Para aceptar inmigrantes legales es condición indispensable realizar un estudio de necesidades, que desgraciadamente no se ha hecho en España ni tiene visos de que se haga – Alfonso Campuzano
Con la llegada al gobierno del socialista Felipe González, en 1982, se inició un lento y constante aumento de la inmigración ilegal en el territorio español, que fue fomentada por José María Aznar en 1996 con la burda excusa de querer superar en habitantes a Polonia y, por supuesto, accediendo a las peticiones de Jordi Pujol. El incremento continuó con José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, que han logrado desbordar todas las perspectivas al convertirse en un filtro clandestino.
La promoción del negocio de tráfico ilegal de inmigrantes ha conseguido crear una potente infraestructura en la costa africana, habitualmente dirigida por diferentes ONG’s, con la intención de facilitar el embarque metódico en pateras. Unos barcuchos de poco calado, con motores mínimos, prestos a hundirse, que necesitan ser ayudados por naves remolcadoras colaboracionistas hasta avistar la costa canaria, momento en que dan aviso, vía telefónica, a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, que mantiene vigente la infraestructura durante la travesía y la distribución a la llegada.
Más de 4.000 pateras con más de 32.000 inmigrantes sin papeles, han atracado en el archipiélago canario en los últimos 10 meses –en plena pandemia por coronavirus SARS-CoV-2–, que son mantenidos ocultos, dando vueltas a la isla, hasta que anochece. Una vez iniciado el desembarco son distribuidos en varios autocares con destino a hoteles de cuatro y cinco estrellas, pagados con impuestos de los contribuyentes españoles, sin que se entere la población, que está atemorizada, desesperada, y sin que la policía de fronteras les haya detenido por viajar irregularmente.
A los españoles se les exige confinamiento domiciliario, para no contagiar, pero se abren las fronteras a inmigrantes ilegales, supuestos portadores y difusores de enfermedades infectocontagiosas de su país de procedencia, mientras no se demuestre lo contrario. Se vive con un control obsesivo de los españoles para que no se desplacen a otra ciudad, a la vez que un descontrol absoluto sobre la inmigración ilegal que se escapa, incluso viaja en avión sin pasaporte, porque la Policía Nacional, el Ejército, la Guardia Civil, no reciben orden de interceptar a las pateras, autobuses, aviones.
Los establecimientos hoteleros cómplices están repletos, pues ganan mucho más que con turistas, a los que se les prohíbe aterrizar sin un test PCR, ya que habilitan las habitaciones hasta para cuatro inmigrantes de la misma etnia, porque si no estarían en pelea continua, sin examen médico, sin guardar normas sanitarias de uso de mascarilla y distancia de seguridad, mientras ofrecen pensión completa, desplazamiento, lavandería, asistencia sanitaria inmediata y presencial, además de 10€ diarios por inmigrante para gastos personales.
La inmigración es tanta carga como lo son los políticos, que ayudan con dinero que no es suyo. Todo ello, muy bien negociado con la Cruz Roja Española, subvencionada cuantiosamente por el gobierno, vía impuestos. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que hay cerca de tres millones de españoles sumergidos en la pobreza y en la exclusión social, mientras hacen largas colas por el hambre.
Sirva de comparación que, durante el incendio desencadenado en 2019, las víctimas españolas no fueron alojadas en hoteles, sino en naves y durmiendo sobre colchonetas. La Asistencia Social da cita previa a los españoles, mientras que a los inmigrantes es inmediata.
Se masca la invasión.
ALFONSO CAMPUZANO
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