Las oleadas intermitentes de inmigrantes ilegales dejan entrever que existen pactos económicos firmados entre ministros de Asuntos Exteriores – Alfonso Campuzano
Las pateras navegan unidas por una cordada –la última con un motor de unos 15-30HP, precisamente la que llega a la playa–, pero remolcadas por un barco potente para hacer una travesía de casi dos mil kilómetros hasta que avistan el archipiélago canario, momento en que son desamarradas y dan aviso a tierra.
Los itinerarios, que son seguidos por las pateras, muestran unas coordenadas explicitas a fin de conocer la hora de salida, cuántos inmigrantes viajan, la hora de llegada, incluso sabiendo que de ningún modo van a ser interceptadas por la aduana marítima, porque el DST –léase Dispositivo de Separación de Tráfico marítimo– está desactivado intermitentemente, consciente o inconscientemente.
Es notorio que, por orden estricta del ministerio de Interior, tanto el atraque como el desplazamiento por la isla, se realiza con fuertes medidas de seguridad proporcionada por la Policía Nacional y la Guardia Civil, que atiende más el traslado encubierto a los grupos de inmigrantes irregulares desde el puerto y el aeropuerto que a la asustada población autóctona desprotegida.
No obstante surge la pregunta: tanto el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el ministro de Defensa, Margarita Robles, ¿tienen conocimiento y saben lo que la inmigración ilegal/irregular está haciendo en el territorio español?
Es cierto que la inmigración ilegal en los últimos cuarenta años ha evolucionado. Hubo una época, no tan lejana, en llegaban exhaustos, demacrados, desarrapados, deshidratados, hambrientos. Pero de un tiempo a esta parte llegan con buena ropa de marca, dinero en el bolsillo, sabiendo que su embarque y desplazamiento tiene una lista de espera de 3 años y exigiendo una plaza en un hotel y en un avión –¿sin pasaporte?– para alcanzar el destino que se les ha asignado en su embarcadero de origen africano, ya sea una provincia española como Málaga, Granada, Zaragoza, Murcia, Almería, Sevilla, ya sea en un país europeo.
Algo tendrán que decir las autoridades competentes sobre el descontrolado control o bien el control descontrolado de la inmigración cuando aún se ignora, desde hace unas semanas, el paradero de 1.800 inmigrantes fugados de Murcia. También se escapan de otras provincias, como en la isla Gran Canaria, montando un despliegue descomunal de la policía, de los bomberos, con la orden expresa de rescatar, y sin orden de detener, porque si pusieran grilletes daría mala imagen española al mundo.
Hay poblaciones canarias inseguras donde el número de inmigrantes asentados supera al de los lugareños, y sin un solo policía, independientemente de tengan prohibido utilizar móviles durante el trabajo, así como hablar de ello, igual que les ocurre a los sanitarios, porque todo aquello que no siga las directrices laborales marcadas sobre la inmigración por las ONG’s subvencionadas es tratado como racismo y xenofobia, pero la evidencia incontestable expone que no es racismo ni xenofobia, sino que el tráfico de personas ¿inmigrantes? se ha convertido en un negocio multimillonario concertado entre ellas y los gobiernos españoles, que riega una macrocadena económica con tentáculos localizados en muchísimos países.
La invasión prosigue.
ALFONSO CAMPUZANO
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