Las Instituciones Sanitarias de
la Seguridad Social se clasificaban, y se clasifican, en abiertas y cerradas,
aunque actualmente no con tanta claridad como cuando se celebraban concursos
oposiciones cada trimestre, antes de 1982, cuando las instituciones se
preocupaban del cotizante, como persona y no como una posible criatura a la que
es necesario cosificarla para rapiñarla.
La asistencia en régimen de
internado se hacía efectiva en las Instituciones sanitarias cerradas de la
Seguridad Social o mediante concierto y en aplicación del principio legal de
coordinación hospitalaria, en las clínicas, sanatorios y establecimientos de
análoga naturaleza de la Organización Sindical o de carácter público o privado.
Hasta aquel año las
instituciones abiertas, es decir, consultorios y ambulatorios y las cerradas o
residencia de la S.S., cada una y anualmente, realizaban cuatro
concursos-oposiciones y cuatro de concursos de traslados por toda la geografía
española, sumando un total de 16. Después ha habido varios, pocos,
desmembrados, a una gran distancia de todo lo anterior, en detrimento del
aumento paulatino hacia la libre designación, la interinidad, el contrato
laboral, el amiguismo.
Ningún ministerio ha
quedado libre de esta epidemia que apunta con el dedo hacia el nepotismo o,
mejor dicho, nepotracia, pasando de ser unos seiscientos mil funcionarios a los
más de tres millones, algunos de ellos, artífices fundamentales a la hora de
sacar los trapos sucios de los políticos por lo mal que se han portado con
ellos. Y continuarán.
Desde los años
cuarenta los médicos españoles que deseaban tener un sueldo decente se
planteaban una oposición tras otra en cuyos desempeños laborales sólo les exigían
la presencia de media hora, aumentando gradualmente a una y, como mucho, dos
horas, por las que cobraban y se les retenía mensualmente lo estipulado de cara
a su jubilación hasta que llegaron los años ochenta y, mediante un decretazo,
aquellas plazas desaparecieron por amortización (entre ellas, las famosas Casas
de Socorro) y con ellas las cantidades cotizadas: solamente se podía disfrutar
una pensión y no varias. Y el dinero retenido, que tampoco disfrutado, se lo
quedó Hacienda por orden de aquel Gobierno. Todos los juicios contencioso-administrativos
planteados por los médicos contra la administración se perdieron, como si los
jueces estuvieran en nómina.
Una consulta popular tipo
comicios/elecciones no significa que los políticos pueden entrar a saco en la Caja de Pensiones y distribuirlo como si fuera suyo, que evidentemente no lo es. Y, ¿quién
controla al controlador? ¿Qué partido político o sindicato
puede presumir que tiene un certificado firmado por sus votantes, en el que
conste que puede hacer lo que cualquier dictador hace? Sólo aquél cuya
normativa así lo dicta, por supuesto, siempre acompañada de una ley electoral
afín.
La política es como la mano del
mortero que sólo sirve para machacar psicológicamente y quitar la ilusión. Como
cada vez hay menos corridas donde apuntillar toros se ha abierto la veda para
apuntillar funcionarios.
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