Las minorías
autárquicas, basándose en la tolerancia social, asaltan sin el mínimo recato y
pudor las instituciones - Alfonso
Campuzano
Un aeródromo es una superficie dotada de pistas destinadas al aterrizaje y despegue de aviones preferentemente militares, aunque también civiles, mientras que un aeropuerto es una instalación de embarque y desembarque de pasajeros que viajan en aparatos aeronáuticos, de equipajes, mercancías, estacionamiento, mantenimiento, abastecimiento de combustible, tanto militar como civil y comercial.
Desde siempre, cualquier aeropuerto o aeródromo se construye en un terreno lo más alejado posible de cualquier centro urbano,
habitualmente entre media y una hora, a fin de evitar inconvenientes de todo
tipo y condición. Lo incomprensible y, sobre todo, lo erróneo es que
precisamente después de su construcción, y siguiendo la legalidad vigente, las autoridades son
tentadas por la propia sociedad, sobre todo por empresas
inmobiliarias que, en su afán de conseguir beneficios casi inmediatos y a bajo
precio, paso a paso, año tras año, permiten la edificación de viviendas, cada vez más cercanas, que si les dejaran ocuparían las pistas de
aterrizaje y despegue, hasta que, en un par de
generaciones posteriores, dado que los urbanícolas,
hasta cierto punto ilegales e intolerantes, se olvidaron de aquel lejano comienzo,
sintiendo en sus carnes los perjuicios del tránsito vehicular de aviones,
momento en que envalentonándose, desencadenan litigio tras litigio en los Juzgados
a fin de conseguir, mediante sentencia a su favor, acorralar a la institución, que primeramente llegó al lugar, y obtener su expropiación.
Es así como el juez correspondiente admite a trámite denuncias de todo tipo
y condición contra el aeropuerto/aeródromo, leyendo frases que si atenta contra
el medio ambiente, que si se producen lesiones físicas por ruido continuo, que
eleva el tono de los decibelios por encima de lo que permite la ley.
Lo primero era conseguir, sin considerar, o considerándolo
mínimamente, como así ocurrió, que el problema partía de las zonas urbanizadas que, con el paso del
tiempo, se habían ido acercando al
aeropuerto y no al contrario, los aeropuertos no tuvieran tráfico de
madrugada, lo cual fue un logro, hasta cierto punto.
El segundo paso, dado que el primero fue una media victoria, era conseguir
desplazar el aeropuerto hacia otro lugar de asentamiento, hecho que algún juez
habrá que les dé la razón, a punto se está de conseguirlo en alguna ciudad,
pese a que será la sociedad la que tendrá que pagar los vidrios rotos, mediante
elevación de impuestos, gracias a mentes retorcidas.
Ante esta situación estrambótica, porque a quien
se debe juzgar es a quienes permitieron y realizaron estas urbanizaciones
ilegales y el juez, con sentido común intacto, no debía haber admitido a
trámite esta querella contra el aeropuerto/aeródromo.
Cuando molesta la contaminación acústica se echa la culpa al ente más cercano lo
que acarrea graves consecuencias económicas, que suelen pagar los
contribuyentes con un dinero que bien podría emplearse en solucionar otras
necesidades básicas como la hambruna del mundo que, hoy día, no está de moda, y sí lo está la solidaridad, aunque ambas están en vías de trivialización; añadiendo daños colaterales como pérdida de puestos de
trabajo, cierre de empresas, afectación de compañías aéreas.
Alfonso Campuzano
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