En todo político, gracias a su bipolaridad neuronal, se nota
que su discurso tiene un antes y un después de cualquier consulta electoral achacable
a sus ocurrencias. Ante estos hechos se debería proponer que
alguien con visión futura –no un cuatrienio ni dos–, debería blindar el dinero
de Sanidad y de la Seguridad Social por el bien de los trabajadores españoles.
Alfonso Campuzano
Sigue a @AIf0ns0
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